MARTA DURAN. ILUSTRACIÓN JOSÉ QUINTERO

LOS VECINOS DE XOCHIMILCO llevan años pidiendo que la planta de manufactura y laboratorios químico-farmacéutico-biológico Lemery, ubicada en Mártires de Río Blanco 54, colonia Huichapan, se vaya a un parque industrial porque independientemente de que ha quebrantado todas las leyes para uso de suelo, de ecología y hasta las de cortesía, representa un verdadero peligro para todos, y en primer lugar para los niños.

Ubicado sobre mantos freáticos, en colindancia directa con una unidad habitacional, decenas de casas, dos escuelas primarias y el Colegio Alemán, el laboratorio tiene un tanque de diesel de 20 mil litros que en caso de explosión o incendio sería un San Juanico sureño; esto sin mencionar que el acceso para los bomberos en caso de siniestro sería casi imposible, mucho menos en día de tianguis, a la hora de la salida de las escuelas o de cortejo fúnebre -la entrada al panteón de Jilotepec está a cuarenta pasos de la única y estrecha entrada a la planta-. Además, en Lemery se manejan muchos químicos y sustancias biológicas (cancerígenas y mutagénicas) que en caso de fuego no se apagan con agua.

Lemery es un laboratorio que se estableció por 1970. Aproximadamente en 1990 cambió de dueño y se incorporó como subsidiaria de un consorcio farmacéutico transnacional actualmente denominado Sicor Inc, cuya sede de operación se encuentra en Irvine, California.

Hasta inicios de los noventa fue "un vecino más", pero empezó su expansión, provocando cada vez más problemas. De las coladeras salió un olor a peróxido. La fetidez y el ruido se volvieron insufribles. Una de las vecinas -María Enriqueta Vizcaya, de la calle Dinteles número 14- narra: "Cuando hablamos con las personas del laboratorio siempre nos dicen que no contaminan, pero el olor es ya insoportable y ha empezado a provocar graves molestias en todos nosotros, como dolores de cabeza, mareos y náuseas. Hoy, cuando salí a barrer el patio de mi casa, inmediatamente percibí un fuerte olor a perro quemado y me dieron ganas de vomitar. Busqué a dos de mis vecinos, quienes también se sentían igual".

Y continúa: "Otro de los problemas es un filtro que ponen a funcionar todas las noches y que suena como si se conectara una aspiradora industrial dentro de mi recámara, obviamente no deja dormir". Dichos extractores rebasan el límite de ruido permitido por la norma NOM-081-ECOL-1994, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal determinó la suspensión de los equipos generadores de ruido.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también detectó irregularidades en materia de emisión de contaminantes a la atmósfera, generación de residuos peligrosos, así como obras de excavación para la construcción de un área de fabricación de soluciones inyectables, la cual carecía de autorización en materia de impacto ambiental. Por todas estas razones, Lemery fue sancionado con una multa de 64 mil 771 pesos.

El siguiente problema fue que la farmacéutica vertió desechos líquidos flamables y tóxicos por el desagüe. El 10 de julio de 1998, según consta en el oficio E/CO2/DGPCC/0065/2000, las autoridades detectaron la presencia de hidrocarburos en la red de drenaje y alcantarillado y sancionaron al laboratorio Lemery con una multa de mil 20 días de salario mínimo. El consorcio impugnó las medidas precautorias de protección al medio ambiente, y las multas también. Por si fuera poco, el Laboratorio de Bacteriología y Fisicoquímica del gobierno capitalino determinó que las aguas residuales que descargaba Lemery al drenaje contenían materia orgánica por arriba de lo permisible y que generaban residuos peligrosos consistentes en solventes polares, aceite lubricante gastado, residuos de pintura y medicamentos caducos (NOM-002-ECOL-1996). Esto hizo a la trasnacional merecedora de otra multa por 35 mil pesos.

