Estimada Carmen: La muerte de más de 20 mineros en menos de seis meses en pozos de Múzquiz, Coahuila, propiedad de César de la Garza Herrera, exige la acción penal contra quienes resulten responsables de tales hechos.
El pago de 40 pesos por la extracción de una tonelada de carbón en minas que no cubren las normas de seguridad, administradas por un patrón que violenta la legislación laboral, refleja el drama social en que sobrevive más de la mitad de los mexicanos. ¿Cuáles son los privilegios de que goza el señor De la Garza para seguir explotando minas donde la gente muere bajo condiciones laborales al margen del tan deseado estado de derecho?
¿Qué funcionario de la Secretaría del Trabajo tiene que responder por el flagrante incumplimiento de los derechos más elementales de los mineros? ¿Acaso el gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, no puede destinar parte del gasto público para garantizar condiciones laborales que eviten la muerte de tantos obreros? ¿Es que los coahuilenses no pueden asumir la responsabilidad de revocar su mandato?
Atentamente:
Ana María Vera Smith, secretaria de prensa de Izquierda Democrática Popular
Señalan incongruencias en la política oficial de ciencia y tecnología
Señora directora: La Federación de Colegios del Personal Académico (Fecopa) de la UNAM desea sumarse a las manifestaciones de irritación (por decir lo menos) de los investigadores debido al retraso en el pago del estímulo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Es un hecho que consideramos como una verdadera falta de respeto a la comunidad científica del país y como una muestra de la incongruencia del actual gobierno que dice una cosa y hace otra en materia de ciencia y tecnología.
A lo ocurrido con los recursos destinados del SNI debe agregarse el reciente recorte al monto y desaparición de determinados estímulos con que inicia la nueva rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana; la redefinición del programa de estímulos a la productividad que ya se aplica en diversas universidades (entre ellas la UNAM) y el anuncio de su restructuración para 2003 y la contracción del presupuesto del Conacyt, que afecta directamente proyectos investigación, reduce en forma considerable el número de investigadores y la formación de nuevos cuadros para la ciencia y la tecnología, acota la adquisición de materiales básicos, e impide potenciar y emprender otros proyectos de gran envergadura para producir nuevos conocimientos que tanta falta hacen al desarrollo moderno del país.
A esta situación ominosa y cada vez más desfavorable para los investigadores y para el crecimiento y consolidación de la ciencia y la tecnología en México, se adiciona una política de estado que en lugar de propiciar avances sustanciales, da pasos gigantescos hacia atrás, como lo exhibe el decreto que el Ejecutivo federal envió el 4 de diciembre de 2001 al Congreso de la Unión, para realizar reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, y para expedir la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Aún sin aprobación, esta iniciativa de Vicente Fox presenta aspectos como el establecimiento de un Consejo General de Investigación, Científica y Desarrollo Tecnológico, que funcionaría como órgano de política y coordinación en materia de ciencia y tecnología en todo el quehacer de la administración pública federal.
Este órgano, de carácter completamente centralista, estará tutelado por el Presidente de la República y nueve secretarios de estado, además de algunos representantes de la organización interna de la Presidencia. Este consejo definiría todo: prioridades, criterios, políticas y programas especiales; el tamaño y la orientación del gasto público; llevaría a cabo evaluaciones que se requieran; definiría áreas estratégicas y acciones que haya que emprender.
Se trataría, entonces, de un órgano de decisión absolutista. Para la participación de la comunidad científica -o la empresarial- habrá un Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, al cual no se le asigna ningún mecanismo efectivo para que sus opiniones puedan influir en la conducción de las tareas de ciencia y tecnología.
Estas y otras tantas cuestiones relevantes aparecen en el decreto mencionado, todas ellas de la más directa incumbencia de la comunidad científica, que es a quien se deja en el último lugar para que emita su opinión. La Fecopa considera que, al contrario de lo que establece el decreto, la comunidad científica debe contar con mecanismos propios para participar, contribuir y decidir las políticas en la materia. Más aún, demanda que se amplíe la posibilidad de participación desde planos regionales, estatales y locales. En todo caso, llamamos a los integrantes de la comunidad científica a discutir ampliamente las condiciones actuales de nuestro trabajo, las políticas que se están diseñando para intervenirlo, y opinar de manera precisa respecto de lo que señala el decreto mencionado.
Atentamente:
Mesa directiva de la Fecopa: Axel Didriksson (presidente), Cristina Gómez (vicepresidente), Javier Aguillón y Josefina Morales (secretarios), Berta Espinoza (tesorera), Alma Herrera, Efraín Cruz, Elvira Concheiro, Alejandro Labrador, Guillermo Samaniego, Enrique Ruiz Velasco, Columba Galván y Laura Camarena (vocales)
Señora directora: A propósito de la nota de Claudia Herrera Beltrán que publicó La Jornada el 25 de enero, quiero señalar que desde hace casi 10 años el SNTE ?antes que la mayoría de las organizaciones sindicales? decidió un quiebre mayor en sus reglas internas, que incluyó la supresión de la afiliación corporativa.
Detrás de la reforma estatutaria de 1992 estaba una idea muy clara: que no había cabida en esta organización para una militancia forzada.
Pero el hecho de que el SNTE, como institución, no milite en partido alguno y prohíba la afiliación colectiva, no impide (intentarlo sería una aberración jurídica) que los maestros y maestras -quienes tienen por su origen y formación una acentuada conciencia social- concurran como militantes, cuadros o directivos al partido o la agrupación política que mejor responda a sus aspiraciones.
En estos días, los tres mayores partidos políticos del país -PRI, PAN y PRD- viven sendos procesos de elección de sus direcciones nacionales.
Nada prohíbe, ni la Constitución ni los estatutos del SNTE, la participación política de los trabajadores de la educación; lo único que exige es que respeten el carácter no partidista de nuestra organización sindical y que lo hagan en su tiempo libre.
Los señalamientos de la secretaria de Prensa y Propaganda de la Sección 9 del SNTE, María del Refugio Jiménez, se inscriben en una estrategia de descalificación del Comité Ejecutivo Nacional que no es nueva ni original.
Los maestros tienen una sólida formación cívico-política que garantiza, como siempre, que ellos decidirán libremente su participación en estos procesos. Estamos seguros que desde cualquier trinchera sabrán defender la educación pública laica, gratuita, de calidad y para todos los mexicanos.
Pero en ningún caso la estructura del SNTE estará el servicio de partido o candidato alguno a puesto de dirección. En las elecciones presidenciales del año 2000, como antes en el proceso electoral federal de 1994, nuestro Comité Nacional de Acción Política abrió sus puertas a todos los candidatos para que expusieran sus propuestas y sostuvieran un diálogo cívico con el magisterio. Seguiremos honrando ese compromiso.
Guillermo Aréchiga Santamaría, secretarío
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE