Ť Mal formulada, petición para asegurar dinero difícil de explicar del ex funcionario

Descongelan cuentas de Izábal por error de MP

Ť La Procuraduría capitalina podría intentar de nuevo, si "purga los vicios" de la solicitud

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El juzgado cuarto de distrito en materia de amparo determinó descongelar las cuentas bancarias del ex oficial mayor de la Procuraduría General de la República, Juan Manuel Izábal Villicaña, así como las de sus familiares. Es decir, estos últimos podrán disponer de los recursos que permancieron asegurados desde marzo de 2001.

Izábal Villicaña se suicidó el 8 de marzo de 2000, un día después de que el entonces procurador Jorge Madrazo Cuéllar fuera informado del registro de cuentas con "movimientos extraños" en el Citibank, las cuales estaban a nombre de un alto funcionario de la dependencia a su cargo.

En el Citibank fueron localizadas varias cajas de seguridad en las que había 700 mil dólares, dinero "difícil de explicar", según el contenido de una de las dos cartas póstumas de Izábal.

El presunto suicidio y el dinero hallado provocaron el inicio de varias investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Las indagatorias motivaron el aseguramiento de las cuentas bancarias del ex funcionario y sus familiares cercanos, incluyendo las de su hermano Eduardo; sin embargo, esto aconteció en marzo de 2001, un año después de ocurrido el suicidio. Según el expediente, la petición se formuló con base en los requerimientos de la averiguación previa 258/00-3.

La mañana del 8 de marzo de 2000 Izábal Villicaña fue encontrado muerto en su camioneta. Estaba sobre el volante del vehículo, el cual fue localizado a una calle de su casa en el sur de la ciudad de México.

Cuando la policía lo encontró tenía una pistola en la mano derecha y sus lentes estaban en su lugar. No hubo una explicación clara de cómo fue que si se disparó en la boca, y el impacto hizo que la cabeza rebotara contra el respaldo del asiento y se volcara hacia el frente, no había perdido las gafas ni soltado el arma.

En esa fecha, Jorge Madrazo Cuéllar reveló, en conferencia de prensa, que el día anterior -7 de marzo-, funcionarios del Citibank se pusieron en contacto con él para informarle del hallazgo realizado al abrir unas cajas de seguridad. Luego de tres avisos para que se retirara el contenido de las citadas cajas, Izábal Villicaña hizo caso omiso, y como la sucursal donde se encontraban los 700 mil dólares sería cerrada, se procedió a su apertura.

Cuando se conoció públicamente de la muerte de Izábal Villicaña, también se informó de dos cartas póstumas -supuestamente escritas por el ex oficial mayor-, una dirigida a las autoridades, en la que pedía que no se culpara a nadie de su muerte; la otra, para su esposa, en la que le indicaba: "las cajas de seguridad no sólo tienen documentos, como te dije; también hay dinero que resulta difícil explicar. Es producto de negocios que he hecho, pero que en mi posición de servidor público no se entenderían. No es de narcos ni mucho menos, pero no lo declaré y las circunstancias me ponen contra la pared".

Entonces las autoridades capitalinas procedieron a solicitar el aseguramiento de todas las cuentas bancarias de Izábal Villicaña y sus familiares cercanos, ante la sospecha de un posible delito de lavado de dinero.

El Ministerio Público adscrito a la 23 agencia del segundo turno de la delegación Tlalpan formuló mal la solicitud de aseguramiento, y ello permitió que el dinero de Izábal Villicaña y sus familiares sea devuelto.

En el expediente no se menciona si los 700 mil dólares depositados en cajas de seguridad del Citibank también pasarán a manos de los familiares del ex oficial mayor de la PGR, pero ese capital también formó parte de los recursos que las autoridades del Distrito Federal aseguraron con motivo de las investigaciones, de las cuales ya no se ha informado públicamente.

Mediante el juicio de amparo 944/2001, promovido por Eduardo Izábal Villicaña, como representante legal de Clara Villicaña -esposa del extinto ex funcionario de la PGR- y de otros familiares del ex oficial mayor, se solicitó la liberación de las cuentas.

El juez Jorge Carenzo Rivas consideró que era procedente el descongelamiento ante la falla jurídica de la PGJDF.

De manera textual, el impartidor de justicia otorgó la suspensión -amparo- que deja "insubsistente el aseguramiento de las cuentas", pero posibilitó que las autoridades capitalinas vuelvan a congelar el dinero "purgando los vicios formales de que carecía" su solicitud girada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que en su momento fue mal planteada. Es decir, cuando cumpla los requerimientos de ley.

En el primer punto de acuerdo del juicio de garantías ganado por la familia Izábal, se establece que ésta queda bajo la protección de las autoridades judiciales federales contra actos de autoridad de las procuradurías capitalina, General de la República y de todos los jueces federales con sede en la ciudad de México.

El segundo punto de la resolución señala que protege a los demandantes contra actos de la 23 agencia del Ministerio Público local y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Algunas de las cuentas liberadas son: American Express, número 370700474081004; Serfin internacional número 494134060327807; Bancomer internacional, folio 4555000112207643, y Confía Abaco con número 4513351031020000, todas a nombre de Juan Izábal Villicaña, así como las que están a nombre de "Alejandra Victoria Martínez Penucho y/o Clara Villicaña", además de las de otros familiares, incluyendo las de Eduardo Izábal, hermano del ex oficial mayor.