Gabriel Zaid

Un accidente preparado

La legislación anticultural que se aprobó a las dos de la mañana del primer día del año (como para evocar las palabras albazo y madruguete) no es simple resultado de las prisas legislativas. Fue un accidente preparado por la Secretaría de Hacienda, con todas las de la ley: con todas las astucias, disimulaciones y piedras bien situadas para descarrilar a los legisladores en el camino de la ley. Se trata de cambios no anunciados ni discutidos ante la opinión pública, ni en el pleno de las cámaras legislativas, ni siquiera en sus comisiones de Cultura. Se aprobó una caja de Pandora cerrada, sin ver lo que iba a salir de ahí, no sólo para la cultura, sino para la imagen de la democracia y del sexenio.

Las cosas empezaron mal después del 2 de julio de 2000. Hacienda les vendió a los posibles funcionarios entrantes todos sus recalentados, todos los remanentes de proyectos que no habían logrado la aprobación política suprema en los tiempos de la economía presidencial; como si la democracia consistiera en que, por fin, la tecnocracia realizara sus sueños. Y la venta parecía tan perfecta que hasta circuló el rumor de que no habría funcionarios entrantes: que los mismos continuarían (cosa que de otra forma sucedió) en el feudo intocado por las elecciones, en esa especie de Estado absoluto hacendario dentro del Estado, donde nadie puede entrar. A los posibles funcionarios entrantes no se les ocurrió que un feudo hermético, del que no se tiene más información que la que el feudo quiera dar, cuando la quiera dar, como la quiera dar, se presta a todas las maravillas imaginables de arbitrariedad, ineptitud y corrupción.

Una de las peores consecuencias de comprar los recalentados de Hacienda fue que el régimen entrante ya no podía decir: Nos equivocamos al creer que era posible no aumentar los impuestos. El desastre bancario (por el lado del gasto) y la mala administración de la cobranza (por el lado de la recaudación, especialmente la tolerancia del contrabando), desastres ambos responsabilidad de Hacienda, suman varios puntos del PIB.

Reconocerlo hubiera puesto el costo político donde debería estar. Más aún si, intencionalmente, se creara un Impuesto Especial para Reparar los Daños que Dejó la Mala Administración Hacendaria de los Ultimos Sexenios (IERDDMAHUS). Pero Hacienda maniobró astutamente para que su feudo siguiera intocado y todo el costo político recayera primero sobre el Presidente y luego sobre los legisladores.

A principios de 2001 circulaban borradores contradictorios de la supuesta gran reforma fiscal, de los que nadie se responsabiliza. En uno de éstos se suprimía la exención autoral y la reducción del impuesto a la edición de libros, en otros no. Sembraron confusión, y de eso se trataba. Nadie sabía lo que iba en serio. Nadie tenía bases para discutir públicamente un proyecto que no daba la cara. Para aumentar la confusión había una campaña de propaganda según la cual no aumentarían los impuestos.

Para reducir al mínimo la oportunidad de discutir públicamente la reforma, Hacienda dejó correr cuatro meses antes de darla a conocer oficialmente, después de varias fechas prometidas y no cumplidas. En la última, el 3 de abril de 2001, después de las ocho de la noche y sin copias para nadie, aunque la prensa estaba en ascuas y apostada para ver si llegaba o no llegaba, se entregó un ejemplar a la Cámara de Diputados. Al día siguiente, para simular que se atendía el derecho a la información, Hacienda hizo como que difundía el proyecto en la Internet con toda clase de obstáculos. En primer lugar, usó un archivo PDF sin avisar del obstáculo ni dar la llave para abrirlo, como es común en estos casos. (Este documento está en PDF. Para abrirlo necesita el programa Acrobat. Si no lo tiene, obténgalo gratuitamente haciendo clic en este botón). Y los que llegaron a maliciar cómo abrir el texto se encontraron con otros obstáculos. No bastaba leerlo, porque los cambios estaban escondidos. Hacia falta el estudio de expertos, durante semanas enteras, para hacer la comparación con el texto anterior y descubrir los cambios.

