ALBERTO NAJAR. ILUSTRACION: MARIES MENDIOLA

GUAMUCHIL, SINALOA. De familia a familia, una súplica por sus vidas.

"Ellos (los Arellano Félix) deben entender que fue un enfrentamiento, que nosotros no tenemos nada que ver. ¿Usted cree que se lo quería encontrar? Fue la pura suerte".

El mensaje es de Julia López Estrada, viuda del policía ministerial que el pasado 10 de febrero diera muerte a quien ahora se presume fue Ramón Arellano Félix, el más violento de los líderes del Cártel de Tijuana.

Ya pasó un mes del incidente y la familia del agente Antonio Arias Torres no sabe aún si los hermanos Arellano vengarán o no la muerte de quien fuera su principal gatillero. Si así fuera, la vida de Julia y sus cuatro hijos corre peligro.

Por eso el mensaje. Por eso no aceptan que se tomen fotos.

"Si nos van a matar, cuando menos que les cueste trabajo", dice Alexander, el segundo hijo. "Sabemos que ese sujeto había matado a quién sabe cuántos por cosas pequeñas, pero mi papá estaba haciendo su trabajo, el destino los juntó y allí quedaron. Imagino que la familia del otro debe entender que no hubo malicia en esto".

Esta es su única esperanza para sobrevivir, que en Tijuana se lean correctamente las señales porque los Arias López están solos: desde la muerte del policía sólo dos personas en Sinaloa les dieron el pésame. De sus ex compañeros nada se sabe. Ni uno se ha acercado, ni siquiera por teléfono, como si temieran contagiarse de la suerte de Antonio Arias... O de su familia.

A las 10:30 de la mañana del domingo 10 de febrero una patrulla de la Policía Ministerial (PM) pretende detener a un Volkswagen blanco que circulaba en sentido contrario por la Zona Dorada de Mazatlán.

Los tripulantes del sedán ignoran a los policías y tratan de huir a pie, pero los ministeriales los interceptan.

Uno de ellos, Antonio Arias, encaró a dos de estos sujetos. Uno se identificó como agente de la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso mostró una credencial de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El ministerial bajó su arma y entonces el presunto agente -la credencial tenía el nombre de Jorge Pérez López- le disparó dos veces en el pecho. Al caer, Arias Torres accionó su pistola y la bala atravesó el cráneo del sicario, que cayó muerto junto al policía.

Su compañero, quien también portaba una credencial de la PGR a nombre de Héctor Solórzano -inicialmente la policía lo identificó como Bernardo Rochín-, trató de huir pero se encontró con otro grupo de policías ministeriales con quienes se enfrentó a balazos.

Llevó la peor parte: murió 15 minutos después a bordo de una ambulancia que le trasladaba al hospital Sharp. Otro de los sicarios, Manuel López López, fue detenido dentro del hotel Plaza Gaviotas, a 20 metros del sitio donde cayeron sus compañeros, pero no fue el único: más tarde, a un lado del restaurante Tony´s, los ministeriales arrestaron a Marcos Assemat Hernández y a Sergio Reyes, el primero ex agente de la Policía Federal Preventiva (PFP) y el otro elemento activo de la corporación.

El cadáver de Jorge Pérez fue entregado, el lunes 11, a un supuesto primo, Celestino López, mientras que el de Héctor Solórzano se lo llevó Marisela Ladrón de Guevara, quien se identificó como su concubina. Al día siguiente fueron cremados.

Una semana después se desató el escándalo: el agente Solórzano fue identificado como Efraín Quintero Carrizona, involucrado en la masacre de El Limoncito de Ayalá, en febrero de 2001 y presunto gatillero del Cártel de Tijuana. El otro muerto, se dijo, sería Ramón Arellano Félix.

Antonio Arias no quería viajar a Mazatlán, recuerda su esposa, "porque tenía un mal presentimiento, había soñado con mi mamá ya fallecida".

Tanta era la incertidumbre por ese viaje que, por primera vez en 11 años de carrera, pensó en inventar una incapacidad médica.

No resultó. En Guamúchil había nuevo comandante de la Ministerial y, por lo mismo, la tarde del 6 de febrero Arias Torres partió hacia el puerto con varios compañeros que apoyarían el Operativo Carnaval.

Esa fue la penúltima vez que su familia supo de él. La siguiente noticia fue la notificación de su muerte.

"Como a las 12 hablaron a la casa y dijeron que mi papá estaba muerto", cuenta Alexander. "Me dieron un número (telefónico) para confirmarlo, pero allí una secretaria me dijo que no estaban seguros".

