Ť En derechos humanos, el gobierno federal mantiene un doble discurso, sostienen

Persisten las amenazas contra activistas: ONG

Ť Se creará una unidad en la SG para coordinar las acciones, anuncia Ricardo Sepúlveda

ALONSO URRUTIA

Al reanudarse los encuentros entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y organizaciones defensoras de derechos humanos éstas acusaron al gobierno federal de mantener un doble discurso en la materia: por un lado, en Gobernación se desahoga una agenda de prioridades en derechos humanos y, por otro, desde la Procuraduría General de la República (PGR) se acusa a dichas organizaciones de que sólo están interesadas en obtener el financiamiento internacional y continúan las amenazas contra los miembros de las mismas.

Por su parte, el director de la Unidad de Estudios Legislativos de Gobernación y responsable en las pláticas, Ricardo Sepúlveda, anunció que se creará una unidad en esta dependencia para coordinar todas las acciones del gobierno federal en materia de derechos humanos. Precisó que su creación se formalizaría una vez que sea aprobado el nuevo reglamento de la secretaría.

Durante casi dos horas las organizaciones no gubernamentales (ONG) evaluaron los avances que se han tenido desde que se iniciaron las reuniones para discutir la situación de los derechos humanos en México. Los representantes de las ONG plantearon su preocupación por los escasos avances que se han obtenido en las investigaciones del asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Aunque las ONG señalaron que se han logrado avances en las negociaciones con Gobernación para reivindicar el papel de los defensores de derechos humanos, acusaron a la PGR, en especial a la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, de desacreditarlas y acusarlas sin fundamento de que son organizaciones que lucran con los donativos.

Eréndira Cruz, del Centro Nacional de Comunicación Social, y Mercedes Murillo, del Frente Cívico Sinaloense, deploraron la concepción que se tiene en la PGR. No se dan cuenta, dijo Murillo, de que al defender los derechos humanos estamos defendiendo la preservación de la legalidad en el país.

Ante las evidentes contradicciones entre las posturas de Gobernación y la PGR, es necesario que el Ejecutivo defina una política de Estado en materia de derechos humanos, aseveró Rodrigo Olvera, del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Necesitamos no sólo esta política sino también que existan los mecanismos institucionales que permitan dar respuesta a la problemática de derechos humanos en general y no se responda sólo en casos concretos.

Plantea institucionalizar el trabajo

La respuesta a las contradicciones denunciadas por las ONG fue el anuncio que hiciera Sepúlveda en el sentido de crear un área específica que coordine los esfuerzos y la política de derechos humanos del gobierno federal.

"Nosotros tenemos el firme propósito de institucionalizar el trabajo de derechos humanos y crear una dependencia en la secretaría que coordine los esfuerzos de la administración pública, la Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras, porque la labor de derechos humanos compete a todo el gobierno."

Dicha unidad coordinadora también entraría en contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ésta también organiza una labor por mandato constitucional de defensa de tales derechos.

Sepúlveda dijo que Gobernación tiene interés en ampliar la agenda a discutir con las ONG, para lo cual se va a promover un foro de derechos humanos donde se discutan otros ámbitos, como el derecho de los migrantes, de los reclusos, entre otros.

Los representantes de las ONG denunciaron que a pesar de que se han instrumentado acciones para reivindicar la defensa de los derechos humanos y prevenir que se repitan casos como el de Digna Ochoa, las amenazas han continuado.

Olvera comentó que a su organización (Cereal) han llegado mensajes intimidatorios semejantes a los que le hicieran a cinco defensores de derechos humanos días después de la ejecución de Ochoa. "Nos han llegado extractos de aquellos mensajes, en el sentido de que se tenía que dar una cantidad de dinero para preservar la vida". De igual forma, una organización recién creada en Tabasco recibió llamadas intimidatorias y amenazas de personas que se ostentan como miembros de la PGR.

Por estas razones las ONG demandaron que las acciones que impulsa Gobernación involucren a otras dependencias federales, estatales y municipales, ya que se requiere de un programa de sensibilización de todas estas autoridades para reducir el hostigamiento.