martes 14 de mayo de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n "Se trata de un asunto político", señalan los familiares del occiso
Denuncian encubrimiento en el caso de la muerte de un regidor

Ignacio Juárez Galindo n
A casi tres años de ocurrido el asesinato del regidor de Hacienda de San José Acateno, Odilón González, las autoridades no han podido encontrar a los culpables del homicidio; por el contrario, el Poder Judicial determinó liberar a las tres personas señaladas como los principales sospechosos del crimen. Para los familiares de la víctima, los procesos penales estuvieron plagados de irregularidades y siempre existió la complicidad de las autoridades estatales, judiciales y líderes del PRI para encubrir a dichos sujetos.
Según Leticia González, hija del hoy occiso, tras la liberación del presidente del comité municipal del PRI en Acateno, Adolfo Torres Leal, cuñado del difunto y señalado como uno de los principales responsables del delito, se encuentra una estrategia de diferentes grupos políticos de la región con miras a las elecciones de 2003. Indicó que presentarán una apelación contra el auto de libertad, pero especuló que seguramente no tendrá efecto ya que en reiteradas ocasiones los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), le han advertido que este caso se trata de "un asunto político".
Ante esta situación, la declarante advirtió que ahora la principal preocupación es que comience una campaña de persecución contra ella y su hermano Odilón González, como consecuencia de las declaraciones públicas que han realizado y en las que acusan a diferentes políticos de proteger a los presuntos responsables de la muerte de su padre. "Nuestro principal temor ahora es contra las propias autoridades. Creemos que ya se está cocinando algo", alertó.

Las anomalías

En entrevista, Leticia González aseguró que la intervención de la tercera sala del TSJ, principalmente de Juan José Barriento Granda, fue el factor principal para que no hubiera castigo contra tres personas señaladas como responsables del crimen. Apuntó que en diferentes ocasiones fue informada por el mismo magistrado y otros empleados del Poder Judicial sobre la imposibilidad de que hubiera castigo contra los asesinos.
El crimen de Odilón González ocurrió el 14 de julio de 1999 y entre los principales sospechosos se encontraban unas 20 personas. Pero conforme profundizaron las investigaciones, se giró órdenes de aprehensión contra cinco sujetos: Adolfo Torres Leal, Miguel ángel González Avendaño, Gerardo Rodríguez García, Epimaco García Olarte y Agustín González, éste último hijo del difunto.
De inmediato fueron capturados González Avendaño, Rodríguez García y García Olarte, quienes fueron consignados y sujetos a los procesos judiciales 497/97 y 248/99. Los dos primeros recibieron sentencias condenatorias de 35 años de cárcel. Hasta ese momento, agregó Leticia González, todo marchaba bien, pero la defensa de los inculpados decidió apelar el fallo del juzgado de defensa social de Teziutlán, por lo que el caso fue turnado a la tercera sala del TSJ.
Fue en ese momento, agregó, cuando se desencadenó la serie de anomalías e irregularidades en el proceso. Tan sólo para resolver la apelación, la sala tardó 10 meses y al final decidió absolver a los dos sujetos. Pero González refirió que en varias reuniones que sostuvo con Barrientos Granda, el funcionario le dio a conocer que el caso "era un asunto político muy delicado" y difícilmente podría haber castigo para los procesados. Inclusive, subrayó, una de las proyectistas de la sala le confió que había un profundo malestar contra el juez de Teziutlán por la sentencia condenatoria que había dictado.
En la resolución emitida, expuso, la tercera sala decidió dejar sin efecto las declaraciones de los testigos al afirmar que fueron tomadas en un lugar distinto a las oficinas del juzgado y porque los testigos habían sido blanco de una serie de amenazas y coacciones contra los testigos, situación que, señaló, nunca ocurrió.

El dirigente del PRI

Respecto a las otras personas sobre las que pesaban órdenes de aprehensión por este caso, Leticia González refirió que Epimaco García se encuentra en espera de recibir sentencia, la cual será absolutoria, pues será tomada en cuenta la resolución de la tercera sala. En tanto, Agustín Hernández se encuentra encarcelado en el penal de Perote, en el estado de Veracruz, al estar involucrado en la muerte de un comerciante de Poza Rica. En Puebla todavía no ha sido juzgado por el homicidio de su padre.
Empero, puntualizó que el caso más complejo es el de Adolfo Torres, pues a pesar de que existía una orden para ser detenido, ésta se cumplió tres años después y salió libre a los tres días "por falta de elementos". Mientras no se cumplía la aprehensión, comentó, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en San José Acateno vivía en la comunidad, y la Policía Judicial fue informada en reiteradas ocasiones sobre su paradero, pero nunca procedieron a su captura.
De hecho, manifestó Leticia González, Torres Leal no fue detenido porque contaba con el apoyo del diputado local Víctor Hugo Islas Hernández, además de que a su casa arribaban otros legisladores -Concepción González Molina- y políticos. "Haberlo detenido fue una treta del gobierno estatal, el TSJ y el PRI; hicieron creer que se cumplió con la ley y luego dejarlo libre por falta de pruebas", aseveró.
Sin embargo, Leticia González estableció que lo peor aún está por empezar, ya que esperan una embestida en su contra, como parte de las represalias por haber denunciado públicamente las anomalías cometidas en este caso. "Todos (los acusados) quedaron libres, la calle ahora estará plagada de asesinos, a ver quién sigue, el poder político los mantiene libres... ahora lo que queda es cuidarse porque hay amenazas de que nos quieren matar. A mi hermano Odilón lo culpan de que el PRI haya perdido en San José Acateno", puntualizó.