De inmediato fueron disueltos los poderes Legislativo, Judicial y Electoral

El grupo golpista nombra a Pedro Carmona presidente de la junta provisional de gobierno

Protestas contra el régimen de facto en el Fuerte Tiuna y suburbios de Caracas

AFP, DPA Y REUTERS

Caracas, 12 de abril. El grupo golpista venezolano asumió hoy el poder con el nombramiento del empresario Pedro Carmona Estanga como presidente de la junta provisional de gobierno, y de inmediato disolvió los poderes Legislativo, Judicial y Electoral y anunció que convocará a nuevas elecciones presidenciales dentro de un año y al Congreso a más tardar para diciembre próximo.

El nuevo régimen emitió un "acta constitutiva" de 11 artículos para un gobierno de "transición y unidad nacional", en sustitución del depuesto gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez, mediante el cual se da marcha atrás a todo el proceso democrático y de reformas políticas, económicas y sociales que llevaba a cabo y que disgustaba ampliamente a los sectores empresariales, a los militares conservadores y a Estados Unidos.

Mientras, se suscitaban protestas populares en los suburbios de Caracas y se iniciaba la resistencia en el interior del país, así como una protesta en torno al Fuerte Tiuna en reclamo de la liberación de Chávez, porque, reclamaban los inconformes, se encuentra "secuestrado".

Sus partidarios recordaron que Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998 y fue relegido bajo una Constitución en julio de 2000.

Con el desconocimiento del nuevo régimen por algunos gobernadores y sectores políticos democráticos, Carmona afirmaba que "se ha decidido que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición que, por el consenso de fuerzas, tanto en la sociedad civil venezolana como en el estamento de las fuerzas armadas se me ha pedido que encabece".

El documento dado a conocer por el empresario, de 61 años y quien fue uno de los impulsores de la huelga general por tiempo indefinido que propicio la caída de Chávez, fue suscrito por el arzobispo caraqueño, Ignacio Velasco; el empresario Luis Enrique Ball; el político democristiano José Curiel; organismos no gubernamentales; medios de comunicación; algunos gobernadores, como el de Zulia, Manuel Rosales; el sindicalista Alfredo Ramos, y el vicepresidente de la cúpula empresarial Fedecámaras, Carlos Fernández.

Según el articulado del "acta constitutiva", sustentado en el "consenso de fuerzas", se restableció también el nombre de República de Venezuela, eliminando el concepto de Bolivariana que le adjudicó el gobierno constitucional de Chávez, y se faculta al presidente del régimen golpista a coordinar las políticas para lo que se define "periodo de transición".

Además de la disolución de los otros poderes del Estado, se revoca la vigencia de las 49 leyes dictadas por el presidente Chávez en noviembre del año pasado ?como las reformas de tierras, pesca e hidrocarburos, entre otras?, y faculta a Carmona para instalar una comisión que revise dicha reglamentación; además, establece que para las nuevas elecciones para presidente y demás poderes el propio Carmona no podrá nominarse candidato.

Se crea además un "Consejo Consultivo de Estado, de 35 miembros, para representar a los diferentes sectores de la sociedad democrática venezolana", y faculta a Carmona para remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estatales y municipales, así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos Andino y Latinoamericano.

Puntualiza que quedan destituidos el presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, el contralor general, el defensor del pueblo y los miembros del Consejo Nacional Electoral.

Finalmente, se establece que "se exige al gobierno de transición entregar poderes y rendir cuentas a los órganos de poder público que se elijan". Así, Carmona asumió poderes extraordinarios, pues al decretarse la suspensión de los los diputados titulares y suplentes elegidos democráticamente, de antemano se hace hincapié en que los nuevos legisladores tendrán facultades constituyentes para reformar la Constitución de 1999, impulsada por Chávez y aprobada en un referendo popular.

La junta golpista fue instaurada bajo la divisa de una "transición democrática" y para "llenar el vacío de poder" dejado por "la renuncia" del presidente constitucional Hugo Chávez, que nunca se dio, y de que supuestamente también "abandonó el cargo" el vicepresidente. Se anunció el regreso a sus cargos de los militares dados de baja por el gobierno chavista.

Fue anunciada la reincorporación de los gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que estaban en huelga desde la semana pasada. Por tanto, fue restituido en el cargo el presidente de la empresa petrolera, Guacaipuro Lameda, quien sustituyó a Gastón Parra, que junto con otros nueve directivos fueron nombrados por Chávez debido a que sus antecesores participaban en el paro empresarial.

Tras el "juramento de Carmona", quien dijo que lo hacía primero ante "Dios Todopoderoso" y luego ante la Constitución de 1999, en un evidente lapsus, ya que el objetivo del golpe es echar atrás esa Carta Magna, designó a su "gabinete de transición" con figuras en su gran mayoría opositores a Chávez, entre los que destacan cuatro militares, incluyendo a Lameda.

