JESUS RAMIREZ CUEVAS

CON EL CAMBIO DE GOBIERNO, la legislatura actual estaba llamada a consolidar la transición democrática, el equilibrio de poderes y asegurar el cambio de las instituciones. Sin embargo, el enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo fue creciendo a tal punto que el presidente Fox descalifica públicamente el desempeño del Congreso. Un hecho normal en cualquier democracia, se convirtió, por la reacción del Ejecutivo y su partido, en un drama nacional.

El último capítulo de esta confrontación fue la decisión del Senado de negarle permiso a Vicente Fox para viajar a Canadá y Estados Unidos. El señalamiento presidencial en cadena nacional contra los legisladores de la oposición por "anteponer intereses partidistas a los intereses de la Nación" y por empeñarse "en que mi gobierno no cumpla con el cambio por el cual ustedes votaron", fue considerado como "desmesurado" por los legisladores de la oposición.

Más aún, los legisladores de distintos partidos han asumido los señalamientos presidenciales como una ataque al poder Legislativo. Diputados del PRI y del PRD afirman que con su mensaje a la nación, el presidente adelantó los tiempos electorales al llamar implícitamente a apoyar a su partido en las próximas elecciones ya que la composición actual del Congreso "no lo deja gobernar". Esto afectará el desempeño parlamentario, dicen, porque "politizará" el debate en ambas Cámaras.

Para Martí Batres, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, la actitud del Ejecutivo demuestra la existencia de "una crisis del presidencialismo".

"La decisión del Senado ?continúa? fue un acto de dignidad del poder legislativo, congruente con las facultades que le otorga la Constitución, que reafirma el equilibrio de poderes y la obligación democrática de los gobernantes de rendir cuentas y explicar sus políticas. En esta legislatura, el Congreso ha consolidado su papel como contrapeso del presidencialismo".

Los legisladores opositores coinciden en señalar que la caída de la popularidad del presidente Fox y la falta de oficio político de su gabinete han acabado por "enredar" al gobierno. "Con sus ataques contra los legisladores por no acatar su voluntad, el Ejecutivo debilita a las instituciones de la República, cuestiona la división de poderes y devalúa su propio mandato. Tal parece que
el presidente Fox y el PAN tienen tentaciones autoritarias y apuestan a un presidencialismo absoluto que tanto cuestionaron en el pasado", subraya Lorena Beauregard, diputada del PRI.

El vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez , insistió en que la de Fox, "fue una reacción desmesurada que marcó el inicio de la campaña electoral del 2003. El gobierno entró a la contienda con el discurso de que si la gente quiere el cambio tendrá que darle al presidente una mayoría en el Congreso. Eso es una amenaza autoritaria. En lugar de entendimiento político se augura mayor confrontación en función del costo-beneficio para el próximo periodo electoral".

"Es mejor el acuerdo, pero el disenso entre poderes no quiere decir que el Congreso se opone al interés nacional. Antes bien, el presidente está obligado a razonar sus decisiones y convencer a los actores políticos y ciudadanos de que responden al interés nacional (antes el PRI acusaba de lo mismo a la oposición). Parece que el presidente reacciona con los reflejos de un régimen que dijo querer eliminar", dice Beauregard.

Los legisladores del PRI y del PRD desmintieron las afirmaciones del presidente. Basta recordar, dicen, que el presidente ha hecho 18 viajes en año y medio que lleva su gobierno (un promedio de un viaje por mes). Los senadores han aprobado más de un centenar de iniciativas, leyes, nombramientos y solicitudes hechas por el Ejecutivo. En la Cámara de Diputados la situación es similar, salvo la reforma fiscal, las demás iniciativas presidenciales han recibido el apoyo de la oposición.

"Es muy grave la descalificación que ha hecho el presidente del Congreso, es la misma que hizo cuando se rechazó la reforma fiscal. Fox no busca consensos y negociar con las diversas fuerzas políticas sino imponer sus propuestas. Pero el país ya cambió y el presidencialismo autoritario ya feneció. El Legislativo ya no puede estar subordinado como quiere Fox", indica la legisladora tabasqueña.

Por su parte, el panista Jorge Lara Rivera, presidente de la Comisión del Distrito Federal, confiesa que "el gran pendiente del Congreso es acreditar una función de control político del Ejecutivo. Esto a veces se deforma por ignorancia, otras por ánimo de revancha, de escarnio. El Congreso debe reafirmar el rumbo correcto del Ejecutivo o corregirlo si está mal. Pero muchos legisladores prefieren el escarnio sin preocuparles que salga perjudicado el país".