Los vecinos que conforman el comité técnico para estudiar el problema del laboratorio Sicor-Lemery, le han pedido al delegado en Xochimilco, Juan González Romero, que explique por qué no ha tomado cartas en el asunto. En una misiva enviada al funcionario le recuerdan que cuando era diputado local se comprometió a hacerlo, y le dicen: "Usted tomó conocimiento público y documentado de que Sicor- Lemery ponía en riesgo la salud y la vida de la población. Además, usted vio fotografías de almacenamiento de materiales peligrosos, tóxicos".

Los vecinos afirman que le han solicitado por escrito su intervención 22 veces, sin que hasta la fecha el delegado haya respondido.

La empresa ha argumentado que ya cumplió con los requisitos y que ya cuenta con drenaje diferenciado, así como con una planta de tratamiento de aguas residuales, además de haber desarrollado mecanismos suficientes para evitar que los productos y el aire se contaminen. Sin embargo, no ha presentado un dictamen oficial al respecto, sólo actas de verificación.

Del Portón, la calle de la muerte

El laboratorio utiliza animales para desarrollar medicamentos genéricos y oncológicos entre otros, pero el bioterio (el lugar donde se tienen a los animales infectados para experimentación) está junto a las viviendas. Berenice Ambrosi, una muchacha de 16 años, que hace poco murió de septicemia generalizada (una infección aguda en la que sus defensas no funcionaron, aunque la joven no tenía SIDA, según el acta de defunción) dormía en una recámara que colinda con el laboratorio.

Los vecinos preocupados, por no decir alarmados, señalan que entre los fármacos que prepara Lemery están los inmunosupresores. Ya son cinco decesos, cuatro casos de cáncer, tres de tumores cerebrales, uno de septicemia generalizada y un estado de coma; todos en la calle del Portón, que consta de una sola cuadra con 30 casas habitación, de las cuales la mitad es vecina directa de la empresa. En muchos casos sólo hay cinco metros entre la trasnacional y las recámaras; en otros, están pared con pared.

Los vecinos son prudentes y dicen no saber si las enfermedades y trastornos están relacionados con la contaminación de laboratorio. Sin embargo, desde 1999 exigen un peritaje (con aval internacional, ya que desconfían de las autoridades mexicanas) con el fin de saber si esa planta farmacéutica representa algún riesgo para la salud de la población y para deslindar responsabilidades. Del peritaje solicitado a diversas instancias, locales y federales, no han tenido respuesta ni de la Secretaría de Salud ni de la jefatura del gobierno capitalino.

Una de las últimas peticiones fue entregada a Andrés López Obrador a principios de 2001 e indica: "Le solicitamos un peritaje interinstitucional de las secretarías de Salud, de Desarrollo Social, del Medio Ambiente y de la Dirección General de Protección Civil, del estado que guardan el hábitat (incluyendo mantos freáticos) y la salud de la población afectada, particularmente de los niños, y en especial de los que habitan en colindancia directa con la planta, avalados (solicitando apoyo a la ONU) por la UNICEF y la OMS/OPS y, según el dictamen, la restauración de daños urbanos y ecológicos, así como atención médica, en tanto los daños a la salud no sean irreversibles. En el último caso una indemnización que permita a los afectados solventar el costo del tratamiento médico vitalicio". López Obrador no ha contestado a ninguno de los cinco escritos.

Los vecinos se han dado a la titánica tarea, desde hace más de un lustro, de documentar las presuntas amenazas potenciales a la salud, la vida y el hábitat, derivadas de las irregularidades perpetradas por Lemery y funcionarios gubernamentales. Los xochimilquenses han conseguido fotos aéreas, los planos del laboratorio, sus dimensiones reales, y las han cotejado con los registros públicos de la propiedad; han rastreado en internet la historia, el funcionamiento, la producción de la trasnacional con lo que han documentado los presuntos ilícitos de la farmacéutica. Desde sus viviendas han fotografiado el trituramiento y embalaje de medicamentos descompuestos o caducos al aire libre, el manejo y transporte de sustancias tóxicas de alta peligrosidad sin los cuidados necesarios, los transportes de materiales peligrosos estacionados en las puertas de las escuelas vecinas, áreas que utilizan como estacionamiento del laboratorio.

