Aunque
tarde, la comisión investigadora de la Cámara de Representantes
del Congreso estadunidense examinará los registros de todas las
sesiones realizadas el año pasado por el grupo especial de trabajo
para los asuntos energéticos, presidido por Dick Cheney, actual
vicepresidente de Estados Unidos, actas que incluyen sucesivas discusiones
con los dirigentes de la empresa Enron, que acaba de incurrir en quiebra
fraudulenta.
Desde ahora hay que advertir sobre esta investigación y sus posibles resultados, pues lo que bien puede ser legal no siempre es legítimo. Por ejemplo, es legal que la mayoría de los legisladores de la comisión que investiga la mayor quiebra registrada en Estados Unidos ?la que se refiere a la séptima compañía nacional, financiadora de las campañas del presidente George W. Bush y su partido? haya recibido también aportes financieros de dicha compañía, o sea, de quienes organizaron la fraudulenta quiebra y estafaron a sus jubilados, empleados y accionistas.
Es igualmente legal que el secretario adjunto de la Defensa, Thomas White, quien asumió este puesto en mayo de 2001, haya sido de 1998 a la fecha vicepresidente de Enron Energy Services, y que el vicepresidente Richard Dick Cheney y el presidente George W. Bush mantuvieran fuertes lazos de amistad y consultasen frecuentemente al ex presidente de esta empresa energética, Kenneth Lay, a quien el mandatario estadunidense llamaba amistosamente Kenny boy.
Pero es menos claro -de averiguarlo se encargarán los abogados y la policía- el suicidio del único directivo de Enron que protestó porque la compañía escondía su contabilidad a accionistas y que pocas horas antes de su muerte negociaba con un comité del Congreso un acuerdo para aportar pruebas sobre el manejo financiero de la empresa estadunidense.
Tampoco es muy sólido, desde el punto de vista legal, el argumento de Cheney -el temor a una "violación de privacidad"- para no entregar a la comisión parlamentaria las actas generadas en las reuniones del grupo de trabajo gubernamental sobre energía que él presidió y que incluyen sus consultas con Enron.
Sin embargo, es perfectamente legal que un grupo de empresarios del sector energético (como Bush, Cheney, Condoleeza Rice y otros) sean los responsables de la política energética de ese país e incluso de la política petrolera internacional, que incluye, como todos saben, el bombardeo a diversos países y un plan de guerra internacional.
Lo que en otros países sería considerado como incompatibilidad en actos de oficio y obligaría al empresario que quisiese ser político a elegir entre una de las dos profesiones, desprendiéndose de sus intereses económicos o consagrándose sólo a ellos, en Estados Unidos es legal, y el dinero proveniente de las empresas privadas, con las que luego se negociará como autoridad pública, puede ser recibido por los candidatos sin violar la ley.
Pero insistimos: lo que es legal no siempre es legítimo, ya que ese sistema demuestra la estrecha interconexión que existe entre el gran capital y el personal político que lo representa, sirve, defiende y alimenta desde los puestos gubernamentales. Mientras los votantes esperan que quienes forman parte de una administración (o sea, quienes deben administrar el bien público) decidan imparcialmente y para todos por igual, resulta evidente que aquellos que fueron financiados por los grandes empresarios privilegian a los Kenny Boy, con los que conviven diariamente y forman parte de su entorno y fuentes de poder, y no a los anónimos John Smith, aunque éstos sean quienes los eligieron para el cargo.
Ante ello, el sistema parece confirmar grotescamente que "la ley es como el cuchillo: no ofende a quien la maneja", así como la tantas veces repudiada afirmación marxista de que el gobierno es "el comité de representación de la burguesía".
¿Cómo puede entonces el ciudadano común
confiar en que sus gobernantes digan todo lo que saben sobre las andanzas
de sus amigos que los llevaron al gobierno? Aunque todo parezca legal,
es legítimo que el mismo ciudadano dude de las leyes que permiten
les sean robados su jubilación, su dinero, sus acciones y su indemnización
consecuencia de una quiebra fraudulenta.
