Ť Era el séptimo emporio más fuerte del país y principal contribuyente de políticos

El derrumbe de la empresa Enron, eventual Watergate del gobierno de George W. Bush

Ť Por lo menos 15 altos funcionarios del gabinete fueron accionistas, incluido Rumsfeld

Ť Hace un par de meses cada acción valía 80 dólares; hoy vale menos de 70 centavos

JIM CASON Y DAVID BROOKS' CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 14 de enero. El derrumbe de la empresa Enron ha desplazado la guerra en Afganistán como nota principal en el debate político y los medios de este país, y algunos ya están considerando el asunto como potencial Watergate o Whitewater del gobierno de George W. Bush.

A la vez, la creciente controversia sobre el caso Enron es aún más complicada, ya que revela el secreto abierto más peligroso en este país: la íntima relación entre el dinero y el poder en la democracia estadunidense.

La que era la séptima empresa más grande del país fue el principal contribuyente financiero de la carrera política del ahora presidente George W. Bush; por lo menos cuatro miembros del gabinete en algún momento recibieron apoyo financiero, mantuvieron contacto y/o invitaron a participar a la empresa en la elaboración de la política económica del país y, al menos, otros cuatro altos funcionarios del gobierno de Bush trabajaron para Enron.

Según el Center for Public Integrity en Washington, por lo menos 15 altos funcionarios del gobierno de Bush eran accionistas de Enron, incluidos el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; el asesor presidencial, Karl Rove; el subsecretario del Tesoro, Peter Fisher; el secretario del Ejército, Thomas White, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick. Este último junto con el asesor económico de la Casa Blanca, Lawrence Lindsey, fueron anteriormente asesores contratados por Enron.

Casi todo ha sido para republicanos

Pero la influencia política de Enron no sólo se limita al Poder Ejecutivo: casi tres cuartas partes de los senadores y casi la mitad de los miembros de la Cámara baja del Congreso estadunidense han recibido contribuciones financieras electorales de Enron, reportó otro centro de investigaciones aquí, el Center for Responsive Politics. Según su análisis, 71 senadores (de los 100 en total) y 187 representantes (de 435 en total) recibieron contribuciones políticas de Enron entre 1989 y 2001.

Según el Center for Responsive Politics, Enron ha contribuido con 5.7 millones de dólares a ambos partidos políticos desde 1989, de lo cual, 73 por ciento ha sido para los republicanos. El presidente de Enron, Kenneth Lay, y otros ejecutivos fueron los principales benefactores de Bush, contribuyendo con 623 mil dólares a lo largo de su carrera política, según el Center for Public Integrity.

Sin embargo, Enron no es un caso excepcional en sus operaciones políticas, muchas otras grandes empresas buscan acceso o influencia a través de los mismos mecanismos: contribuciones financieras a campañas políticas, contratar abogados y cabildistas que garantizan acceso a la cúpula política, el ingreso de ex empleados y representantes de la empresa a puestos de gobierno, la participación en comisiones y foros oficiales, así como tantos otros mecanismos más que forman parte del juego político aquí entre los intereses económicos más ricos y los políticos electos.

Tampoco hay prueba -hasta la fecha- de que los políticos beneficiados por Enron, particularmente los del gobierno de Bush, han actuado ilegalmente o hayan cometido alguna violación de las normas o leyes en relación con el caso de Enron.

Pero la imagen de una empresa íntimamente relacionada con el presidente Bush, su equipo y cientos de legisladores, en quiebra -de hecho la bancarrota empresarial más grande de la historia del país- con sus ejecutivos escapándose del desastre con millones de dólares y dejando en el desempleo a miles de trabajadores cuyos ahorros y fondos de jubilación estaban en acciones de la empresa que ahora valen nada, es una magna pesadilla política.

La Casa Blanca lo entiende bien, y ha hecho todo para distanciar a Bush y su equipo de Enron. Pero la relación antigua de esta empresa con miembros prominentes de este gobierno -entre ellos el vicepresidente Dick Cheney- será difícil de ocultar. De hecho, Lay tiene una relación íntima con la familia Bush. Fue uno de los principales contribuyentes y recaudadores de dinero para el ex presidente George Bush, padre del actual mandatario, y fue nombrado presidente de la Convención Nacional Republicana en 1992. Su generosidad continuó con la próxima generación de los Bush. Ahora, toda esta relación formará parte de la pugna política existente entre demócratas y republicanos dentro de Washington, mientras que ambos lados buscan cómo defenderse como políticos que participan en un sistema en el que todos están implicados.

"Todos estamos manchados por los millones y millones de dólares aportados por los ejecutivos de Enron", afirmó el senador John McCain, quien reconoció haber aceptado más de 9 mil dólares de la empresa para sus campañas electorales.

