Ser como son, para seguirlo siendo
El diálogo indígena no recibe respuestas. Sus propuestas son ignoradas, sus palabras son desechadas, sus cosmovisiones, sus culturas, sus sabidurías, son desdeñadas. Esto ha quedado muy claro cuando de las leyes para indios se ha tratado.
Sucede en el norte del país quizá con más crudeza. Los rarámuri --tarahumares-- y los ódami --tepehuanes-- han buscado a dos congresos locales, al gobernador del Estado y a la prensa para pedir un espacio para su palabra. No han tenido respuesta, más aún, la ironía, el menosprecio o la incomodidad por su insistencia han sido manifiestos cuando se han hecho presentes.
Subyace, en quienes dieron por llamarse "de razón" un soterrado racismo conquistador. Porque no ven los valores de la propuesta indígena ni quieren verlos; no les dicen nada sus cosmovisiones milenarias ni quieren que les digan algo, no les resultan sensatos sus reclamos sobre el territorio, la naturaleza o sus derechos originarios, pero sí ven sensato negarlos porque así ven oportunidades de lucro al que prefieren llamar desarrollo, comercio o progreso.
Por primera vez en la historia, a finales de mayo del 2001, los pueblos rarámuri, rarómari y ódami consensaron una acción conjunta para defender sus derechos como pueblos. La ocasión fue la aprobación de esa ley que pervirtió a la de la Cocopa. Escribieron entonces al congreso estatal:
No estamos de acuerdo con lo que se aprobó... no se reconoce la autonomía de nuestros derechos a ser pueblos indígenas diferentes, mas no diferentes a ser ciudadanos mexicanos... pedimos que nos den un espacio para dar nuestra palabra, nuestro pensamiento, y que seamos escuchados como el derecho que nos da la ley estatal... porque no se puede decidir estas leyes si los pueblos no están de acuerdo, nosotros de por sí hemos vivido desde siempre sin respeto de nuestros derechos y cultura indígena.Se recibió a los indígenas pero no se les escuchó. Las premuras de la legislatura que ya terminaba, su incapacidad de diálogo intercultural, su pragmatismo político, terminaron descartando la consulta a los pueblos. Más aún, dijeron que la única posibilidad era que los indígenas mismos hicieran la consulta. No esperaban la reacción que les llegó en una segunda carta dos semanas después. Sin recursos, pero con ánimo y estilo indígena aceptaban el reto, al ritmo de sus tiempos y sus formas, y en sus idiomas. Seis meses después terminaban una consulta larga, difícil, austera. Un puñado de tenacidades había logrado la más amplia y confiable consulta que se haya hecho jamás en la Sierra Tarahumara.
Ya en junio anunciaban que entregarían los resultados el 12 de diciembre. No les había gustado la sugerencia del 20 de noviembre que poco o nada tenía que ver con ellos. Además este asunto de vivir en el mundo y concebirlo como debe ser, dijeron, no era cosa de ellos, era asunto del Dios que, para que así fueran, los paró en este mundo. Tenía que ser la entrega de resultados de la consulta en una fecha del Dios, no en una del gobierno que los excluye.
El 12 de diciembre pasado estaban ahí, con la voz de 64 comunidades de seis extensos municipios norteños y 4 567 firmas o huellas digitales, confirmando el rechazo a la ley del agravio. El resultado puede parecer pequeño en otros ámbitos o desde otras lecturas, aquí en la dispersión de los barrancos, es enorme. Sólo ellos mismos pudieron lograrlo. En enero informaron a sus comunidades y esos informes hablan por sí mismos. De dos de ellos tomo el relato que sigue.
Cuando los platicamos a la gente sobre la diferencia de las dos leyes, los platicamos y levantamos firmas de cómo vamos a seguir. No era tanto una consulta, aunque así le llamamos. Se trataba de dar a conocer y preguntarles. En Sisoguichi se concentró (el resultado) y luego se hizo una carta que llevó una comisión al congreso del estado en donde los leímos a los diputados que fueron llegando muy distanciados. Sí nos recibieron pero no nos pelaron. Nos dijeron: ustedes no saben nada. Qué, ¿no han leído la ley? Ahí se dice que tienen ustedes todos esos derechos. Y la asesora nos hizo como un debate, que nosotros qué sabíamos de la ley. Estaba muy alterada la muchacha.Todo este sarcasmo, visto desde los ojos indios aclara mucho el modo en que se definen las imágenes al aumentar la luz, y así termina siendo patética la escena. Nos resulta evidente la ceguera de unos y la lucidez de otros. De una parte el saberlo ya todo y cerrarse a descubrir, y de la otra, la capacidad de descifrar ambas culturas lo suficiente como para dialogar. Una parte cierra la comunicación que la otra parte ofrece. Es la incapacidad de interculturalidad que ha heredado engreído por su historia el mundo occidental ante la capacidad de los pueblos indios que saben moverse entre varias culturas porque su historia se los ha otorgado y requerido.Nos dijeron que si queríamos hacer igual que en Chiapas y dijimos que nosotros queremos sacarla de la manera más pacífica, que si dejamos que siga habiendo injusticias esto sí que va a preparar otra guerra porque estamos escuchando a compañeros que los corren de sus propias comunidades. Nos siguen humillando, violando...
