La paraestatal entregó el dinero para "cumplir con una cláusula del contrato colectivo"
El STPRM argumentó quiebra para recibir 640 millones de pesos de Pemex
Una verdadera trampa, lo que hizo la directiva petrolera; se robaron todo, afirma La Quina
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es, aparentemente, una organización gremial en quiebra. Para obtener 640 millones de pesos (de un total de mil 100) de Petróleos Mexicanos en 2000, Carlos Romero Deschamps aseguró a los directivos de la paraestatal que enfrentaba un decremento casi total en el superávit registrado en las empresas auspiciadas por el sindicato, como ranchos, granjas, fábricas y talleres, entre otras.
Además, mencionó una "creciente insuficiencia de la hacienda gremial por la disminución de los ingresos por cuotas sindicales, con motivo del reajuste de más de 100 mil trabajadores sindicalizados de planta y transitorios", de acuerdo con documentos que obran en la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) dentro de la denominada Operación Crudo.
Sin embargo, para Joaquín Hernández Galicia, ex líder del STPRM, "los argumentos de Romero Deschamps para obtener dinero fueron una verdadera trampa". El ex dirigente, conocido como La Quina, afirma que anualmente el STPRM obtiene en promedio 400 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales -que, dice, en su época no se cobraban-, ya que se descuenta al salario de cada trabajador hasta 8 por ciento.
Además señala que la actual directiva del STPRM miente cuando "alega" que no obtiene suficientes ingresos de las tiendas, fábricas, ranchos y granjas, pues desde 1989 Sebastián Guzmán Cabrera y Carlos Romero Deschamps vendieron todo.
"Elevados débitos"
En la minuta levantada el 31 de mayo de 2000 por representantes de Pemex y del STPRM, y de la cual posee copia La Jornada, se indica que otra de las razones para solicitar el crédito por 640 millones de pesos obedecía a los "elevados débitos heredados de directivas anteriores (Joaquín Hernández Galicia y Sebastián Guzmán Cabrera), tanto en lo que corresponde al gasto corriente como en lo relativo a financiamientos concertados con diferentes instituciones".
El documento expone, entre otras razones, el "importante descenso de las contribuciones a la tesorería sindical por parte de los trabajadores que el STPRM proponía para laborar al servicio de contratistas", y también la "supresión, a partir de 1989, de los ingresos por utilidades resultantes de los contratos de obra concertados directamente con Pemex o subcontratados con terceros para la realización de obras y servicios como los de perforación de pozos, construcción, mantenimiento, transporte y otros".
La respuesta a la solicitud de préstamo se dio a conocer el 5 de junio de 2000, según la minuta levantada durante un encuentro de la representación del sindicato y la de Pemex.
En el documento, Carlos Juaristi Septién, director corporativo de Administración, y Julio Pindter González, subdirector corporativo de Relaciones Laborales, explican que "se autorizó dicho préstamo recuperable por tratarse de una fórmula pactada en el último párrafo de la cláusula 246 del contrato colectivo, y aceptada por las partes en el trato administrativo-sindical y, desde luego, con la finalidad de otorgar apoyo al STPRM para que esté en posibilidad de solventar los compromisos económicos que gravitan sobre la hacienda gremial".
Según el mismo documento, la representación sindical, a través del líder y diputado federal Carlos Romero Deschamps, así como del senador y secretario tesorero del STPRM, Ricardo Aldana Prieto, expresó "su reconocimiento a Pemex por el préstamo recuperable acordado".
Sin embargo, para otorgar el crédito, Pemex tuvo que modificar el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 2000.
Además, Alberto Gheno Ortiz, gerente de Control Presupuestal de Pemex, advirtió a Gerardo Bautista Medina, subgerente de Presupuestos de la paraestatal, que si el monto otorgado no era recuperado en el mismo 2000, tendría "impacto en el superávit primario comprometido con el gobierno federal" y, además, sería "considerado como parte del gasto programable por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si no se obtuviese la recuperación".
Pese a la advertencia, Bautista Medina respondió, mediante el oficio SP-393/00, que el plazo de recuperación sería de "20 meses contados a partir de noviembre del presente año, en cantidades fijas mensuales" de 32 mil pesos.
Ello provocaría, según consta en la averiguación previa de la PGR, una modificación presupuestal (la tercera de 2000) de Pemex, que fue autorizada por la Secretaría de Hacienda contraviniendo las decisiones del Poder Legislativo en cuanto a asignaciones presupuestales.
Fuentes oficiales indicaron que, supuestamente, para cubrir cualquier posible responsabilidad por el otorgamiento del préstamo, debido a que no sería pagado en 2000, y no generar alteraciones presupuestales que se informaran a Hacienda durante el gobierno de Vicente Fox, se acordó con el STPRM que los 640 millones de pesos del crédito se descontarían de los mil 100 millones de pesos que presuntamente se pagarían por concepto de indemnización por incumplimientos contractuales.
Sin embargo, para hacer la entrega del dinero las modificaciones presupuestales no pararon... y hubo una cuarta.
El 29 de septiembre de 2000, una vez que había concluido la revisión contractual entre Pemex y el STPRM, y que se había llegado al acuerdo de entregar mil 100 millones de pesos al sindicato petrolero, la paraestatal solicitó a Hacienda una nueva modificación presupuestal.
El argumento, según el documento en poder de este diario, fue que "con objeto de dar suficiencia presupuestal al gasto de operación, atendiendo a las reducciones que se dieron al mismo en enero y abril de 2000, y que parcialmente se complementaron en la tercera adecuación al presupuesto, así como para solventar la insuficiencia de recursos efecto de la pasada revisión salarial, se hace necesario gestionar ante las secretarías de Energía y de Hacienda una cuarta adecuación al presupuesto del presente ejercicio fiscal".
