Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 9 de abril de 2002
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Capital

Desafortunadas, declaraciones de CDHDF

Niegan Bátiz y Ebrard que persista tortura en la poilcía

SUSANA GONZALEZ Y RICARDO OLAYO

El procurador Bernardo Bátiz y Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública, rechazaron las afirmaciones del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, en el sentido de que la tortura es una práctica no erradicada de los cuerpos de seguridad y que se ha incrementado el número de casos al respecto en la capital.

"Podemos cotejar cifras, podemos ver los casos que él considere y estoy seguro que no ha habido ningún incremento en los casos de tortura... Vamos a hablar con el presidente de la CDHDF para ver qué es lo que está entendiendo por tortura, yo le podría decir que está prácticamente erradicada", aseguró Bátiz.

Insistió en que en la Procuraduría capitalina se lleva a cabo un gran esfuerzo para que la Policía Judicial no recurra a la tortura y que los 3 mil 700 policías judiciales son advertidos de que en caso de caer en esa tentación serán severamente sancionados.

En tanto, Marcelo Ebrard declaró: "yo creo que no podemos decir que existe la tortura, puede haber casos, pero cuando se dice 'tortura' pareciera que todo mundo está torturando, y eso no es cierto".

No obstante, reconoció que la SSP tiene algunos casos registrados -"muy pocos"-, pero dijo que todos han sido atendidos. Ebrard manifestó su disposición para atender cualquier observación que haga la Comisión de Derechos Humanos sobre algún exceso de autoridad y pidió que se tenga cuidado en el tema porque muchos delincuentes y sus familiares recurren a ese argumento cuando la policía los arresta, como ocurrió el domingo, refirió, con un asaltante que disparó contra varias personas en un tianguis.

Por su parte, la consejera jurídica del Distrito Federal, María Estela Ríos González, señaló que no tiene información de los defensores de oficio de que se retrase la presentación de detenidos ante jueces o agentes del Ministerio Público, lo que podría considerarse una práctica indebida. Si hubiera alguna queja por omisión de los defensores en su tarea de procurar los derechos de detenidos y otras personas, se deberá atender cualquier asunto, indicó en entrevista.

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