Los diputados no sabían tratar a la gente, entraban y salían, celular con llamadas. Sólo Rogelio se quedó, pero cada que colgaba el teléfono parecía grabadora, y decía: esto es muy importante para la ley estatal, nos va aservir mucho. Sólo al final la licenciada asesora pidió disculpas: Ustedes no vienen a pedir cosas, ni están manipulados por otros.
Se les dijo que es muy diferente ver desde fuera que vivir en las comunidades, que sí conocemos nuestros derechos. Al final les dijimos que qué resultado íbamos a tener y nos dijo que en Sisoguichi nos van a dar la respuesta. Así quedó de venir a la Sierra.
La rueda de prensa estuvo floja. Como once fueron. En ningún medio salió. A los 15 días salió una notita.
Están por reencontrarse nuevamente los pueblos indios de la Tarahumara en una reunión paralela a la que dio origen a su protesta ante la ley perversa. Están por dialogar entre ellos mismos los resultados de su iniciativa y evaluar la sordera del Estado mexicano. No podemos predecir lo que hablarán, lo que decidirán. Sí podemos esperar que, como de costumbre, todo lo mirarán con pacífica sensatez y que saldrán fortificados para seguir defendiendo su ser como son, para seguirlo siendo.
Ricardo Robles
Consenso contra la Ley Bartlett-Ortega-Cevallos
Si algún mérito hay que reconocerle a la reforma constitucional sobre derechos indígenas Bartlett-Ortega-Cevallos es el de haber unificado a las autoridades tradicionales de los pueblos que habitan la Sierra Tarahumara. Los unificaron, pero en su contra.
Quizá el proceso unitario ya venía desde antes, pero brotó con la amenaza de una ley que negaba los derechos indígenas. El proceso de consulta que los rarámuri, rarómari y ódami --también conocidos como tarahumaras y tepehuanos-- tomaron bajo sus propias manos, dejó como rastro material un abultado legajo de documentos, certificados por autoridades comunales e incluso autoridades municipales. Más allá de los fines jurídicos para los que fueron creados, estos expedientes dan pistas de los caminos que está recorriendo el espíritu indígena de la Tarahumara.
Lo primero que sorprende de este registro es su diversidad. Escritos a mano, a máquina o en computadora, con y sin machotes de apoyo, en papel membretado o en hojas arrancadas a un cuaderno, con argumentos o sólo con números: con formas muy diversas, las comunidades expresan las mismas ideas.
En las actas existe una postulado casi general. Así la expresaron los firmantes de la comunidad de San Alonso del municipio de Urique: "queremos seguir viviendo como siempre hemos vivido, que nos respeten nuestra cultura y costumbres, seguir la tradición que nuestros antepasados nos dejaron".
Los de Rowérachi, municipio de Bocoyna, amplían: "La gente de esta comunidad se inclina por vivir como está acostumbrada, vivir la autonomía como le enseñaron sus antepasados, trabajar en común todos los trabajos que se necesiten en la comunidad, que sean reconocidas las prácticas de hacer justicias propias de la comunidad, de ser libres para ocupar el territorio que siempre los indígenas estamos acostumbrados a ocupar, de cuidar y aprovechar los recursos naturales colectivamente y muchas cosas más que la ley aprobada nos niega".
El segundo lugar entre los argumentos que aparecen más frecuentemente es el de que los indios de la Sierra Tarahumara no fueron consultados durante el proceso de elaboración de la reforma constitucional. De esta manera lo expresan los comuneros de Bacabureachic, del municipio de Carichic: "No estamos de acuerdo con el camino que se siguió para aprobar dicha ley, pues no se consultó a los pueblos indígenas de nuestro estado".
