"Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reformas constitucionales en materia indígena, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países de Independencia cobra singular importancia en nuestra Nación, ya que la aprobación de dichas reformas constitucionales responsabiliza al Estado mexicano por incumplimiento de sus obligaciones con la propia OIT."
Con este planteamiento se introduce el informe paralelo que presentó a la OIT el Congreso Nacional Indígena (CNI) el pasado mes de septiembre. Este extenso documento, integrado por ocho partes, constituye una instantánea de la dramática situación actual de los pueblos indios de México. La historia de este documento empezó tiempo antes del Tercer Congreso Nacional Indígena, celebrado en Nurío, Michoacán, cuando la Red Regional de Derechos Humanos Cualli Nemilistli, se decidió a consensar con las organizaciones del CNI la elaboración de un informe realizado por indígenas que sirviera de contraparte a los que presenta como obligación el Estado mexicano. Integrada por pequeñas organizaciones de derechos humanos localizadas en el estado de Puebla, ésta obtuvo el consenso de las organizaciones del Congreso de Nurío para realizar un informe con base a reportes de las organizaciones del CNI y firmado colectivamente. En años pasados el único informe del avance en el cumplimiento del Convenio que recibía la oit era el elaborado por el gobierno, que vertía los auto elogiosos informes de sus dependencias. Sin embargo, recientemente se han hecho llegar informes realizados desde la sociedad civil, llamados "paralelos", de tono crítico al cumplimiento del acuerdo.

El informe del año 2001 adquiere una importancia particular: "este año se cumplen 10 años de entrada en vigor del Convenio 169, siendo probable que en el contexto actual de la relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano con motivo de las recientes reformas aprobadas, el gobierno pueda denunciar el Convenio, con lo que dejaría de ser Ley Suprema y perdería vigencia", afirmó la red poblana.

El resultado fue un razonado "yo acuso" al gobierno mexicano sobre su responsabilidad en la perpetuación de las condiciones de pobreza indígena y de la falta de reconocimiento de sus derechos básicos: "La vida cotidiana de los pueblos indígenas de México es un espejo que no deja duda alguna de que el Estado mexicano ha incumplido con las obligaciones contraídas al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)". El informe paralelo realizó un ejercicio que fue común en el seno de muchas instancias del movimiento indígena los meses pasados: contrastar lo aprobado como "reforma indígena" con el contenido del Convenio 169, constatando las serias restricciones que impone la reforma al ejercicio de los derechos de los pueblos: "La reforma constitucional en materia indígena aprobada recientemente, no únicamente menoscaba los derechos ya reconocidos en el Convenio 169, sino que incluso impide el efectivo ejercicio de los derechos ya contemplados en éste".

Pero quizá la parte más valiosa del informe está integrada por la sistematización de casos concretos de violaciones a los derechos indígenas. El documento hace un recuento de los casos indígenas mejor fundamentados para argumentar violaciones a los derechos indígenas. En cuanto a violaciones a la política general se exponen casos como los fraudes en contra de migrantes triquis del municipio de Ensenada, Baja California, y la posterior fabricación de delitos contra su dirigente Julio Sandoval. También documenta la violación al sistema de usos y costumbres en el municipio zapoteca de La Asunción Tlacolulita, Oaxaca, violatorio del artículo 8 del Convenio 169 y el cacicazgo que ha despojado a la comunidad indígena zapoteca de San Juan Maninaltepec, Oaxaca.

Sobre el caso de luchas por tierras el informe presenta la situación de los huaves de San Francisco del Mar, en Oaxaca, que han retomado recientemente la lucha por el la mitad de su territorio que "ha sido invadido y despojado por caciques y terratenientes respaldados tanto por el gobierno federal, como el del estado de Oaxaca". También lo hace para los casos de San Antonio de La Laguna, Estado de México, y los zoques de los Chimalapas, así como el caso de la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas, para concluir, después de un recorrido por los hitos más importantes de la larga lucha de San Andrés Cohamiata: "sus derechos fueron sistemáticamente negados y conculcados".

El Plan Puebla-Panamá ha violado varios derechos colectivos de los pueblos y que se encuentran consagrados en dicho convenio. "Al publicar dicho plan, el gobierno ha violado el derecho de los pueblos a la consulta, como se encuentra establecido en el artículo 6, así como el derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, como se establece en el artículo 7 del mismo convenio." Es la conclusión del informe sobre el proyecto económico gubernamental para la zona más densamente poblada de indígenas en México, el Sureste. Se señala al Plan Puebla-Panamá como un programa privatizador en el que se dará acceso a los recursos comunitarios y públicos a las empresas privadas. "Una de las principales preocupaciones de los pueblos indígenas y sus organizaciones, grupos ambientalistas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en general, es que el gobierno de Vicente Fox contemple las suficientes medidas de protección ante la proliferación de casos de biopiratería sobre los conocimientos etnobotánicos y farmacéuticos ancestrales de los pueblos indígenas que pretenden ser patentados por compañías transnacionales." El informe relata las suspensiones de los proyectos de bioprospección como el ICBG-Maya y el de UNAM-Diversa. El Plan Puebla-Panamá, que integra proyectos regionales como el Megaproyecto de Desarrollo Integral para la región de Tehuantepec o el Proyecto Agro Milenium en el altiplano de México, atenta contra la existencia de los pueblos indígenas ya que alienta cambios demográficos, migratorios y de asentamientos que reducirían la población rural, expulsando al campesinado de sus tierras para que migren a las ciudades y deja bajo la responsabilidad de las empresas agroindustriales las tareas del campo.

El informe paralelo denuncia que estos planes "están diseñados para explotar las materias primas de la región y para el emplazamiento de basura industrial" y añade: "El avance de los proyectos maquiladores que son parte de este plan, ha significado un deterioro ambiental para los recursos naturales de los territorios de los pueblos indígenas". En cuanto a la contratación laboral y condiciones de empleo el informe sostiene que el Estado no ha sido capaz de impulsar reformas que protejan a los indígenas de las violaciones sistemáticas de sus derechos laborales.

"El Estado mexicano no ha tomado las medidas necesarias para promover la participación directa de los pueblos indígenas en los programas de formación profesional, incluso cuando organizaciones indígenas tienen propuestas e iniciativas de formación para sus pueblos, el gobierno, lejos de escuchar y apoyar las propuestas de ellos, los considera como rivales que se insertan en un área que el gobierno considera propia y exclusiva". Esta es la conclusión del apartado dedicado a la educación. En éste se describe el proyecto que durante siete años ha desarrollado la Organización Independiente Totonaca (OIT) en el Municipio de Huehuetla, con la creación del Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom (CESINK), que ha sido hostigado por el gobierno estatal y municipal.

Sobre la violación a los derechos que consagra el Convenio 169 respecto a la comunicación masiva, el informe paralelo señala: "si bien existen 24 radiodifusoras pertenecientes al Instituto Nacional Indigenista (INI), el funcionamiento de éstas es muy cuestionable, ya que en ocasiones han censurado la participación de las organizaciones indígenas independientes". Por último, en el apartado sobre administración se señala que los únicos cambios "han consistido en poner rostros indígenas a las políticas gubernamentales integracionistas de siempre".