Iván Restrepo

Estrategia binacional contra tráfico de especies

En noviembre pasado se reunieron autoridades ambientales de México y Guatemala con el propósito central de definir una estrategia para combatir el comercio ilegal de especies animales y vegetales que se realiza a través de la frontera común. Se trata de un asunto en el que también se encuentran involucrados otros países del área: Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, de donde procede parte de ese comercio, así como Estados Unidos, destino final de la mayor parte de la flora y la fauna ilegales.

Según datos oficiales, después del narcotráfico, la actividad ilícita que más reditúa en Centroamérica y México es el tráfico de especies amenazadas o en peligro de extinción. Tiene la enorme ventaja para quienes la realizan de que es poco vigilada, pues se efectúa por zonas de difícil control institucional y se facilita gracias a una bien pulida cadena de intermediarios que comienza en las áreas rurales de los países ricos en biodiversidad y termina en tiendas ubicadas en las principales ciudades de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón, principalmente. Esa cadena funciona también gracias a la corrupción de funcionarios, a la ignorancia que muchos de ellos tienen sobre las leyes internacionales de protección de especies, y a la falta de medidas de control aduanero.

En todo el mundo, mientras es más escasa una especie, más debe pagar el interesado en poseerla. Y como siempre ocurre, las utilidades de este negocio quedan en manos de los grandes tiburones. En cambio, reciben una migaja los campesinos que muchas veces por necesidad o ignorancia capturan y venden especies cuyo comercio está prohibido nacional e internacionalmente.

En el caso del comercio de maderas preciosas, de alto valor en el mercado, existen grupos que patrocinan la tala de la selva y el posterior traslado del producto maderable hasta su destino final. Cuentan para realizar esa actividad ilegal con campesinos necesitados, falta de vigilancia oficial y, de nuevo, autoridades corruptas que se hacen de la vista gorda al paso de los cargamentos de madera hasta llegar al comprador final. Apenas unos cuantos implicados en el comercio son detenidos y generalmente son los peones contratados para realizar la tala de árboles y aserrarlos en campamentos establecidos selva adentro.

Aquí comentamos hace un par de años el caso de varios campesinos de Campeche detenidos en Guatemala en plena faena de talar árboles de caoba. Alegaron en su defensa que se habían perdido en la selva. Pero nunca pudieron explicar qué hacían y de quién era el moderno equipo para aserrar árboles que traían consigo. Fueron puestos en libertad gracias a las gestiones de las autoridades mexicanas. Quienes los mandaron a "rasurar" la selva al otro lado de la frontera sur nunca fueron localizados.

Las autoridades de Guatemala y México prometieron en su reunión de noviembre que el 15 de diciembre pasado divulgarían el contenido de la estrategia para "sellar" ambientalmente la frontera común que busca prevenir y combatir el comercio ilegal de especies animales y vegetales. Sin embargo, parece que asuntos más urgentes en ambos países ocupan la atención de los funcionarios responsables de la estrategia citada, pues la ciudadanía no ha sabido nada de ella. La desconocen incluso las autoridades de varios municipios fronterizos pertenecientes a los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, y que por su ubicación geográfica tendrán que participar activamente y en coordinación con sus homólogos de Guatemala y Belice en combatir el tráfico ilegal de especies. En cambio, en buena parte de ellos se tiene identificados a quienes patrocinan esa actividad ilícita, así como su forma de operar.

Pero además, para que una estrategia destinada a prevenir ilícitos dé los resultados previstos, requiere de campañas de divulgación que le muestren a la ciudadanía la importancia de lo que se pretende realizar. En el caso del tráfico de especies, muchas veces la gente desconoce su importancia y la necesidad de preservarlas, de cuidar la diversidad biológica del país. Es de esperarse entonces que el contenido del "sellamiento ambiental" de la frontera entre Guatemala y México no se quede en las oficinas burocráticas, sino que la población participe en la medida de lo posible. Y, de paso, se mejoren los ingresos de los grupos rurales más pobres, a fin de evitarles la tentación de atentar contra la biodiversidad por necesidad.