Informe de la titular, previo a su comparecencia en la ALDF

En 2001 la Contraloría General sancionó a 505 funcionarios por irregularidades

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

En 2001 la Contraloría General del DF resolvió 735 casos de irregularidades en los que estaban involucrados mil 309 funcionarios; de éstos se sancionó a 505 con la inhabilitación, destitución, suspensión o amonestación pública, y se declaró sin responsabilidad por improcedencia en favor de 80 servidores.

Lo anterior se desprende del informe que la contralora Bertha Luján remitió ayer a la Asamblea Legislativa del DF, previo a su comparecencia ante el pleno el próximo lunes.

En el documento se precisa que se impusieron sanciones económicas a 79 servidores públicos, por un monto total de 18 millones 144 mil 738 pesos, que deberán ser recuperados en su momento por la Procuraduría Fiscal del DF.

En otro rubro se establece que por incumplimiento con el Gobierno del DF se inhabilitó a 47 empresas para participar en cualquier licitación, adjudicación directa e invitaciones restringidas, al comprobarse diversas violaciones normativas.

De las empresas sancionadas sobresalen el Grupo Industrial Pachuca, inhabilitado dos años, porque "durante la vigencia de los contratos celebrados con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, presentó información falsa en diversas facturas, y suministró bienes cuyas características no correspondieron con las especificaciones técnicas establecidas, en términos de los dictámenes emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor".

Por otra parte, la contraloría interna de la Secretaría de Finanzas sancionó a siete ex funcionarios por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la contratación de un sistema de seguridad en las 21 administraciones tributarias del DF con la empresa El Cartujo.

Tras la revisión al inmueble de la Procuraduría General de Justicia del DF conocido como El Búnker se sancionó a dos ex funcionarios por no respetar el procedimiento de invitación restringida y convocar sin contar con suficiencia presupuestal.

En lo relativo al seguimiento presupuestal, la opinión preliminar de la contraloría señala que el comportamiento de los ingresos fue razonable, ya que se logró contrarrestar, en parte, los efectos de la desaceleración económica.