Desplazados, sin garantías para regresar a sus comunidades

Siguen patrullajes militares en Ocosingo, afirma la Comisión Civil Internacional

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos concluyó su trabajo en la zona de conflicto, donde encontró que los patrullajes militares continúan en Ocosingo, a pesar de que la presencia de las fuerzas federales es menor en algunas regiones, y que aún persiste el fenómeno de los desplazados de guerra. La organización agradeció al gobierno de Chiapas por las facilidades y la disponibilidad para la realización de los trabajos de sus delegados.

El resultado de la visita de los extranjeros a suelo chiapaneco fueron ocho observaciones. De ellas, la más sobresaliente se refiere a que "hemos podido constatar una presencia menor del Ejército federal en algunas zonas. Hemos recibido informaciones de que en otras siguen los patrullajes, especialmente en el municipio de Ocosingo y en la zona fronteriza con Guatemala. Los sobrevuelos de helicópteros siguen sembrando zozobra en las comunidades. Los retenes intermitentes impiden el libre tránsito de los pobladores en los lugares donde permanecen los cuarteles militares. La población se queja de la contaminación en ríos y predios aledaños".

El problema de los desplazados

Otra denuncia del grupo de observadores se refiere a que las comunidades de la región de los Altos de Chiapas consideran que no existen garantías suficientes para el retorno a sus lugares de origen, y los recortes de ayuda humanitaria hacia los desplazados son percibidos como un factor de presión para un retorno en condiciones riesgosas.

También, en la zona norte de los Altos, numerosas familias permanecen desplazadas, las cuales no solamente han carecido de acceso a la justicia y de indemnizaciones, sino que se ven afectadas por la situación de impunidad imperante en la zona.

Otro de los descubrimientos fue que el grupo de observadores atestiguó que sí existen presos de opinión (conciencia) en distintos penales de Chiapas: "Algunos de los reclusos manifestaron que la confesión de delitos les fue arrancada bajo tortura".

Las comunidades hicieron énfasis en el deterioro de sus condiciones de vida, en lo económico y en lo social, y los programas de desarrollo, enfocados a la lucha contra la pobreza, "son valorados como discriminatorios".