Lara Rivera sostiene, con su partido, que "el Congreso ha sido un obstáculo para los cambios que necesita el país. Hay una proclividad a obstaculizar los proyectos del gobierno. En algunos casos de buena fe pero en la mayoría de los casos por mezquindad política".

Sin embargo, Lara Rivera, que acepta la politización de los temas tratados en el Congreso, cuestiona "la campaña en los medios contra el Congreso que quieren que sea una fábrica de leyes pero esto no es una panadería, su principal papel es de control y equilibrio con el Ejecutivo".

Lorena Beauregard recuerda que "antes el gran legislador era el presidente y el legislativo sólo aprobaba lo que éste proponía. En la nueva realidad del país, la pluralidad y la diversificación de los interlocutores, obligan al gobierno y a los partidos a utilizar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos. Hoy, le guste o no a Fox, el Congreso es un contrapeso democrático, un equilibrio político".

Una historia de desencuentros

La falta de entendimiento entre el presidente de la República con el Congreso no es nueva. En la Cámara de Diputados esto ha sido más evidente.

Martí Batres recuerda que "desde el inicio de su gestión, al presidente le ha faltado oficio político, ni siquiera ha dialogado con su partido a la hora de presentar sus iniciativas. Apostó todo a su popularidad para que los legisladores aceptaran sin discusión sus propuestas".

"Así pasó en la discusión de la ley indígena (donde el presidente defendió el axioma: 'el presidente propone y el congreso dispone', que ahora cuestiona). A principios de año, cuando fracasó la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo, Fox responsabilizó al Congreso por el incumplimiento de sus promesas de campaña", recuerda el perredista.

El panista Jorge Lara reconoce que "Fox ha tenido errores estratégicos. En un principio falló su estrategia y eso tiene un costo político. Por ejemplo, en la reforma fiscal los operadores de Hacienda actuaron como antes, ordenando, no construyendo acuerdos, y eso falló. Todos los partidos políticos estamos aprendiendo a ejercer el equilibrio de poderes. El gobierno está obligado a una mayor eficacia por la vía de actuar y negociar, y no apabullar".

Entre las razones de la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, Batres Guadarrama enumera: "La mayor parte de las decisiones de esta legislatura ha tenido una orientación social. Por ejemplo, el fondo para apoyar a los ahorradores defraudados, la tipificación del delito de desaparición forzada, el cambio de la reforma fiscal (eliminando los impuestos a medicinas y alimentos como proponía el presidente), los dos presupuestos, la ley de desarrollo rural (que fue vetada por Fox), la ampliación de los beneficiados de las pensiones del IMSS, el aumento a las pensiones del ISSTE de acuerdo con el índice inflacionario. Han sido muy pocas leyes aprobadas que sean favorables al proyecto neoliberal. Eso explica mucho la irritación del presidente Fox y de
los grupos económicos de poder con el Congreso. No sienten que les sea útil para sus intereses".

Esta es una legislatura que ya pasó su clímax y que comienza su declive, cada día que pasa los legisladores comienzan a preocuparse por su futuro político más que por los intereses del país, reflexiona Jorge Lara. Y agrega: "Esta ha sido una legislatura productiva. Se demostró que la democracia sí es una tierra fértil pero hay que mejorar el desempeño legislativo para acabar con el rezago. Pero la situación está cambiando por la coyuntura electoral".

Al inicio de este periodo de sesiones, se vivió otro desencuentro entre ambos poderes. El 25 de marzo hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación entre los líderes de las distintas bancadas partidistas y Santiago Creel para abordar la agenda legislativa. Ahí Creel les expuso las prioridades del gobierno y del PAN. La principal y más "urgente", dijo, es la reforma energética, también la ley de acceso a la información (varios legisladores señalan que al gobierno le apura su aprobación porque es un requisito del FMI para que los países del tercer mundo reciban préstamos).

En un tema fundamental como la reforma del Estado, el gobierno no ha hecho ninguna propuesta (al respecto, sólo propone la reelección de legisladores y presidentes municipales, la eliminación de 100 diputados de representación proporcional y la disminución del financiamiento público a los partidos políticos).

"Estas son las prioridades del gobierno, pero no son las del poder Legislativo", le aclararon al encargado de la política interna, los legisladores del PRI, PRD, PT y PVEM. Incluso varios de ellos le preguntaron al secretario por qué era una prioridad la reforma eléctrica y no supo responder.

