Jueves 7 de febrero de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n No hay presiones sobre el juez del caso, dijo Pacheco Pulido
Pendientes, cuatro amparos en el caso del fraude de 8 mdp al TSJ

Jorge Machuca Luna n n
Aún están pendientes por resolver cuatro recursos de amparo dentro del juicio que se sigue a ocho personas implicadas en el fraude de más de 8 millones de pesos contra el TSJ que fue descubierto en mayo del año pasado.
De acuerdo con información proporcionada en entrevista por el juez octavo de Defensa Social, Fernando Martínez Espinosa, por esa causa y por el número de implicados -que realizan su defensa por separado- la sentencia del proceso 407/2001 podría ser emitida poco después de mayo; empero, "el proceso se lleva a cabo en tiempo y forma", aseguró en entrevista.
Como se recordará, de los ocho implicados, dos laboraban en el Poder Judicial del estado. Olga Alcántara Corona, señalada como la autora intelectual del fraude, se desempeñaba como secretaria de recursos propios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y Claudia Peña Zárate, quien la ayudó para cometer el ilícito, trabajaba en los juzgados de lo familiar.
En mayo del año pasado se dio a conocer que las dos personas citadas junto con José Antonio VigilEscalera Eguibar -ex esposo de Alcántara-, óscar Flores Petlacalco, Jorge Armando Castillo Herrera, Giovanni Baraona Tejeda, Oscar Flores Meneses y Berenice Tamara Cisneros fueron los que organizaron el fraude de manera discreta durante la gestión del anterior presidente del tribunal.
Los procesados, que enfrentan los cargos de fraude genérico en grado de tentativa, falsificación de documentos y sellos oficiales, así como asociación delictuosa, promovieron juicios usando nombres falsos. Entregaban al TSJ documentos bancarios con sellos apócrifos en los que supuestamente se indicaba que se habían hecho depósitos en la cuenta del Poder Judicial, mismo que se encargaba de pagar las cantidades que no se entregaron en el banco a los beneficiarios de juicios por pensión alimenticia.
Los depósitos nunca se hicieron y el fraude se efectuó poco a poco; comenzó a finales de la gestión de Fernando García Rosas como presidente del TSJ y continuó hasta el año pasado, durante la actual administración de Guillermo Pacheco Pulido.
En breve entrevista, éste último señaló que no se ejerce presión alguna sobre el juez octavo de Defensa Social, quien es el encargado del proceso iniciado por el cobro ilegal de 8 millones 76 mil 299 pesos. "La justicia está alejada de presiones", sostuvo tras indicar no estar al tanto del avance del proceso.
El juez del caso indicó ayer que aún continúa el periodo de instrucción y los procesados aún siguen aportando pruebas de su inocencia. La sentencia será dictada en mayo próximo o quizá en los meses posteriores, dijo Martínez.
"Se tiene gran avance (...), siento que ya estamos por declarar agotada la instrucción, pero todavía viene un proceso específico de pruebas donde se dan cinco días para ofrecerlas y 15 para desahogarlas nuevamente", remató.