Ť Legisladora de Batasuna acusa violación de derechos "en la más absoluta impunidad"

Ratifica Garzón la ilegalidad de Gestoras pro Amnistía, defensora de separatistas vascos presos

Ť Advierte el juez que otras organizaciones como Askatasuna correrían la misma suerte

DE LA REDACCION

El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, ratificó en un auto judicial la ilegalidad de las actividades de la organización Gestoras pro Amnistía, dedicada a defender los derechos de separatistas vascos presos, y en el que además advierte que adoptará la misma medida judicial "contra las sucesivas organizaciones que la sustituyan", citando expresamente a Askatasuna (Libertad), de reciente creación.

La parlamentaria de la coalición Batasuna, Jone Goirizelaia, afirmó que el auto dictado el pasado día 21 y trasladado este miércoles a las partes por Garzón demuestra que "estamos ante un Estado que, desde su punto de vista, quier dar ejemplo de limpieza democrática para seguir vulnerando derechos fundamentales con la más absoluta impunidad".

La legisladora de dicha coalición, considerada por Madrid brazo político de la organización armada vasca ETA, agregó que "si el Estado quita de en medio a testigos incómodos", quienes han denunciado, entre otras cosas, torturas y otras violaciones a los derechos humanos de separatistas presos, "se podrá seguir utilizando la política cruel contra los presos políticos, vulnerando sus derechos aplicando leyes antiterroristas".

El auto judicial de Garzón sostiene que Gestoras pro Amnistía forma "parte integrante de ETA-KAS-Ekin", tal como quedó asentado en un documento emitido el pasado 21 de diciembre. Se afirma, además, que Askatasuna" será objeto de una resolución aparte", pero que dicha organización será objeto de las mismas medidas adoptadas contra su antecesora Gestoras, pues "mantiene los mismos postulados y actividades que fraudulentamente quieran desconocer".

El juez asevera que Gestoras, organismo que oficializó su desaparición en una comparecencia pública cinco días antes de ser declarada ilegal, ha sido sustituida por Askatasuna, a la que se considera su equivalente político, y por lo tanto, susceptible de ser también declarada ilegal.

Garzón aseguró, al igual que en el texto judicial por el que encarceló y procesó a 13 ciudadanos vascos vinculados con el movimiento pro Amnistía, que Gestoras es una estructura "creada por la organización terrorista ETA-KAS-Ekin, con la única finalidad de contribuir a la realización de los mismos objetivos delictivos perseguidos por todo el complejo".

Además, el juez califica de "descabellado e inconcebible" que en el recurso presentado por la defensa de Gestoras pro Amnistía se equipare a este organismo ya desaparecido con Amnistía Internacional. Asimismo, Garzón desestima también el que la defensa de la organización haya denunciado que las declaraciones de los miembros de Gestoras se hayan obtenido bajo tortura. "Es un mero argumento de impugnación que demuestra la falta de solvencia de la argumentación", sostiene.

La abogada Goirizelaia, por su lado, subrayó que la gravedad de la medida contenida en la resolución de Garzón, a la que calificó de ser decidida por el gobierno español, es con el único objetivo de "desaparecer el movimiento en favor de los presos y en favor de sus derechos".

Explicó que Askatasuna ha transmitido a la sociedad las vulneraciones de derechos que acarrean la aplicación del régimen de incomunicación a los detenidos, la política de dispersión y la utilización de la "legislación antiterrorista". Citó como ejemplo que el nuevo organismo, en su breve existencia, ha difundido el testimonio de torturas sufridas por Susana Altxarandio y Juan Cortés, detenidos el pasado día 17, durante los cinco días que estuvieron incomunicados y en poder de la Guardia Civil.

La legisladora añadió que el auto de Garzón tiene una base de "persecución política clara. Si en el pasado se persiguió a la cultura vasca, al euskara y a la desobediencia civil, ahora se concreta en el movimiento de defensa de los derechos de los presos y en la denuncia de la vulneración de esos derechos". Sotuvo que si Askatasuna es declarada ilegal, los derechos de los presos serán defendidos "por la propia sociedad vasca".