Entre tanto, sólo un miembro de un grupo paramilitar ha sido detenido, señala

"Alarmante" embestida del gobierno chiapaneco contra defensores de derechos, acusa Global Exchange

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 24 de marzo. Al menos 259 operativos castrenses, nuevos actos de impunidad de grupos paramilitares y una "alarmante" embestida gubernamental contra organismos y particulares dedicados a la defensa de los derechos humanos es el saldo, en los últimos 10 meses, de la administración de Pablo Salazar, dio a conocer en su informe la organización Global Exchange, la cual cuanta con estatus consultivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El documento, dirigido al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, explica los resultados del monitoreo sobre la situación que imperó en Chiapas en materia de derechos humanos de abril de 2001 a la fecha, según Global Exchange.

Durante ese periodo el organismo contabilizó 259 operativos militares, "un promedio de 25.9 intimidatorios por día. Treinta y cinco por ciento de dichas acciones estuvieron concentradas en el municipio autónomo zapatista Ricardo Flores Magón", acotó.

Las acciones incluyeron patrullajes intimidatorios, hostigamientos, interrogatorios, sobrevuelos rasantes, disparos al aire dentro y fuera de las comunidades indígenas, y la reinstalación de retenes militares intermitentes o permanentes.

"En el caso del municipio Ricardo Flores Magón, existe un constante rumor sobre un posible desalojo forzado de algunas comunidades concentradas en la región Montes Azules", señala el informe.

En materia de grupos paramilitares, Global Exchange plantea al gobernador: "Con alta preocupación vemos que desde el periodo en el que usted asumió la gubernatura sólo ha sido posible la detención del integrante de un grupo: Diego Vázquez".

A la par, "existe una seria preocupación también por el caso del líder del grupo paramilitar Paz y Justicia, Samuel Sánchez Sánchez, y 10 miembros más, que fueron liberados el 19 de abril de 2001, 10 días antes de la aprobación de la ley indígena".

Según el organismo, "a la fecha todos (los paramilitares) siguen gozando de impunidad". La mayor parte del documento, de tres páginas, Global Exchange la dedica a lo que considera una "embestida" del gobierno estatal contra los defensores de los derechos humanos.

"Nos parece alarmante la actitud mostrada por usted contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Red de Defensores Comunitarios, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López, y contra el abogado Miguel Angel de los Santos", destaca.

De acuerdo con Global Exchange, la postura de la administración estatal se ha demostrado en "costosas inserciones pagadas por el gobierno del estado en medios de información nacionales contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas o contra la CEDH. Asimismo, resulta preocupante su agresividad contra la Red de Defensores Comunitarios y contra el abogado Miguel Angel de los Santos".

Abunda: "Tanto el Centro Fray Bartolomé de Las Casas como el abogado De los Santos llevan laborando en Chiapas varios años en materia de derechos humanos. En los hechos han demostrado profesionalismo, ética y credibilidad ante las comunidades indígenas ?a las que han defendido en términos jurídicos? y ante organismos nacionales e internacionales".

Como soporte de esta última afirmación, Global Exchange sostiene que ninguna de las personas o comunidades indígenas defendidas por éstos ha presentado denuncia o queja por malos manejos, como acusa el gobernador Pablo Salazar.

"Generar climas de linchamiento contra cualquier defensor de derechos humanos que cumpla con su trabajo no facilita un ambiente propicio para el diálogo ni para la procuración de justicia; por el contrario, lo enrarece", señala el organismo.

Resalta que los nuevos presos políticos, los operativos militares y los hostigamientos contra las comunidades indígenas, denunciados por organismos humanitarios agredidos y cuestionados desde el gobierno, "tienen fecha, ubicación y nombres".

Al respecto, puntualiza: "Consideraríamos apropiado retomar el concepto de procuración de justicia haciéndola valer y no acusando a quienes dignamente la defienden. El enfoque de los defensores de los derechos humanos radica en el cuidado de la procuración de justicia; por lo tanto, ellos son y deberían ser considerados por usted como coadyuvantes de un proceso democrático y de justicia".

En ese sentido, Global Exchange hace al gobernador "un atento llamado a reflexionar sobre su actitud beligerante contra los defensores de los derechos humanos. Lo invitamos a proceder jurídica y penalmente contra quienes violentan flagrante y sistemáticamente los garantías en la materia de las comunidades indígenas".