domingo Ť 2 Ť diciembre Ť 2001
Jenaro Villamil
Desaparecidos: Ƒvideo-verdad o el final de la amnesia?
"Muchachos, los manda a felicitar Miguel Nazar Haro". Con esta frase remata el reporte correspondiente a Jesús Piedra Ibarra, detenido por la Policía Judicial del Estado de Nuevo León en 1975. Junto con el nombre de Nazar Haro, otros más aparecen y son mencionados en el extenso resumen ejecutivo que presentó la CNDH sobre los desaparecidos de los años setenta. El despliegue mediático de este reporte fue significativo. Casi al mismo tiempo que los noticiarios televisivos y radiofónicos daban cuenta de su presentación el miércoles 28 de noviembre, doña Rosario Ibarra de Piedra aparecía en programas de debate como Círculo Rojo apuntando que el informe, en sí mismo, no agota la investigación y mucho menos elimina la impunidad ni resuelve el viejo reclamo de las madres de los desaparecidos: "vivos nos los llevaron, vivos los queremos".
Ciertamente, estamos aún muy lejos de conocer la verdad de los sucesos que se concatenaron en la guerra sucia de aquellos años. Sin embargo, es innegable que, por primera vez, los medios masivos comenzaron a ventilar en forma generalizada lo que antes se documentó marginalmente: un pasado inmediato de represión sistemática, crímenes de lesa humanidad que, en contra de la opinión de los ex presidentes y de juristas como Diego Valadés, no prescriben. Y si alguna duda existe del impacto que esto puede generar, ahí están la caja de Pandora que abrió el juez Garzón en España y los amplios procesos que se generaron en Italia, Sudáfrica y Argentina, con resultados disímbolos, para saldar cuentas con un pasado de genocidios y torturas sistemáticas.
El problema real es que la caja de Pandora mexicana se circunscriba sólo al impacto mediático, que la verdad reclamada por los familiares y las madres se quede sólo en una video-verdad, es decir, en un asunto de imagen y de informe virtual sin que se llegue al debido proceso legal que pueda responsabilizar a alguno de los personajes involucrados. La impunidad en términos de video-justicia para los generales, comandantes y responsables políticos del más alto nivel de la guerra sucia mexicana -incluyendo a los dos ex presidentes que entendieron bien el golpe y salieron de la amnesia televisiva para exonerarse a sí mismos- se ha roto. No así la impunidad que cuenta en términos de justicia y que no se puede agotar en la presentación de una serie de testimonios ni en una batalla por ganar la opinión pública para romper el cordón umbilical del silencio que unió durante décadas a los regímenes priístas.
El otro ángulo importante en términos mediáticos es que ese pasado de guerra sucia se parece mucho a la imagen del presente con toda su crudeza: los expedientes abiertos de Acteal, Aguas Blancas, El Charco; el asesinato este año de la abogada Digna Ochoa y los testimonios de persecución, tortura y represión en Guerrero, la entidad que fue el escenario de la mayor parte de los casos que documenta el reporte de la CNDH. ƑTendrán que esperarse 25 años para que se difunda masivamente lo que ya de algún modo se está ventilando en los medios? ƑEn dos décadas y media el general Rafael Macedo de la Concha aparecerá para señalar que el Ejército sólo cumplió órdenes y que a él como procurador no le correspondió investigar ninguno de estos casos?
Un tercer punto importante del debate que abre la CNDH -quizá sin proponérselo- es la necesidad de contar con instrumentos legales eficaces que le permitan a cualquier ciudadano mexicano acceso a la información desclasificada para fincar un delito penal o civil contra cualquier exceso de autoridad. En este sentido se empalma la discusión reciente sobre una Ley de Acceso a la Información Pública que trascienda la mera visión administrativa de la transparencia para que se convierta en un instrumento del ciudadano frente a los abusos del Estado.
Un especialista en derecho consultado reflexionó sobre este escenario: si hace 25 años hubiera existido una ley que obligara a los órganos del Estado a abrir sus archivos y a proporcionar la información, doña Rosario Ibarra no hubiera tenido que organizar marchas y presionar políticamente a través de la movilización y la resistencia para que el Cisen expusiera las fichas relacionadas con la persecución política. Tal vez, el Ejército se hubiera negado o el propio órgano de inteligencia del Ejecutivo hubiera rechazado proporcionar esta información, pero para eso existiría un órgano autónomo responsable de sancionar a la autoridad que oculte información y un mecanismo que se guíe por la positiva ficta, es decir, la obligación de los órganos públicos a dar la información y ser sancionados si se demuestra negligencia reiterada.
La existencia de una Ley de Acceso a la Información Pública es un instrumento necesario para ponerle un límite a la cultura de la impunidad y para vencer la amnesia política y jurídica permanente ante los crímenes que se cometen en nombre de la razón de Estado. Ť