Entre estos últimos están el general de la Guardia Nacional, Rafael Damiani, quien quedó al frente del Ministerio del Interior, y el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, en Defensa; ambos le retiraron el apoyo a Chávez cuando enfrentaba la revuelta callejera del jueves. Además, figura en la Secretaría de la Presidencia el vicealmirante Jesús Briceño. En tanto, el Ministerio de Finanzas fue ocupado por el empresario Leopoldo Martínez.

Carmona pidió "la comprensión" de la comunidad internacional para su régimen, al que definió como "legítimo y democrático", al sostener que su reto es "conducir a la nación al restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática y a la realización de elecciones libres, democráticas para una nueva asamblea nacional con poderes constituyentes".

Tras justificar que la disolución del órgano electoral era uno de "los primeros pasos" para garantizar procesos electorales "pulcros", aseveró que "el caudillismo ha quedado atrás, las actitudes mesiánicas fueron claramente repudiadas por la nación y condujeron a Venezuela a una profunda crisis".

Reconoció que PDVSA afronta una severa crisis, producto de las protestas que "se originaron legítimamente".

Afirmó que el nuevo régimen no cambiará ninguno de los acuerdos logrados con los estados del Caribe durante el gobierno de Chávez, como la venta de petróleo a precios preferenciales, aunque sin citar el caso de Cuba.

El presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, Baltazar Porras, con quien Chávez tuvo fuertes diferencias, afirmó que el mandatario constitucional lo llamó para confesarse y pedirle que fuera su "garante" de seguridad cuando aún estaba en el Palacio de Miraflores acosado por los militares golpistas, y sostuvo que le "pidió perdón" en lo que hubiera fallado y ante la Iglesia católica.

El jefe de la Policía Metropolitana, Henry Vivas, señalado por sectores del gobierno constitucional como responsable de los incidentes de violencia del jueves, afirmó que el alcalde caraqueño, Freddy Bernal, será investigado por su presunta responsabilidad en tales sucesos, que dejaron unos 15 muertos y más de 300 heridos, y que organismos de derechos humanos calificaron de "gravísimos".

Por lo pronto, sectores de la campaña mediática reconocieron que siempre se negaron a que Chávez pudiera emitir un mensaje directo a la nación, ya que primero querían saber lo que iba a decir. El actor Orlando Uraneta, un comentarista de noticias y que actuaba por la Cámara de Radio y Televisión, aseveró que impedir declaraciones en directo del presidente no era una "censura", sino un acto de "responsabilidad".

En medio de los operativos de allanamientos en viviendas, universidades y locales de los sectores del gobierno constitucional o vinculados a él, el fiscal general destituido por el régimen golpista, Isaías Rodríguez, denunció haber recibido amenazas de muerte tras calificar lo ocurrido de golpe de Estado y afirmar que Chávez sigue siendo el presidente constitucional.

A los diversos sectores que se han pronunciado desconociendo al régimen golpista se sumó el canciller chavista Luis Alfonso Dávila a su llegada a Caracas desde Costa Rica, donde participaba en la reunión del Grupo de Río.

Reprimen a partidarios de Chávez

En el curso del día y esta noche decenas de partidarios de Chávez emprendieron cacerolazos al noroeste de Caracas, en el barrio de Nueva Tacagua, cerca de La Guaira, cuando la policía intervino para reprimirlos. Helicópteros sobrevolaban las zonas de resistencia, que se extendía a Guarenas, Catia y 23 de Enero, así como en otros lugares de provincia, donde el régimen golpista impedía su difusión al mantener el control de los medios de comunicación.

También había una concentración de unos 200 partidarios de Chávez en torno al Fuerte Tiuna, donde inicialmente fue mantenido prisionero el presidente constitucional. Allí, sus partidarios protestaban y exhibían retratos de él y denunciaban que el mandatario estaba "secuestrado" y reclamaban su liberación y la celebración de un referéndum porque "la gente pobre no nos vamos a dejar quitar al presidente".

El organismo de defensa de derechos humanos venezolano Provea denunció que el régimen golpista de Carmona "es inconstitucional" y que Chávez se encuentra detenido en forma "arbitraria". Además, agregó, no se ha permitido una verificación independiente e imparcial de la "renuncia" del mandatario y ante el hecho de que la Constitucional establece los mecanismos para la continuidad constitucional.

El partido Patria para Todos reclamó la constitución de una comisión internacional para realizar una investigación imparcial, que sea designada por la OEA y organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional para que determinen quiénes son responsables de los trágicos sucesos de violencia del jueves.