CLASE POLITICA
Miguel Angel Rivera
LOS ORGANISMOS AUTONOMOS no lo serán plenamente mientras no gocen, también, de autonomía financiera.
EL ANTERIOR PRINCIPIO es uno de los grandes temas a tratarse en la reforma del Estado que, nuevamente, ha tomado actualidad en medios políticos y legislativos del país.
EN LOS ULTIMOS días volvió a tomar intensidad el tema y muchos conocedores creen o confían en que formará parte de la agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión a iniciarse antes de un mes.
EN MAYOR O MENOR medida, todos los partidos políticos destacaron en la pasada contienda electoral la necesidad de realizar cambios en la vida nacional y, entre otros muchos aspectos, uno de los temas insoslayables es el de los organismos autónomos, entre los cuales cabe destacar a la UNAM y en general todas las instituciones de enseñanza superior que gozan de autonomía, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos y los organismos electorales, ya sean federales o locales.
EN LOS TRES aspectos mencionados se tienen pruebas contundentes de la importancia de la autonomía de tales organismos. Baste mencionar la libertad de cátedra tan necesaria para el progreso científico; las acciones de los organismos protectores de derechos humanos para defender a los perseguidos por autoridades; y en el terreno electoral nadie puede negar que la transición fue posible en gran medida gracias a la existencia de instituciones ajenas a toda autoridad gubernamental.
CON TODO Y la importancia de las acciones de los organismos autónomos, todavía hay sectores de nuestra sociedad renuentes a otorgarles todos los recursos económicos para su cabal funcionamiento.
EN MATERIA EDUCATIVA hay quienes consideran preferible dejar todo en manos de instituciones privadas; los defensores de los derechos humanos tienen numerosos enemigos y, finalmente, los organismos electorales sufren ahora el embate de quienes consideran que son "demasiado costosos".
CON UN CRITERIO puramente económico se cree que, lograda la transición política, ya no se justifican los gastos en organismos electorales. Se habla inclusive de establecer relaciones de dependencia de los organismos electorales estatales respecto del federal o, de plano, conferir al Instituto Federal Electoral (IFE) el carácter de único organismo encargado de conducir los comicios, ya sean locales o federales.
QUIENES PROPONEN ESTA relación de dependencia olvidan o tratan de ocultar que al centralizarse la función electoral se propicia nuevamente la dependencia respecto del gobierno federal y en particular de la Secretaría de Gobernación, precisamente lo que se quiso evitar al "ciudadanizar" los órganos electorales.
UNA DE LAS voces que se han levantado en defensa de la autonomía de los organismos electorales es la del consejero del Distrito Federal Rubén Lara León, quien en la primera sesión del IEDF advirtió: "...todo vuelve al redil de la sujeción, porque el ingrediente autonomía financiera se mantiene reservado, de manera que, cada año, las voluntades políticas determinen, siempre a partir de reglas y criterios que solamente ellas conocen, el destino de esa presunta autonomía funcional y operativa, que solamente puede concretarse a partir de las acciones que puedan emprenderse con los recursos asignados".
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