Ť Nadie quiere ocupar ese cargo porque hará el ridículo, afirma

ONG se manifiesta contra fiscalía en el caso de desapariciones forzadas

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Defensores de derechos humanos consideraron que la tardanza en el nombramiento del fiscal especial para los casos de desapariciones forzadas en las décadas de los setenta y ochenta demuestra que tanto los gobiernos priístas como el actual actúan con lentitud cuando se trata de denuncias que involucran al Estado.

Fernando Valadez, director de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y quien ha participado en la mesa de pláticas de organismos defensores de derechos humanos con la Secretaría de Gobernación, señaló que pocas personas deben estar dispuestas a ocupar ese cargo, porque ''probablemente quien lo haga quedará en ridículo, como le ha ocurrido a otros fiscales especiales".

Dijo que ACAT está en contra de la creación de fiscalías especiales, porque no han dado resultados y han sido utilizadas con fines políticos para evitar el esclarecimiento de crimenes en los que han estado involucrados aparatos del Estado.

Explicó que el principal inconveniente de ese tipo de figura es que depende de la Procuraduría General de la República, lo que no garantiza imparcialidad, porque la dependencia sería una de las líneas a investigar en el caso de las desapariciones forzadas.

Dijo que estas instancias especiales han fracasado y la muestra son las fiscalías para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Explicó que esa organización tiene el propósito de trabajar con agrupaciones de familiares de desaparecidos para que presenten demandas por el delito de tortura y no sólo por el de desaparición forzada.

Señaló que de acuerdo con una revisión que hicieron al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectaron que todas las personas desaparecidas fueron torturadas, por lo que sería conveniente incluir ese delito, que no prescribe.

Si se hace justicia y se castiga a los responsables de las desapariciones forzadas, señaló que sería la primera vez que en México se castigue a un torturador, se le obligue a reparar el daño y el Estado reconozca su responsabilidad en la comisión de esos delitos.

David Cilia, del Centro de Derechos Humanos Yaxkin, insistió en que lo más conveniente es instalar una comisión de la verdad independiente del Poder Ejecutivo que garantice el esclarecimiento de las desapariciones forzadas.

Aseguró que detrás de la creación de esta fiscalía hay una historia de organismos fracasados que no han podido realizar investigaciones al margen de intereses políticos.