Sin embargo, Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, aseguró -en la declaración que envió por escrito a la PGR- que durante su gestión la paraestatal contaba con recursos suficientes para cubrir tanto el monto del préstamo como el dinero convenido con el STPRM para subsanar los supuestos incumplimientos contractuales que se tenían con la organización gremial desde 1997 hasta 1999.
Según los documentos en poder de este diario, para obtener la "indemnización" de mil 100 millones de pesos, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto utilizaron como argumento que el supuesto incumplimiento de los acuerdos contractuales de 1997 a 1999 había causado al STPRM "perjuicios económicos y político-sindicales", así como gran carencia de recursos.
A grado tal que, insistieron, no tenían recursos para cubrir "obligaciones económicas derivadas de las demandas interpuestas en contra del Comité Ejecutivo General y de cada una de las 36 secciones de la propia organización, tanto de carácter laboral como de orden fiscal, penal y civil".
De sindicato rico a pobre
En entrevista vía telefónica, el ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, afirmó que la entrega de mil 100 millones de pesos del presupuesto de Pemex al STPRM, y de los cuales presuntamente 500 millones se utilizaron para la campaña presidencial de Francisco Labastida, "fue una mentira para quedarse con dinero del pueblo".
Indicó que "no pueden ser legales los montos entregados porque no es posible que haya sindicato que permita que un derecho contractual se lo deba la empresa, o de plano el gremio tiene un líder rependejo".
Aseguró que la entrega de dinero se hizo utilizando argumentos totalmente falsos, "ya que el sindicato no podía decir que las empresas, los ranchos, las granjas, las fábricas y los talleres no le generaban suficiente dinero, porque desde el 10 de enero de 1989 todo comenzó a ser liquidado. Vendieron tiendas, transportes, ranchos agrícolas, maquinaria industrial, todo".
Asimismo, "no podían argumentar que tenían menos ingresos porque ya se habían robado todo. Incluso, los 29 mil millones de pesos que en 1989 había en las arcas del sindicato, a disposición del Comité Ejecutivo General, y otros 11 mil millones depositados en cuentas bancarias".
Agregó que "el cuento de que el sindicato ha visto disminuidos sus ingresos por concepto de cuotas también es una farsa, ya que anualmente reciben en promedio 400 millones de pesos, a partir de un descuento que en promedio es de 8 por ciento del salario de cada trabajador".
Dijo que durante su gestión, que abarcó de 1962 a 1989, el STPRM sobrevivió sin cobrar cuotas sindicales. "Las empresas generaban grandes recursos y beneficios para los trabajadores petroleros".
Además, mencionó que actualmente los líderes gremiales "reciben un doble salario, dobles viáticos y otras prestaciones, debido a que la empresa les paga esos rubros, y el sindicato también".
Al respecto, la cláusula 251 del contrato colectivo del STPRM y Pemex establece que "el patrón se obliga a pagar los salarios ordinarios, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos (foráneos o locales, según sea el caso) a 68 funcionarios del Comité Ejecutivo General, que incluye asesores sindicales, Consejo General de Vigilancia, cinco consejeros sindicales, 83 integrantes de las comisiones nacionales mixtas que se señalan en este contrato, y 155 comisionados nacionales, todos ellos electos en convención general del sindicato, así como a 12 funcionarios adscritos directamente a las órdenes del secretario general del STPRM".
Además, el actual contrato colectivo contempla que "el patrón cubrirá al Comité Ejecutivo General un millón 35 mil pesos mensuales para gastos de viaje de sus integrantes".
Hernández Galicia indicó que antes de ser detenido y acusado de diversos delitos, motivo por el que pasó varios años en prisión, el STPRM "poseía 126 tiendas, y actualmente quedan como 30, todas ellas alquiladas a empresarios privados. Los líderes obtienen rentas que no son reportadas al gremio".
En cuanto a los ranchos, mencionó que estos se componían de 40 mil hectáreas distribuidas en las zonas sur, centro y norte del país, y en ellos existían más de 30 mil cabezas de ganado. "Nada queda de ello", dijo.
Por lo que se refiere a la maquinaria agrícola, "tan sólo en Ciudad Madero, Tamaulipas, Romero Deschamps y sus secuaces se robaron como 80 tractores con todo y su equipamiento; de las 15 granjas ya nada existe".
Teníamos fábricas, eran 30, de ropa, calzado, varilla, muebles, jabones, solventes, ladrillos para construcción, tubería para drenaje y de alimentos para gallinas y ganado. Todo lo vendieron entre 1989 y 1992, afirmó.
"Por nuestra cuenta organizábamos los mítines, y a los asistentes les pagábamos el transporte, eso no era acarreo, era proporcionar el vehículo para llegar, los lonches para el hambre que generaba la espera y nada más".
Pero, agregó, el STPRM se hacía cargo de una parte de "los gastos de la campaña interna; se pagaba propaganda desde el presidente hasta el funcionario más bajo; se apoyaba con mantas y banderolas, aunque el PRI también nos respaldaba a través de la CTM". Aseguró que durante su gestión el STPRM "nunca entregó apoyo económico directo al tricolor; nosotros dábamos nuestra cuota sindical a la CTM y ella era quien se la daba al partido".
Concluye la entrevista asegurando que Esteban Moctezuma, entonces coordinador de la campaña presidencial de Francisco Labastida, se reunió con él en Cuernavaca "para solicitarme apoyo moral para Labastida, y no se lo di".
