Directora General: Carmen Lira Saade

México D.F. Viernes 25 de enero de 2002

Política

Ť Confirma haber sostenido un encuentro con la dirigencia nacional del tricolor

Nada que tenga que ver con impunidad está en la mesa de negociación, advierte Creel a priístas

Ť El secretario les ofrece garantías de pleno apego a la ley en la investigación del caso Pemex

ALONSO URRUTIA

El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, confirmó haber sostenido un encuentro con la dirigencia nacional del PRI, a cuyos miembros advirtió que ninguna cuestión que tenga que ver con la impunidad está en la mesa de negociación. ''Jamás se ha planteado, ni tampoco ha sido objeto de negociación, la aplicación o no de la ley'', comentó ayer el funcionario federal.

En dicho encuentro, el secretario ofreció a los priístas garantías de que el procedimiento de investigación del caso Pemex se llevará a cabo por el cauce estricto de la legalidad, ''sin escándalos, simple y llanamente aplicando la ley''. En caso de que se encontraran irregularidades, ''se van a hacer las consignaciones y a pedir a los órganos judiciales, a los tribunales del país, que deslinden responsabilidades''.

-ƑEn la reunión los priístas exigieron a Gobernación detener los embates?

-Lo que yo reiteré en una y otra ocasión fue que el gobierno aplicaría la ley. Esa es la función del gobierno. Y que los propios procedimientos tendrían que dar de sí en el sentido de conformar o no los delitos en lo particular, la asignación de esos delitos o la imputación a las personas. Por supuesto que el procedimiento seguirá su curso normal, y por normal quiero decir de plena legalidad.

Indagatoria sobre personas específicas

A juicio del gobierno es fundamental que esto se esclarezca y ''que se esclarezca bien para establecer con claridad quién pudo ser responsable de conductas delictivas'', dijo el funcionario.

Creel mencionó que en su reunión también quedó claro que la investigación se está realizando sobre personas específicas, ''no en contra de las instituciones, sean instituciones como Petróleos Mexicanos, el sindicato petrolero o el propio Partido Revolucionario Institucional''.

El secretario eludió abordar explícitamente si, como lo difundieron los priístas, le plantearon un ultimátum al gobierno federal para que detuviera lo que consideraban un ataque al partido tricolor.

''Me expresaron su preocupación por la politización del caso particular de Pemex, que ha sido presentado por la Contraloría y retomado por la PGR, en el sentido de que se tratara de un ataque contra el PRI.''

A la reunión acudieron la presidenta priísta, Dulce María Sauri; el secretario general, Jesús Murillo Karam, y los coordinadores parlamentarios, Enrique Jackson, del Senado, y Rafael Rodríguez Barrera, de la Cámara de Diputados.

El encuentro del pasado martes no ha sido el primero en torno al caso Pemex, pues según trascendió los priístas supieron que se habían detectado irregularidades desde mediados de 2001 y desde entonces han sostenido diversas reuniones en Gobernación.

En todas ellas la postura gubernamental fue de profundizar en la investigación para esclarecer las irregularidades, sin politizar el tema, lo cual así se mantuvo hasta que se conoció públicamente la investigación de la PGR y se desataron las reacciones del PRI.

No hay persecución de grupo

Durante una conferencia de prensa, Creel dijo que las investigaciones no van dirigidas contra un determinado grupo político, pues ''no somos un gobierno de guerra, sino de leyes''. El caso se ha tratado con plena legalidad y objetividad ''de tal suerte que puedan esclarecerse los hechos y se puedan deslindar responsabilidades, pero no queremos que se politice la procuración y administración de justicia''.

-ƑLas relaciones con el PRI no se ponen en riesgo?

-Las relaciones con el PRI son relaciones de diálogo, de respeto, así se los reiteré en el último encuentro que he tenido con ellos, en donde nunca han estado en la mesa de negociación cuestiones que tengan que ver con impunidad.

El secretario continuó: ''Justo es decirlo porque jamás se ha planteado, ni tampoco ha sido objeto de negociación alguna, la aplicación o no de la ley. Justo es decirlo porque también se ha escuchado mucho de que puede ser objeto de negociación algún tipo de aplicación de la ley que se pueda dar en este caso''.

Una cosa es la relación política normal que tiene el gobierno con los partidos de oposición y ''otra muy distinta son las funciones del propio gobierno que se ciñen a la aplicación de la ley''.

Creel rechazó que desde el gobierno se hayan violentado disposiciones legales al dar a conocer informaciones sobre una indagatoria en curso, ya que sólo se ha comunicado que hay una investigación, el resto de lo que se ha dado a conocer ha sido trabajo de los medios de comunicación.

Nuevas adhesiones al acuerdo político

Por la mañana, el secretario de Gobernación encabezó la firma del Acuerdo Político Nacional para el Desarrollo y el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Cultura Democrática, al que se adhirieron 28 agrupaciones políticas nacionales, en medio del escándalo desatado por las investigaciones del caso Pemex.

Durante el acto, Santiago Creel habló de que la firma de dicho acuerdo por los principales partidos, el Congreso de la Unión y gobiernos estatales es muestra de ''la madurez que se ha logrado en la política nacional''. Es muestra, señaló, de que se puede consolidar el diálogo y el consenso como ''prácticas habituales de nuestra democracia''.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Juan Molinar Horcasitas, rechazó que el acuerdo político haya perdido vigencia con las investigaciones relacionadas con el PRI y los desencuentros que hubo durante la discusión final de la reforma fiscal. ''El acuerdo no cancela las diferencias'', explicó.

A pregunta expresa sobre una presunta precisión del PRI de bajar el tono de las críticas desatadas a raíz del caso Pemex, Molinar expresó que no ha habido ningún acuerdo incorrecto con el tricolor, partido con el cual, aseguró, hay relación fluida pues hay una investigación legal sobre irregularidades, pero no se han tomado acciones específicas contra un organismo político.