La decisión del gobierno estadunidense de crear tribunales militares secretos para extranjeros sospechosos de terrorismo, cuyos fallos --inclusive ejecuciones-- serían igualmente secretos, ha causado, como es natural, una fuerte protesta en los medios intelectuales y aun parlamentarios de Estados Unidos. El propio presidente George W. Bush se ha visto obligado a tratar de atemperarla arguyendo que será él quien, caso por caso, decida si un sospechoso va a parar a esos tribunales militares, pero el problema jurídico sigue vigente. 

Mientras se habla de defender la democracia y de combatir el terrorismo, es por lo menos incongruente anular la Constitución, las leyes, los derechos humanos proclamados por Naciones Unidas --con la firma de Estados Unidos, uno de los fundadores de esa organización-- y los principios mismos de igualdad ante la ley, reconocidos universalmente, e instaurar un régimen de terror que depende del arbitrio de una sola persona y que se basa en el reconocimiento de la xenofobia, o sea, del supuesto de que un extranjero resulta sospechoso por el hecho de serlo y, por lo tanto, carece de derechos jurídicos y humanos.

Suman ya más de 600 los extranjeros detenidos como sospechosos de terrorismo, la mayoría de los cuales en realidad sólo han cometido faltas administrativas como, por ejemplo, dejar vencer sus visas. Uno de ellos ya ha muerto de infarto en su injusta prisión, como resultado de la insoportable presión política y moral, y otro --un español-- ha resultado alterado de sus facultades mentales. 

Ahora, para agravar aún más este resurgimiento del macartismo, el gobierno británico ha presentado a las cámaras un proyecto de ley antiterrorista calcado sobre el ejemplo estadunidense. 

Con el voto de los conservadores y de la derecha laborista de la "tercera vía", el proyecto liberticida pasó en los Comunes pero fue rechazado por la Cámara de los Lores con el argumento de que sólo servía para reprimir a los extranjeros, pero no a los nacionales, como los irlandeses del Ulster, que según los lores también deben ser sometidos a tribunales militares secretos. 

Este pedido de empeorar lo peor y de instaurar condiciones de guerra interna por razones de supuesta seguridad nacional recuerda terriblemente la práctica de las dictaduras sudamericanas y podría sentar un funesto precedente en Europa misma, donde los Aznar o los Berlusconi sólo esperan una oportunidad así. 

Es evidente, por otra parte, que gobiernos como el español, que consienten la violación de la juridicidad y de los derechos de sus conciudadanos en Estados Unidos y la anulación de la igualdad ante la ley, abdican de una parte de la soberanía nacional y reconocen un retorno legal al Medievo, cuando el señor feudal era al mismo tiempo juez y poder represivo y el preso, extranjero o no, carecía de todo derecho.

Es deber, por lo tanto, de la humanidad civilizada hacer respetar los principios fundadores de la ONU y la democracia en Estados Unidos y en el Reino Unido, que sus gobiernos ponen en peligro con medidas totalitarias. Las protestas diplomáticas en defensa de los derechos de los indocumentados --los cuales podrían entrar en la categoría de sospechosos si así lo decide la autoridad británica o estadunidense-- deben ayudar a frenar este deslizamiento hacia la barbarie jurídica.