Quizá la única regla general de estas actas es que en algún espacio libre quedó estampado el sello del gobernador tradicional. Como en todas las regiones indígenas del país, en la Sierra Tarahumara los acuerdos escritos se formalizan implantando El Sello. Los que usan los rarámuris son ricos en símbolos: una planta de maíz, un cacto, una familia rarámuri caminando, la fachada de la capilla, la silueta de un pino y con mucha frecuencia el perfil de un rarámuri con su tradicional pañuelo anudado en la frente. Estos sellos también incluyen algunos símbolos indígenas nacionales: Benito Juárez o Cuauhtémoc, tal como apareció en las viejos pesos mexicanos.
La segunda región rarómari, que aportó actas comunitarias de 26 municipios, plasmó sus acuerdos con un machote que dice:
Para conocer la nueva ley que firmó el gobierno nos juntamos para platicarla y también para platicar la Ley Cocopa, porque hay mucha gente que está inocente sin saber nada, y luego votamos por la que más nos gustó, por la ley Cocopa, porque es la que está poco más favorable para nosotros, porque la otra ley está diciendo que el gobierno quiere seguir como siempre con nosotros, sin hacernos caso.Algunas comunidades de esta región no usaron el machote, y redactaron sus propios textos. La de Rokoroibo testifica: "No queremos la ley del gobierno porque no respeta nuestra tierra y fácilmente nos la pueden comprar y quedarnos sin ella y porque nos explotan sin medida nuestro bosque y nos quitan el derecho a decidir por nosotros mismos, de pensar y organizarnos como nosotros sabemos".Nosotros queremos seguir como Dios nos dejó en este mundo, seguir adelante con nuestra palabra rarómari, en el lugar que Él nos puso desde un principio en el mundo, con este pensamiento, también seguir haciendo la fiesta. Así como Él nos dejó y encargó que le ayudáramos a cuidar.
Por eso firmamos entre todos.
El acta de San Rafael Oribo remata: "Esta palabra que dijimos pensamos que está bien, por eso firmamos pa' que tenga más fuerza y el gobierno conozca lo que nosotros pensamos".
Varía de comunidad a comunidad, pero en su conjunto, más o menos la mitad de los que apoyan las actas lo hacen por medio de firmas y la otra mitad por medio de su huella digital.
Otras regiones prescindieron de explicaciones y se fueron a los números. Como la primera ódame y rarámuri cuyas actas simplemente registraron el número de participantes, el de las personas "que están de acuerdo con la Ley indígena aprobada" y el de las personas que lo están con la ley Cocopa.
Alrededor de un 10 o 20 por ciento de los participantes de estas reuniones se decidió por la ley indígena aprobada. Lo que transparenta la forma de registro que adoptó esta región es que el apoyo a la ley Cocopa no es un consenso absoluto y autoritario, sino uno que permite el disenso.
La tercera región rarámuri utilizó como base para sus actas una carta que circuló entre la sociedad civil como una campaña para recolectar firmas de adhesión al Manifiesto Indígena, del primero de mayo del 2001, suscrito por el Congreso Nacional Indígena (CNI) en rechazo a la ley Bartlet-Ortega-Cevallos. (Por cierto, esta campaña logró recolectar cerca de ochenta mil firmas, 60 598 de las cuales fueron notariadas y las restantes no alcanzaron a certificarse por haber llegado tarde. Las firmas notariadas quedaron en resguardo del CNI y una copia se envió a la Organización Internacional del Trabajo.)
En el formato para recolectar firmas de esta campaña se destinó un espacio para el nombre de la organización a la que pertenecía el firmante, y los rarámuris lo adaptaron a su vida comunitaria y consignaron el cargo que ocupan. Así tenemos gobernadores, jueces, tenientes, generales, capitanes, soldados, guitarreros, secretarios, maestros, estudiantes, mayolas y chapellocos que encabezan largas listas de firmas de los que sólo se presentan como "indígenas". Además, unos cuantos dan su firma en calidad de mestizos.
La temprana responsabilidad que reciben los niños rarámuris es un dato conocido desde que Karl Lumholtz visitó la región a finales del siglo antepasado. Así lo manifiesta el acta de la comunidad Potrero Coyachique que registró la edad de los firmantes, muchos de ellos apenas mayores de 10 años. Sin embargo, la precocidad rarámuri tiene límites: en el escrito está tachado el nombre de Lirio López Jariz de ocho meses de edad.
Los legisladores chihuahuenses tuvieron la oportunidad de conocer los documentos que certifican la consulta rarámuri, rarómari y ódami. Ganará quien apueste a que no los leyeron. Quizá, a pesar de toda la seriedad y formalismo con los que fueron elaborados, no tengan consecuencias jurídicas. Pero quedan como un testimonio de lo difícil que es defender, con medios extraños, las tradiciones naturalmente aprendidas por los indios de la Sierra Tarahumara.
Selección y comentarios: Eugenio Bermejillo