Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 28 de febrero de 2002
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Política

Martí Batres

ƑUn sistema político al estilo americano?

Existe un proyecto para homologar el sistema político mexicano con el de Estados Unidos. La idea general tiene gran aceptación en el gobierno de Vicente Fox y ha encontrado el respaldo de gran parte del PAN y de las elites políticos-económicas del PRI.

La propuesta busca presentarse como la reforma del Estado. Es decir, que en la necesaria transformación política del país se pretende montar una vulgar asimilación al sistema político estadunidense. No se trata de elevar las atribuciones del Congreso mexicano. No es el asunto de abrir a los ciudadanos las formas de decisión en los asuntos públicos. No es tampoco reformar la relación medios-Estado y medios-sociedad. No es nada de eso. Es algo mucho más simple. Se trata de: 1) establecer el principio de la relección legislativa inmediata y consecutiva; 2) la eliminación total o parcial de la representación proporcional en las Cámaras; 3) la disminución del financiamiento público a los partidos políticos.

Esa es "la" reforma del Estado del actual gobierno. Lo demás es accesorio. Ello es así, en parte, porque parece que disgusta al Presidente un Congreso que toma decisiones distintas a las que él propone. Curioso, porque es un presidente que propuso "el cambio" como lema de campaña y hoy busca restaurar el viejo presidencialismo por otras vías.

Aceptar tal propósito haría girar la política alrededor de los grupos económicos privados. Sería la instauración de una especie de modelo político-empresarial mediático. Bajo ese esquema, para financiar sus campañas los partidos tendrían que recurrir al dinero privado. Para obtener "ese" dinero los partidos tendrían que representar el interés privado y moldear su programa, abandonando causas sociales y populares, dado que resultan repelentes al interés particular. Sin representación proporcional los partidos sólo podrían arribar a las Cámaras por la vía de los distritos electorales uninominales, propiciando una sobrerrepresentación de la mayoría relativa o de la minoría más grande. La exclusión de las minorías sería total.

La relección inmediata propuesta fortalecería al personaje por encima del partido. Así, importaría más el individuo que el proyecto. El personaje con poder económico se haría indispensable para su partido o para diversos partidos y se entronizaría en el mismo cargo legislativo por años.

La idea de reforma del Estado de este gobierno es que, de alguna manera como en Estados Unidos, el legislador no responda al partido, sino "a los ciudadanos". Que los partidos difícilmente puedan conformar sus equipos políticos. Que la representación, como allá, se individualice y pulverice al máximo. La idea es que un personaje se convierta en dueño permanente de la representación de un distrito electoral, como en Estados Unidos, y que ese individuo logre el escaño con el dinero privado de grupos de interés económico y del respaldo mediático. En suma, que el partido pase a convertirse en una suerte de franquicia electoral contratada por el personaje político y se impida la confrontación de proyectos de nación.

Es falso que con la relección legislativa inmediata el ciudadano evalúe el trabajo del legislador. El triunfo o la derrota de un candidato que ya ha sido legislador puede estar fundado en variables tales como el apoyo de grupos de interés, coaliciones económicas, los altibajos electorales de los partidos postulantes o la acción de los medios de comunicación. De esta manera su buen o mal desempeño pasa a segundo término.

Los mismos ideólogos de la derecha empresarial, que criticaban la ausencia de partidos y la relección consecutiva de hombres fuertes en el poder en los llamados países del socialismo real, hoy nos proponen un parlamento con partidos débiles y relección consecutiva de hombres fuertes en distritos uninominales. Algunos hablan de eliminar la representación proporcional sin detenerse a observar las consecuencias absurdas de ese propósito. Por ejemplo, para la elección de 97 en el Distrito Federal, si no hubiera existido la representación proporcional, en la Asamblea Legislativa el PRD habría tenido 38 diputaciones con menos del 50 por ciento de la votación. El PAN, la tercera fuerza, habría obtenido dos diputaciones, y el PRI, siendo la segunda fuerza, no habría obtenido ningún diputado.

En el Congreso de la Unión muchos legisladores tenemos una idea distinta de la reforma del Estado que requiere el país. Para nosotros el centro de la misma reside en esta soberanía y en el fortalecimiento de sus atribuciones.

Hoy tenemos un Congreso estrenando su autonomía y comienza a ejercer su soberanía, pero necesita un entramado institucional nuevo. Desde nuestra perspectiva se trata de aterrizar reformas específicas como: 1) la ratificación parcial del gabinete presidencial por el Congreso, 2) cambiar el formato del informe presidencial, 3) comparecencias de servidores públicos bajo protesta de decir verdad ante comisiones, 4) aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso, 5) terminar con la congeladora de las iniciativas, 6) establecer un periodo anual de sesiones con uno o dos meses de receso, 7) recibir a mitad de año el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del ciclo siguiente, 8) incorporar la representación pluriétnica y de género en las listas y en las candidaturas de los partidos, 9) posibilitar la convocatoria al referéndum sobre los grandes temas controversiales de carácter legislativo, y 10) limitar y fiscalizar el financiamiento privado a partidos y candidatos.

Hoy en día la gobernabilidad no puede depender del viejo presidencialismo. La idea de la democracia sólo se derivará de una ruta hacia una República mucho más parlamentaria y una nueva institucionalidad que lleve a los órganos del Estado a la colaboración y a la corresponsabilidad.

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