La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que encabeza Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer ayer que solicitó cinco órdenes de aprehensión contra otros tantos comuneros de San Salvador Atenco bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, lesiones, obstaculización de tránsito y ultraje.

Los supuestos delitos habrían sido cometidos en el curso de algunas de las movilizaciones realizadas por los habitantes de aquel municipio mexiquense para protestar por la decisión unilateral del gobierno federal de construir, en el vecino Texcoco, la nueva terminal aérea para el valle de México, operación que implicaría la expropiación de una parte considerable de las tierras de Atenco.

Las movilizaciones referidas son, sin duda, parte de una resistencia social legítima y justificada a la que ahora se pretende penalizar. Con la solicitud de estas órdenes de aprehensión, el gobierno mexiquense pretende inaugurar la persecución y la represión política contra comuneros de San Salvador Atenco.

De esta manera, parecen tomar cuerpo las advertencias formuladas por diversos sectores de la sociedad en el sentido de que la determinación de construir el aeropuerto en Texcoco, independientemente de sus bondades o deficiencias técnicas, estuvo viciada de origen por antidemocrática, inconsulta y posiblemente anticonstitucional si las autoridades judiciales determinan que es aplicable, en este caso, el precepto del artículo 115 de la Carta Magna sobre la facultad de los municipios para determinar el uso del territorio bajo su jurisdicción.

Asimismo, parecen concretarse los temores sobre un conflicto social de grandes dimensiones y consecuencias preocupantes: si el gobierno mexiquense es suficientemente insensible para dar tratamiento policiaco y penal a la movilización de una comunidad que intenta defender sus tierras ancestrales, los descontentos se multiplicarán.

En suma, si la procuraduría estatal logra obtener las órdenes de aprehensión y las ejecuta, se estará echando gasolina al fuego de un conflicto social generado por la torpeza política y humana con que ha pretendido imponerse la realización de la obra referida.

No puede ignorarse, finalmente, que el cabildo de San Salvador Atenco, junto con los de Texcoco y Acolman, así como el gobierno del Distrito Federal, han expresado la determinación de los lugareños de recurrir a las vías legales --en concreto, a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación-- para revertir las expropiaciones de tierras que pretende realizar el gobierno federal para iniciar en ellas la construcción del aeropuerto.

Por elemental sensatez, las autoridades estatales y federales deberían esperar y acatar el resultado de esas querellas legales en curso y abstenerse de iniciar nuevas provocaciones contra los pobladores de los municipios afectados por la edificación de la nueva terminal aérea.