jueves 23 de mayo de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Echeverría çlvarez, Moya Palencia y Bautista OÕFarril serían los primero: Carrillo Prieto
Por el asesinato de Joel Arriaga podrán comparecer funcionarios federales y estatales

Claudia Lemuz n
Luis Echeverría çlvarez, Mario Moya Palencia y Gonzalo Bautista OÕFarril, quienes ocuparon los cargos, en 1972, de presidente de México, secretario de Gobernación, y gobernador de Puebla, respectivamente, pueden ser llamados a comparecer en el asunto relativo al asesinato del luchador social Joel Arriaga Navarro, toda vez que se compruebe la conectividad de su caso con el resto de las muertes del movimiento estudiantil gestado en el año de 1968, advirtió Ignacio Carrillo Prieto, procurador especial para la atención de delitos cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.
Carrillo Prieto se comprometió a atraer el caso de Joel Arriaga para evitar que prescriba el próximo 20 de julio, luego de que Judith García Barrera viuda de Arriaga le solicitó ayer de manera personal su intervención, dado que el pasado 2 de mayo la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla le notificó que, por falta de elementos, la averiguación previa 123/2130/1972/ 2001/DMSIIII, relacionada con la investigación del asesinato de su esposo sería remitida al Archivo en Reserva. "Aquí no daremos carpetazo al asunto", aseguró el Carrillo.
Al recibir en sus oficinas a los familiares y amigos que acompañaron a la viuda de Joel Arriaga, Carrillo Prieto señaló que de acuerdo a las revisiones que ha realizado parte de su personal en el Archivo General de la Nación, han encontrado que varias averiguaciones están conectadas, lo que demuestra que en las décadas de los sesenta y setenta "existía una política que obedecía a un patrón, un designio superior se enfocaba a sofocar, asfixiar y aplastar los movimientos sociales".
Consideró necesario hacer una plena reconstrucción histórica de esa época para responder al reproche jurídico y moral de la sociedad con la finalidad de lograr una reconciliación.
En este sentido, Gerardo Unzueta, quien fuera líder del Partido Comunista Mexicano sentenció que la guerra sucia que emprendieron las estructuras de poder contra los movimientos sociales y políticos en los años sesentas y setentas, sólo será superada con la consignación de los responsables de los asesinatos de estado que se cometieron en esa época.
Por tanto, Ignacio Carrillo se comprometió a atraer el caso antes del 20 de julio, para que una vez que la Fiscalía Especial conozca del asunto inicie las diligencias ministeriales necesarias para esclarecer el asesinato de Joel Arriaga.
Es tanto, García Barrera al comparecer por cuatro horas en la Fiscalía Especial, acusó de manera directa a Gonzalo Bautista de ser el autor intelectual de la muerte de su esposo. Asimismo, marcó la apatía de las autoridades estatales de 1972 a la fecha, las cuales se desentendieron de la investigación para evitar llegar al fondo del asunto y encontrar a los responsables, lista en la que incluyó al actual gobernador, Melquiades Morales Flores, así como a los dos procuradores que han fungido durante su administración, Carlos Arredondo Contreras -actual secretario de Gobernación- y Héctor Maldonado Villagómez.

Asesinato de estado: García

"El asesinato de Joel se debe considerar como parte del genocidio ocurrido en nuestro país en 1968, lo mataron porque él se opuso a los sectores conservadores y gubernamentales que en la década de los 70 perseguían a todo el que se oponía al régimen", sostuvo su esposa.
Explicó que en 1961 en Puebla se desarrolló un movimiento para transformar las estructuras autoritarias y corruptas que dominaban la educación en la Universidad Autónoma de Puebla, el cual se sumó a los ideales de los estudiantes de todo el país en 1968, y al participar su esposo en dichas acciones, al igual que otros luchadores sociales, fue perseguido, por lo que decidió salir del país a petición de sus compañeros. Sin embargo, pese a que no participó en la marcha del 2 de octubre, a su regreso fue secuestrado y privado de su libertad ilegalmente por más de tres años.
Meses después -recordó-, fue emboscado y acribillado por matones profesionales contratados por fuerzas políticas. Así, el 20 de julio de 1972 recibió seis impactos de bala en la cabeza y el tórax, lo que le provocó la muerte.
Judith García señaló que pese a que denunció los hechos y presentó pruebas, éstas no fueron tomadas en cuenta, ya que la Procuraduría de Justicia del Estado se justificó al decir que las declaraciones de los involucrados no coincidían, dado que las acusaciones eran contra diversas personas y movimiento: Juventud Nueva, Frente Universitario Anticomunista, Grupo Náhuatl, Gonzalo Bautista e incluso el arzobispo poblano en ese tiempo, Octaviano Márquez y Toriz.
La falta de voluntad política de las autoridades llegó a tal grado que el expediente se perdió y estuvo desaparecido por años, mientras que los resultados de la Comisión Presidencial Investigadora, presidida por el entonces Subprocurador General de la República, David Franco Rodríguez, nunca fueron presentados a la opinión pública, pese a que fue creada por ordenes de Echeverría çlvarez.

Comité del 68.
¡Presente!

Al llegar de Puebla los familiares y amigos de Joel Arriaga, fueron recibidos, en la entrada de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, por miembros del Comité Nacional de Huelga, quienes respaldaron la exigencia de Judith García de que se encuentre a los responsables del asesinato de Joel Arriaga.
"Cuatro fechas fueron de represión y muerte. El 2 de octubre del 68; el 10 de junio, de la masacre de San Cosme; el día que asesinaron a Joel, quien representó junto con Enrique Cabrera -asesinado meses después que el primero- el movimiento más puro de los estudiantes, y el primero de mayo de 1973, cuando fueron brutalmente asesinados varios estudiantes en el Carolino, eso no puede quedar impune", sentenció Leopoldo Ayala, líder estudiantil del 68.
"No permitiremos que a esas cuatro fechas les den carpetazo, la muerte de Joel y de miles de estudiantes que fueron acribillados por buscar una educación más digna no puede ni debe quedar impune".
Especificó que esta serie de asesinatos el propio gobierno los denominó la "guerra sucia", la cual inició contra los estudiantes, porque -dijo- ellos exigieron sus derechos de frente, dieron la cara y los grupos de poder les respondieron con balas.
En tanto, Cesar Tirado, integrante del Comité Nacional de Huelga expuso "hoy se abre con el caso de Joel Arriaga una oportunidad para el pueblo mexicano, para los poblanos, de hacer un juicio contundente a quienes son responsables del genocidio que inició en 1968".

Que se revise el expediente:
Samuel Porras

El abogado de la familia Arriaga García expuso que la postura del gobierno estatal actual garantiza la impunidad a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Joel Arriaga, por lo que solicitCarrillo Prieto que revise todo el expediente y corrobore la negligencia de las autoridades.
ó a Rechazó los argumentos que dio la Procuraduría de Justicia del Estado para enviar el caso al Archivo de Reserva, dado que esta institución sólo practicó las diligencias ministeriales indispensables sobre la muerte del luchador social, lo que impidió que obtuvieran mayores pruebas.
Asimismo, criticó que el presunto responsable del asesinato, Jesús Ignacio Pérez Pérez, no haya sido consignado y lo hayan liberado sin dar una justificación legal a la familia del occiso.
Por tanto, al entregar los documentos a Carrillo Prieto, el asesor jurídico le indicó que "ningún estado ni gobierno puede llamarse democrático si permite que maten a sus gobernados, mucho menos lo será si no castiga a los responsables".