Para informar a la sociedad con transparencia, el proyecto debió desmenuzar cambio por cambio: la ley actual dice tal cosa, con estos inconvenientes. Proponemos que diga tal otra, con estas ventajas. En este punto específico, se recauda actualmente tanto y efectuar la recaudación tiene un costo administrativo de tanto para el fisco y tanto para el causante. Con el cambio propuesto, la recaudación y los costos administrativos quedarían como sigue. Todo con números desglosados por tipo de causante y situación, por tamaño de la operación, por zonas del país.

Pero Hacienda no quería informar con transparencia, sino confundir a los legisladores, a los medios de comunicación social, a los ciudadanos, para que no se enteraran y, sobre todo, para que no se metieran. Los artículos y fracciones que desaparecían, se modificaban, o eran completamente nuevos, tenían otra numeración, estaban en otro lugar, cambiaban de redacción: hacían complicadísimo localizar las diferencias, ya no se diga evaluarlas. Ni siquiera verbalmente era posible obtener explicaciones, porque el secretario estuvo en una posición olímpica, de la cual no iba a descender para tratar con meros legisladores. Como si fuera poco, se anunció, también olímpicamente, que no había proyecto B. Si los legisladores no aprueban lo que va, que venga el caos.

La barbaridad que se aprobó contradice las promesas de campaña del presidente Fox. Contradice la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, creada en 2000 por iniciativa de los propios legisladores. Contradice la existencia del Conaculta y muchos otros organismos de fomento cultural (en la SEP, las universidades, los estados, etcétera). Contradice preceptos constitucionales, como sentenció la Suprema Corte en 1992. No sólo eso: lo que se aprobó no estaba en la propuesta presidencial del 3 de abril, ni es algo que la nueva legislatura se hubiera propuesto legislar. Tampoco es algo que vaya producir ingresos al erario: se trata de una miseria frente al presupuesto de fomento cultural, ya no se diga frente al presupuesto. Objetivamente, es una tontería. Sólo se entiende subjetivamente: muchos sexenios de autocracia fiscal han creado un tipo de funcionario para el cual la pequeñez desde el poder da grandes satisfacciones.

Francisco Gil Díaz (ahora secretario de Hacienda, pero entonces subsecretario de Ingresos) invitó a una comida el 22 de enero de 1993 a varios escritores que peleábamos la exención autoral, supuestamente para escucharnos. Olímpicamente, nos plantó. Estuvo en su lugar Rubén Aguirre Pangburn (entonces director general técnico de Ingresos y ahora subsecretario de lo mismo), quien nos puso en antecedentes de su experiencia en la cuestión, contándonos que tenía veinte años, o algo así, de luchar contra la exención autoral. De buen humor, hasta nos contó los episodios. Cómo, la segunda o tercera vez que casi ya lo había logrado, fueron los músicos (y, en particular, Venus Rey) los que movilizaron con éxito todos los apoyos del PRI. Etcétera. Hasta que por fin metió el gol en 1990, con el apoyo de Francisco Gil y Pedro Aspe.

Quizá, con ánimo literario, debimos aprovechar sus confesiones para indagar los orígenes de una pasión tan extraña. Preferimos limitarnos a lo objetivo: con tantos años de perseverancia, usted debe tener una documentación amplísima sobre el tema y las respuesta a una pregunta que nadie en Hacienda ha podido (o querido) responder, ƑCuánto le cuesta la exención al erario?

No lo sabía, después de veinte años, y en esa ignorancia está dicho todo. Detrás del gol metido nuevamente, 11 años después, no hay nada racional. No hay recaudación (sí costos administrativos). No hay ventajas políticas (sí costos políticos). No hay ventajas (sí daños) para la cultura. No hay una gran visión de hombres de Estado, y ni siquiera un cálculo inteligente. No hay más que la pequeña satisfacción de aprovechar el caos para meter un gol largamente soñado, en el último minuto.