Otros temas presentados por Gobernación revelan las preocupaciones de administración: reformas al código penal en materia de terrorismo y seguridad nacional, reforma al SAR (retomando una propuesta del PAN para bursatilizar los ahorros de los trabajadores o utilizarlos para inversiones). "En muchos casos el gobierno no presenta iniciativas concretas sino que retoma las que ha elaborado el PAN. El Ejecutivo está tratando de no mandar iniciativas para no pagar el costo del rechazo legislativo", cuenta Batres.

Creel se encontró con que los partidos en la Cámara de Diputados ya habían acordado una agenda de consenso: la ley de desarrollo social (para definir las metas a largo plazo y dar un marco legal a la política social); el fortalecimiento del Congreso (que incluye la revisión del formato del informe presidencial para dar cabida al debate entre el presidente y los legisladores), la ampliación de los periodos de sesiones (hay dos propuestas: ampliar los actuales o sesionar todo el año), que todas las iniciativas presentadas sean dictaminadas y de no ser así pasen la pleno para su discusión, fortalecer las comparecencias de servidores públicos (con mecanismos jurídicos y políticos para sancionar a funcionarios que no falseen la información); y ampliar las facultades del Congreso; la ley de acceso a la información (en la cual ya está casi lista para su aprobación).

Otros temas de consenso son discutir una legislación para definir las remuneraciones de servidores públicos (un tabulador para todos los funcionarios que eviten salarios excesivos y compensaciones ilegales); una ley de manejo de residuos tóxicos; una ley de Bioseguridad (para prohibir la diseminación de semillas transgénicas en el país y sancionar a quien incumpla); reformas en materia de clonación (para promover la investigación del genoma humano y legislar sobre la clonación humana); y la ampliación de la presentación y discusión del presupuesto anual.

En el actual periodo no se esperan grandes resoluciones, tomando en cuenta que hay muchos asuntos pendientes y muy poco tiempo para resolverlos, coinciden legisladores de las principales fuerzas políticas. No se discutirá la reforma indígena (en la que insisten 168 diputados) ni la reforma energética (que abordará el Senado).

Para el PRI, dice Jorge Carlos Ramírez Marín, el principal tema de la Cámara de Diputados en este periodo es el fortalecimiento del Congreso. Pero el PRD insiste en el reajuste de la reforma fiscal, especialmente en el reestablecimiento de la exención a los derechos de autor.

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido ríspida, dice el priísta Ramírez Marín. "El Ejecutivo recorta el presupuesto cuando quiere y sin considerar al Congreso. La mayor parte del gabinete se comporta de manera arrogante. Hay la visión de que el Congreso es un estorbo para este gobierno. Fox ve al Congreso como una especie de terrorista. Hemos buscado el diálogo, pero Fox se niega a escucharnos y actúa como si fuera un fundamentalista".

Por su parte, Lorena Beauregard señala que "el ejercicio de la división de poderes es una garantía para no caer en una dictadura presidencialista. Fox debe aprender de la nueva relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Con su actitud de debilitar al Poder Legislativo está debilitando a las instituciones y al mismo Ejecutivo".

Para el coordinador del PRD, hay una campaña del Ejecutivo para desprestigiar al Congreso y doblegar a los legisladores.

El diputado panista Jorge Lara Rivera, culpa de la falta de acuerdo al PRI, al que califica como "un partido muy indisciplinado que no cumple sus compromisos políticos con otras fuerzas. Antes tenían un jefe que los disciplinaba pero ya no es así".

Jorge Ramírez del PRI reconoce que "el PRI no ha aprendido a ser oposición porque vive una lucha interna que le impide definir su papel político en la vida nacional. Nos hemos quedado rezagados de los cambios, debemos tener un papel más propositivo". A esto añade Beauregard que debe considerarse "que hay 32 PRIs que la dirección actual no controla. No hay una coordinación entre la fracción del senado y los diputados, ni una estrategia conjunta".

Los legisladores entrevistados aceptan que la ciudadanía tiene una mala imagen de la labor legislativa, pero advierten que es más por la campaña en contra del legislativo y por desconocimiento del trabajo que se hace. Pero conceden que la mayoría de los legisladores se mueve en función de su futuro político más que por los intereses de la nación. Hecho que desprestigia más al Congreso de la Unión. La división de poderes parece atrapada en el juego electoral de los partidos y la intención presidencial de apostarle a lograr la mayoría de la próxima legislatura.