Niega el procurador capitalino posible sanción a familiares de secuestrados

Las conclusiones del caso Digna, en mes y medio: Bátiz

ELIA BALTAZAR

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, informó que en mes y medio la dependencia a su cargo entregaría las conclusiones sobre el homicidio de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, en razón de que las autoridades tienen un avance de 80 por ciento en la investigación.

Entrevistado tras asistir a una reunión del gabinete de seguridad, Bátiz aseguró que la indagatoria sobre el homicidio de la abogada, ocurrido el 19 de octubre de 2001, ha llevado buen rumbo pese a las dificultades.

Las autoridades judiciales, explicó, han trabajado de forma acertada y se cuenta con todos los elementos, testimonios y diligencias. Aseguró que lo único pendiente en la investigación "es armar el rompecabezas". Pero confió en que en mes y medio, la PGJDF entregará conclusiones, a menos de que surgiera un nuevo dato o una pista que retrasara el caso.

Informó que ayer declaró ante el Ministerio Público el capitán primero Artemio Nazario Carballo, a quien la Policía Judicial buscó durante varios varios meses, por tratarse de uno de los militares involucrados en la detención de los campesinos ecologistas Rodolfo Cabrera y Teodoro Montiel, y cuyo testimonio era considerado importante por las autoridades.

Bátiz también informó que el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Díaz, y la PGJDF concluyeron ya la revisión de las investigaciones realizadas hasta el momento en torno de la muerte de Digna Ochoa.

Por otra parte, Bátiz negó la posibilidad de que se propongan modificaciones a la ley para sancionar penalmente a los familiares de secuestrados que paguen el rescate. Y advirtió que sus declaraciones fueron mal interpretadas en el encuentro de procuradores que se realizó en Tlaxcala.

Por el contrario, dijo, se están proponiendo reformas a la ley para tipificar con mayor severidad los casos de privación ilegal de la libertad, en las modalidades de secuestro exprés y robo de infantes, que hasta la fecha sólo se consideran como robos calificados y se castigan con sanciones reducidas que no son equiparables a los 10 y hasta 40 años de prisión con los que se castiga el secuestro.