Fraude económico con consecuencias políticas

El desastre económico de Enron, empresa que se derrumbó por prácticas de contabilidad ficticias, distorsión de informes económicos, y la construcción de actividades económicas que ofrecían la apariencia de un gran negocio cuando en verdad los resultados financieros eran lo contrario, es tal vez el mejor ejemplo de lo que sucedió en el mercado de valores durante los 90: un desconecte entre la actividad económica productiva real y la imagen ficticia que el valor de las acciones en la Bolsa de Valores registraba.

Hace un par de meses las acciones de Enron eran superiores a 80 dólares; hoy valen menos de 70 centavos.

Pero la ficción de la prosperidad fue promovida por el presidente de la empresa Kenneth Lay hasta agosto del año pasado, informando a los empleados que el futuro sólo sería mejor. Sin embargo, para el momento en que Lay enviaba un correo electrónico señalando esto a sus empleados, él ya había vendido 40 millones de sus propias acciones de la empresa en 2001, divulgó el representante Henry Waxman, uno de varios legisladores que realizan una investigación sobre el caso de Enron.

De hecho, mientras Wall Street continuaba promoviendo la empresa y se elevaba su valor en la Bolsa, un grupo de 29 ejecutivos y directores de Enron empezaron a vender sus acciones, recibiendo 1.1 mil millones de dólares de sus ventas entre 1999 y el 2001, según cifras oficiales divulgadas por el diario The New York Times. Todos ellos, incluido el propio presidente de la empresa, continuaron vendiendo sus acciones hasta poco antes del desplome en su valor.

Unas cuantas semanas después, en octubre (reconoció la semana pasada la Casa Blanca), Lay se estaba comunicando con el gobierno de Bush para solicitar ayuda ante la creciente catástrofe de su empresa. Según la Casa Blanca, los secretarios del Tesoro, Paul O'Neill, y de Comercio, Donald Evans, dialogaron con Lay y el subsecretario del Tesoro Fisher (antes accionista de la empresa), y afirmaron que no intervenieron. La Casa Blanca insiste en que el presidente Bush nunca fue informado de estos intercambios hasta la semana pasada. Pero la interrogante ahora es precisamente por qué el gobierno de Bush no hizo nada para evitar las consecuencias para miles de empleados y accionistas de un desastre anunciado.

Este domingo el secretario del Tesoro, Paul O'Neill, dijo en entrevista por televisión que no estaba sorprendido por el colapso. "Las empresas van y vienen. Es parte del genio del capitalismo", afirmó, señalando que las buenas y las malas decisiones son recompensadas o castigadas por el "sistema". Pero el problema es, como señaló Bob Herbert, columnista de The New York Times, que las decisiones dentro de Enron dejaron enriquecidos a sus ejecutivos con miles de sus empleados y accionistas pagando los costos.

La ficción de una empresa exitosa

La responsabilidad por este desastre ahora será intensamente investigada por el gobierno de Bush, ocho comités o subcomités legislativos, agencias de regulación de Wall Street y los medios. El origen de esta catástrofe apunta hacia los responsables de promover la gran ficción de una empresa exitosa y vital -tal vez puede hasta definirse como un fraude- en Wall Street, tanto las agencias contables como las grandes financieras y banqueros que promovían la inversión en Enron.

Pero este cuento también se trata de la relación intima entre el gran dinero y la vida política de esta nación, a sus niveles más altos, y es aquí que durante los próximos meses, tal vez más, hay un potencial para convertir este desastre financiero en un escándalo político de primera magnitud.

La primera audiencia legislativa sobre el caso será convocada la próxima semana por el senador Joseph Lieberman, quien hoy dijo que por ahora esto es "un escándalo empresarial" de ejecutivos defraudando a accionistas y empleados, y que "está aún por verse si esto es un escándalo gubernamental".

Pero los vínculos entre la empresa y la cúpula política revelan la relación intima entre los "grandes intereses" y los representantes de una "democracia" -supuestamente, los de todo el pueblo. Aún si no se detecta ninguna violación de las leyes por el gobierno, lo descubierto -una vez más- es un factor fundamental de este sistema, la influencia del dinero sobre el ejercicio democrático en este país.

"Enron era la empresa mejor conectada en Washington, no sólo con la Casa Blanca, sino también con los efectivos en el Capitolio. Lo que deseaba hacer era operar en la oscuridad, y obtuvo lo que deseaba", escribió Herbert en The New York Times.

Llegará hasta la Casa Blanca la investigación sobre quiebra de Enron

Los investigadores del Congreso estadunidense ampliarán sus pesquisas sobre la quiebra de Enron para determinar si la administración del presidente George W. Bush intervino ilícitamente a favor del gigante de la industria energética, informó ayer el diario Financial Times.