Toda la documentación ha sido presentada a las autoridades pertinentes. Todas las instancias a quienes se debe recurrir están informadas desde hace años, sin embargo, lo que debió ser un fallo definitivo para la clausura y demolición de gran parte de la planta, no ha pasado de ser un contratiempo para la empresa.

Guerra sucia contra los vecinos

La trasnacional contraatacó instalando reflectores (dignos de una prisión de alta seguridad), apuntando a las casas, puso a sus guaruras en la azotea e instaló circuitos cerrados de televisión apuntando a los inconformes. Los vecinos han llevado una meticulosa bitácora registrando cada carta, cada agravio, cada entrevista con funcionarios públicos, cada peritaje. Esto ha derivado en la persecución y vigilancia de quienes entran en contacto con los vecinos. Claudia Mayllard, una joven de 18 años de edad, hija de uno de los integrantes del comité técnico de vecinos que estudia el caso del laboratorio Lemery, se queja de haber sido seguida y fotografiada por un desconocido. Dos de los integrantes del comité técnico tuvieron sustos al darse cuenta de que "alguien" presuntamente le había metido mano a la maquinaria de sus coches; y de que sus niños son observados y seguidos al salir a jugar o camino a la escuela. Los vecinos califican todo esto como intimidaciones de tipo gansteril.

El fondo del problema, afirmó Mauro Lara, director de Lemery y, por cierto, nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) "es que nos quieren cerrar porque no les gusta que exportemos y vendamos a precios muy bajos". Los vecinos, por su parte, señalan que el consorcio obtiene el abatimiento de precios a través de violar la ley y los reglamentos así como de la externalización de costos que se traduce en peligro para la salud, el hábitat y la vida de la población agraviada.

La preocupación sobre los daños que pudiera ocasionar el laboratorio llegó a la UNICEF-México. Los vecinos pidieron la intervención del Fondo para resguardar la vida de los menores.

El director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Guillermo Ysusi Farfán, aseguró que el laboratorio sólo tiene autorizados 2 mil 848 metros cuadrados de construcción de los de 4 mil 881 metros cuadrados que posee y que pretende ampliar. Fue el 11 de marzo de 1999 cuando la subdelegación de Obras y Servicios de Xochimilco autorizó de manera irregular la licencia de construcción para la ampliación de la planta. Esta es válida por tres años y caducará el próximo 11 de marzo. Ya provocó que el 2 de octubre de 2000, tres funcionarios de la delegación fueran inhabilitados por tres años por la entonces contralora interna de Xochimilco, Silvia Parra, de acuerdo con el expediente 16/147/99. A decir de la contralora, el ex subdelegado de Obras, Luis de la Piedra, el ex subdirector de Licencias, Marco Juárez, y la ex jefa de la Unidad Departamental de Licencias, Delia Lopezaraiza, incurrieron en faltas administrativas por otorgar licencias a sabiendas de que por ley el laboratorio no podría ampliarse ni un metro más.

Miguel Fernández de Cevallos, abogado que defiende al consorcio ha criticado la mala administración de Laura Itzel Castillo, a la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y aseguró que irá hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de una orden de demolición.

Los vecinos exigen una cosa, sólo una: que Lemery se vaya. Incluso, proponen que se haga efectiva la Ley de Transferencia de Potencialidades, según la cual se le reconocerían al consorcio sus derechos y se le ofrecería su transferencia a un parque industrial y hasta reducción de impuestos y muchas facilidades para su reubicación. Si la Chrysler y la fábrica de Peña Pobre lo hicieron, ¿por qué Sicor-Lemery no?