Sin dinero para viajar a Mazatlán, Alexander abordó el primer camión que pudo hacia Culiacán donde, por fin, confirmó la noticia. Allí supo la versión oficial del enfrentamiento y se enteró, además, que el cuerpo de su papá ya había sido entregado a un tío suyo, Carlos Arias ?subdirector de Protección Civil de Sonora?, quien lo trasladó en avioneta a Hermosillo.

Hasta allá viajó la familia, donde permaneció poco más de una semana. Al regresar a Sinaloa e iniciar los trámites del pago de seguro y la pensión, Alexander se dio cuenta de algunos detalles que no "cuadraban" con la versión que tenía sobre la muerte de su padre.

"El certificado de la autopsia dice que se hizo a las 11:30 pero a mi me avisaron hasta las 12", explica. "A esa hora hablé a Mazatlán y me dijeron que todavía no era seguro; a lo mejor esa era la orden o de verdad, cuando hablaron, ya estaba todo hecho".

En realidad, este no es el único detalle irregular en el asunto, y de hecho la forma como murió el policía es una de las dudas principales de los agentes de la Unidad Especializada contra la Delincuencia (UEDO) que investigan el caso.

Y es que, en la reconstrucción del enfrentamiento se puso en claro que fue materialmente imposible para Arias Torres disparar a la nuca y al glúteo izquierdo de Ramón Arellano, cuyo cadáver quedó boca arriba en forma perpendicular al agente.

La versión oficial indica que el capo mostró una credencial de la PGR, pero en las fotografías publicadas y las que se anexaron al expediente no aparece ninguna placa, la cual fue encontrada por los peritos debajo de la camiseta del fallecido.

Es decir, Ramón Arellano nunca mostró esa credencial.

Hay más: una de las balas que recibió el policía tiene trayectoria de derecha a izquierda, mientras que el presunto jefe del Cártel de Tijuana ?quien supuestamente se encontraba frente al primero? recibió un tiro en la parte posterior de la cabeza, del lado izquierdo, que cruzó completamente el cráneo de abajo hacia arriba.

En la reconstrucción hay un policía que aparentaba disparar con un rifle R15 justo al lado derecho de Arias Torres y por consiguiente, del izquierdo de Arellano Félix. Este policía habría sido, trascendió en Mazatlán, el que en realidad disparó contra el narcotraficante.

¿De dónde vino la bala que recibió el policía en su costado derecho? Hay dos hipótesis: del rifle AK 47 que portaba uno de los compañeros de Arellano -y que estaba precisamente a su lado- o bien, del arma que usó el otro policía.

El cuerpo de Arias Torres quedó cruzado en la banqueta, con los pies hacia la pared, mientras que Arellano Félix cayó en sentido opuesto, con las piernas dobladas en el arroyo.

Las cabezas quedaron casi juntas, lo cual refuerza la tesis de que Antonio Arias no pudo disparar cuando se derrumbaba como indica la versión oficial, pues para hacerlo habría tenido que levantar el brazo hacia atrás (sin apuntar) y accionar su arma dos veces.

Otra de las dudas es la forma como murió el sicario Quintero Carrizona: la versión oficial señala que al huir se enfrentó con un grupo de ministeriales que llegaron como apoyo, pero la reconstrucción mostró que, en realidad, los policías lo estaban esperando para dispararle.

En la autopsia hubo más irregularidades: el certificado de quien se sospecha es Arellano Félix señala que murió de un disparo en el pecho, mientras que para el otro se decía que había recibido un disparo en la cabeza.

Por si fuera poco, las personas que recibieron los cuerpos no existen, pues las credenciales y los domicilios con que se identificaron resultaron falsos.

La semana pasada en Mazatlán corrió la versión de que la fiscal de Homicidios Dolosos de la procuraduría sinaloense, María Dolores Guzmán Ramírez, responsable de la entrega de los cadáveres, habría sido amenazada para autorizar el trámite, lo cual no fue confirmado ni desmentido por la funcionaria.

En Culiacán, en cambio, la creencia es otra. "La corrupción en esa parte de la procuraduría es algo común", explica un funcionario del gobierno estatal. "Muchas familias de ejecutados suelen pagar dinero para recibir pronto y sin preguntas los cadáveres; en este caso pudo ser igual".

Tantas irregularidades no fueron inocentes.