El matutino agregó que el senador John Lieberman, quien dirige las pesquisas legislativas sobre el desempeño de las autoridades federales ante el fracaso de la empresa energética, dijo que el comité que preside investigará si funcionarios de la administración Bush favorecieron a Enron.

Adicionalmente, Henry Waxman, demócrata integrante de la Comisión de Energía y Comercio, que ha iniciado sus propias averiguaciones, envió una carta al secretario del Tesoro, Paul O'Neill, y a Donald Evans, secretario de Comercio, para pedirles detalles acerca de las relaciones entre Enron y funcionarios del gobierno.

A finales de octubre y principios de noviembre O'Neill y Evans hablaron por teléfono con Kenneth Lay, director ejecutivo de Enron, quien apoyó durante largo tiempo a George W. Bush. Ambos reiteraron ayer que Lay no solicitó ayuda al gobierno estadunidense.

''Es un hecho obvio que los ejecutivos de Enron hicieron grandes contribuciones a la campaña de Bush ?declaró Lieberman al programa Face the Nation, de la cadena CBS?. Sabemos que el señor Lay y otros ejecutivos de Enron participaron en el diseño de la política energética de la administración Bush''.

Lieberman y Waxman dijeron que no se ha encontrado evidencia de conductas ilícitas, pero la ampliación de las investigaciones ha obligado a la Casa Blanca a reunir información acerca de todos sus contactos con Enron.

Lieberman agregó que los directivos de Andersen, la empresa de contabilidad encargada de las auditorías a Enron, podría enfrentar un proceso luego de que se reveló que sus ejecutivos ordenaron la destrucción de documentos de la compañía. Según la revista Time, investigadores revelaron un memorándum con fecha 12 de octubre, en el cual se ordenaba a los empleados del área administrativa destruir todos los registros de la auditoría, con excepción de ''documentos básicos''.

Andersen ha rechazado la posibilidad de que la destrucción de documentos continuara después del 8 de noviembre, cuando recibió el citatorio de la Comisión de Seguridad y Cambios del mercado de valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Andersen declaró la noche del domingo: ''Reconocemos que hubo comunicados internos que despertaron dudas. Nosotros procederemos cuando sea apropiado. Esperamos anunciar pronto avances al respecto''.

Además de las conversaciones de Lay con funcionarios del gabinete de Bush -y de seis a ocho llamadas entre Greg Whalley, presidente de Enron, y Peter Fisher, subsecretario del Tesoro- se ha descubierto que Robert Rubin, secretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton y alto ejecutivo de Citigroup, también estuvo en contacto con Fisher, con quien habló sobre la participación de entidades de crédito. Fisher y Rubin coincidieron en que el gobierno nunca ofreció intervenir, pero O'Neill aseguró que le sorprendió enterarse de esa llamada.

Evans reveló que antes de la llamada que le hizo a Lay el 29 de octubre, hubo una conversación previa el 15, un día antes de que Enron diera a conocer las enormes pérdidas que precipitaron su colapso.

El domingo en la noche los abogados de Enron seguían negociando los términos en que vendería su división de comercialización de energía a UBS Warburg.

Por su parte, Multinational Monitor señaló que al parecer la consultora Arthur Andersen siguió los consejos de abogados especializados en delitos de cuello blanco, entre ellos Harvey Pitt, defensor estrella de las firmas contables, quien se convirtió en presidente de la SEC.

En 1994 apareció un artículo del que Pitt fue coautor (''Cuando a las buenas empresas les ocurren cosas malas: un manual para el manejo de crisis'') donde apunta que: ''En numerosas crisis corporativas generalmente hay documentos clave. Los asesores de la compañía deben aprovechar cualquier oportunidad para hacer entender a los ejecutivos que esos documentos seguirán su propio camino una vez que empiece el litigio (...) Pida a los ejecutivos y a los empleados que se imaginen todos sus documentos en manos de algún minucioso inspector o en la primera plana de The New York Times (...) Cada compañía debe tener un sistema para determinar la retención o destrucción de documentos (...) Obviamente, una vez que se ha recibido un emplazamiento a juicio o está por emitirse, la destrucción de documentos debe suspenderse inmediatamente''.

La situación no tiene visos de mejorar, pues son precisamente los guardianes de las firmas contables quienes están al frente de la SEC.

Además, el presidente George W. Bush nombró recientemente a dos nuevos comisionados de la SEC y ambos han sido socios de poderosos despachos: uno es Paul Atkins, de PriceWaterhouseCoopers, y la otra es Cynthia Glassman, de Ernst and Young. Estos nombramientos le dan a la industria de la contabilidad control absoluto sobre lo que alguna vez fue la máxima autoridad encargada de perseguir el crimen corporativo. Ante esta perspectiva, concluye Multinational Monitor, habrá más casos como el de Enron en el futuro de Estados Unidos.