Ť La prescripción legal de los delitos seguirá siendo clave para que proceda la averiguación
Ordenará la Corte a la PGR la reapertura de las investigaciones sobre la masacre de Tlatelolco
Ť El próximo miércoles establecerá la obligación de atender la demanda de ex líderes del 68
JESUS ARANDA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará a la Procuraduría General de la República (PGR) que reabra la investigación sobre la denuncia presentada por ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968 con relación a la matanza de Tlatelolco.
En la sesión que celebrará el próximo miércoles la Sala Civil y Penal del máximo tribunal, los cinco ministros que la integran establecerán la obligación del Ministerio Público Federal de comenzar la indagatoria correspondiente.
El proyecto elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero estaba listo desde el año pasado, y que contaba con el consenso de sus compañeros en el sentido de que la PGR "fundara y motivara" su negativa de abrir la averiguación, con lo que de facto daba lugar a la apertura de las indagaciones.
Fuentes de la Suprema Corte reconocieron, por otra parte, que el anuncio sobre la creación de una fiscalía especial para desaparecidos hecho por la propia PGR el pasado 4 de enero, influyó para que los ministros determinaran acortar los tiempos y resolver este asunto en el que es señalado como uno de los principales responsables el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien a pesar de haber fallecido hace años aparece en el expediente de la causa como "tercero perjudicado".
Después de analizar el pasado miércoles, en sesión privada, el proyecto de dictamen de Sánchez Cordero, los ministros Juventino V. Castro, Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios consideraron que el tema ya había sido suficientemente discutido, por lo que se programó para el próximo miércoles la sesión pública.
Las fuentes consultadas aclararon que el hecho de que se ordene abrir la indagatoria no quiere decir que ésta proceda, pero dada la decisión del Ejecutivo federal de investigar las desapariciones forzadas de los años setenta y ochenta, están dadas las condiciones para que la PGR proceda también a investigar los hechos ocurridos en Tlatelolco. La prescripción legal de los delitos seguirá siendo importante para la procedencia de la averiguación, indicaron.
Cabe señalar que al cumplirse 30 años de los hechos, Raúl Alvarez Garín, Roberto Escudero, Félix Cuevas Hernández Gamundi, César Tirado, José Gilberto Piñeiro Guzmán , Roberto Vázquez Camarena y Javier Ramos Rodríguez, quienes fueron miembros del Consejo Nacional de Huelga, presentaron una demanda formal ante la PGR en contra de quien resulte responsable por los delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, todos ellos ocurridos el 2 de octubre de 1968.
Sin embargo, días después, el director general del Ministerio Público Especializado "A", Aquiles Monter Ortega, determinó que los delitos referidos ya habían "prescrito" y que precisamente la "fecha fatal" fue el día que se interpuso la demanda.
Ante esa respuesta, los demandantes resolvieron interponer un amparo en contra de la decisión del Ministerio Público Federal, que se negó a abrir la averiguación previa.
Después de un largo proceso legal, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se turnó a la Sala Penal y Civil.
La opinión inicial de los ministros fue la de ratificar la decisión del Ministerio Público Federal en razón de la prescripción de los delitos, pero finalmente modificaron su postura sobre la reapertura de la investigación.