Una de las líneas de investigación que sigue la UEDO establece que, en realidad, el enfrentamiento en que murió Ramón Arellano fue una emboscada de policías contratados por Ismael El Mayo Zambada García, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

 "Cambiaron todo para proteger a los ministeriales", reveló un agente de la UEDO. "Es más fácil echarle la culpa al que murió".

Horas después de la balacera, al mediodía del domingo 10 de febrero, en Culiacán el rumor corrió con rapidez.

La muerte de Ramón Arellano Félix se dio como un hecho entre la parentela que los hermanos tienen en esta ciudad, e incluso existe la versión de que fue en este grupo donde se dio la orden para recoger e incinerar el cuerpo.

No fueron los únicos en tomar decisiones.

En Mazatlán, los cuerpos todavía estaban sobre la calle Bugambilias cuando los ministeriales empezaron a ponerse nerviosos. "Es alguien pesado", reportaban a las oficinas centrales, aunque para ese momento, aparentemente, no sabían de quien se trataba.

Esa misma tarde los policías confirmaron la identidad de su víctima por dos vías distintas: la petición de la oficina en Mazatlán de la Drug Enforcement Administration (DEA) para que les proporcionaran muestras de tejido de los cadáveres, y una comunicación en clave que llegó de Culiacán.

La primera reacción fue desaparecer las listas de agentes que participaron en el Operativo Carnaval, y luego se ordenó el regreso a sus partidas de todos los agentes que no pertenecieran a la zona de Mazatlán.

Al gobernador Juan S. Millán la noticia de la presunta muerte de Ramón Arellano Félix le llegó en mal momento.

Por esos días el secretario de Seguridad Pública, Humberto López Favela, había dejado el puesto en medio del escándalo que desató la protección que sus elementos brindaron en la boda de Vicente Carrillo Leyva, hijo del desaparecido Señor de los Cielos, en el municipio de Navolato.

Y una semana antes de la balacera tres ex jefes policiacos fueron ejecutados.

Por eso, cuando la versión de la muerte de Ramón Arellano apareció en los medios, el área de seguridad del gobierno sinaloense se encontraba a la deriva.

Tal vez por eso la premura en aceptar la intervención de la PGR en el asunto. Y también por ello se explica la declaración del director de la PM, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez: "No se va a proteger ni a solapar a nadie", dijo, "ni habrá seguridad especial para los agentes; nuestra mayor protección es el cumplimiento de la ley".

Temblaban las manos de los policías que participaron en la reconstrucción de la balacera.

Cubiertos los rostros con pasamontañas, enfundados en gruesas chamarras en pleno mediodía (la temperatura promedio fue de 33 ^oC), los agentes reprodujeron paso a paso las acciones tomadas el domingo 10, desde el momento en que trataron de detener el sedán blanco hasta que capturaron a los integrantes de la PFP.

Temblaron los ministeriales cuando señalaron la forma como se derrumbó Ramón Arellano. Se sacudieron cuando los agentes de la UEDO repetían una y otra vez la misma pregunta: "¿Quién mató al grandote?"

Y es que en Sinaloa hay miedo. De la reacción que puedan tener los hermanos Arellano Félix. De que el estado se convierta, otra vez, en arena donde los cárteles ejecuten sus venganzas.

"Si se confirma que el muerto es quien dicen esto va a ser peor que nunca", reconoce un funcionario del gobierno estatal. "Pero será mucho peor si se descubre que fue una emboscada, entonces sí, que Dios nos agarre confesados".

Y sí. Por lo pronto, en Jalisco y Baja California los responsables de las áreas de seguridad se reunieron para evaluar el impacto que tendría una posible guerra de cárteles.

En Sinaloa, especialmente en Mazatlán, se impuso un toque de silencio que incluye, por ejemplo, ocultar a los policías que participaron en la balacera y a sus familias.

Casi a todas. Porque de los Arias López nadie parece preocuparse.

Una muestra es que la semana pasada tuvieron que devolver el cheque con la última paga de Antonio Arias porque "le incluyeron 15 días de sueldo y el nada más había trabajado 10", lamenta su viuda. "Le van a descontar esos cinco días".

Por eso es que apenas termine el actual ciclo escolar, la familia regresará a Hermosillo, de donde salieron hace un año y medio para vivir, por primera vez en 11 años, en el mismo lugar que el padre.

"Ya nada tenemos que hacer aquí, lo único que nos ataba era mi esposo y ya no está", dice Julia López en la sala de la modesta casa que renta en un fraccionamiento del Infonavit. "Nunca tuvimos nada, siempre vivimos así como nos ve. Y Sinaloa es un lugar muy peligroso".