Alberto NAJAR

Justino Cabrera Villa; Bernardino Bautista Valle; Marcelino y Modesto Acosta Avila; Isabel Santoyo Santoyo; José Rauda Orozco; Sirenio Contreras, El Barillo; Rogaciano Alva Alvarez.

Son algunos de los nombres que Digna Ochoa y Plácido recabó durante su visita a la sierra de Petatlán, a principios del mes pasado, que corresponden a los caciques que durante más de seis años han mantenido un clima de persecución y hostigamiento contra las comunidades que se oponen a la tala inmoderada de los bosques.

Además de formar parte de los apuntes de la abogada, tienen otro común denominador: todos, en una u otra forma, cuentan con el auxilio de las unidades del Ejército y la Policía Judicial Federal (PJF) acantonadas en Petatlán.

Y todos, coinciden testimonios recabados en la sierra, que concuerdan con datos de la Procuraduría General de la República (PGR) e informes militares, están relacionados con el cultivo y tráfico de enervantes.

Son, pues, la columna vertebral de una de las líneas de investigación con que cuenta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para aclarar el homicidio de Digna Ochoa.

Y es que a pesar de los anuncios del procurador Bernardo Bátiz, hasta la semana pasada los integrantes de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán que viajaron a la ciudad de México no habían presentado su testimonio ante el Ministerio Público, paso fundamental para considerar sus denuncias como parte de la indagatoria.

El nombre se pronuncia muy bajo, casi en secreto.

Rogaciano Alva Alvarez, ex presidente municipal de Petatlán en el periodo de 1993 a 1996; miembro fundador del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), creado por el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer para tratar de controlar a las comunidades serranas, y actualmente presidente de la asociación ganadera estatal.

Este es su currículum oficial. Pero de acuerdo con informes militares publicados a principios de este año, a Alva Alvarez se le considera el principal capo de la droga en la Costa Grande de Guerrero, de la que forma parte la región donde trabajan los campesinos ecologistas que visitó Digna Ochoa.

Según los reportes, en esta zona operan también otras bandas de presuntos sicarios, cuidadores y transportadores de droga. Se trata de las familias Gómez Cabrera, Cruz Carrillo, Rauda Orozco y Bautista Valle.

Curiosamente, las dos últimas fueron mencionados con insistencia en las quejas y denuncias que recabaron la abogada y su acompañante, Harald Ihmig, delegado de First Information Action Network (FIAN).

Pero no es todo.

Los reportes militares indican que Guerrero, y en particular la Costa Grande, es territorio controlado por el cártel de los hermanos Arellano Félix.

¿Hay alguna relación entre esta actividad y el homicidio de la abogada? Quién sabe. Lo único claro es que existen algunos focos rojos que se habrían encendido con su visita a la región:

Las denuncias que recabó junto con Harald Ihmig se enviarían a organismos como FIAN y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual implicaría una mayor atención internacional hacia esta zona.

La intervención de la CIDH obliga al gobierno mexicano de acuerdo con los protocolos y convenios firmados en años anteriores a la aplicación de medidas estrictas de vigilancia y supervisión policiaca en la región donde se presenta el riesgo, y obliga, además, a investigar los delitos que se denuncien.

Una pesquisa de esta naturaleza no puede mantenerse en la secrecía de los tribunales mexicanos, pues el resultado debe presentarse ante la propia CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, virtualmente, cualquier otro organismo internacional que lo solicite.

Digna, pues, llevó los reflectores a esta zona.

El muerto que no murió

Ya estaban en Petatlán cuando supieron de la emboscada.

A las 6 de la mañana del 1o. de noviembre pasado, en el paraje El Venado un grupo de desconocidos disparó contra una camioneta en que viajaban dos adultos y una niña de siete meses de edad. Todos murieron.

Roberto Cabrera Torres y Felipe Arriaga Sánchez, ambos de la organización ecologista, creen que el ataque estaba preparado contra ellos. "Se sabía que íbamos a bajar de la sierra y que pasaríamos por ahí alrededor de las 6 de la mañana para salir junto con los otros compañeros a la ciudad de México cuenta Cabrera Torres. Pero yo pasé una hora antes y Felipe como cinco minutos después".

El incidente, que se mantuvo en secreto durante varios días (se hizo público cuando los campesinos supieron que el presidente Vicente Fox los citó el viernes pasado en Los Pinos, justo cuando se encontraba en Nueva York) es, sin embargo, uno más en la lucha que sostiene la organización contra los caciques de la sierra de Petatlán.

Una batalla que no le favorece pues los militares y policías federales asignados a la zona suelen inclinar la balanza a favor del caciquismo.

Así ocurrió, recuerda Eva Alarcón Ortiz, secretaria del organismo, con Justino Cabrera Villa, quien el año pasado, a pesar de haber asesinado a su sobrino Sergio fue escoltado hasta su rancho por un pelotón de soldados.

El homicidio ocurrió la noche del 20 de febrero de 2000, durante una fiesta en el Lienzo Charro de Petatlán. "Sergio estuvo conmigo como tres horas ?recuerda Alarcón Ortiz?, pero cuando se levantó por un refresco, Justino, uno de sus hijos y un guarura le dispararon por la espalda".

Sergio y su tío tenían problemas desde que, el 2 de octubre de 1998, el cacique asesinó a su hermano Jesús, pero de todos modos asistió a la fiesta porque el acuerdo era -con la intermediación de la parroquia local- que el asunto estaba olvidado.

No fue así. Tras disparar contra su sobrino, el cacique y sus acompañantes salieron del lienzo, pero en la calle se toparon con los encargados de una patrulla de la policía municipal que les marcaron el alto.

"Abel, uno de los hijos, hirió con la pistola a uno de los policías pero éste respondió y lo mató. Entonces Justino se regresó corriendo y mató al que le había tirado a su hijo".

Lo más grave fue que, a pesar de que en el lugar había otros uniformados, ninguno intervino. "Había el acuerdo de que no hicieran nada, porque ya se sabía que iban a matar a Sergio".

Un mes después del crimen Justino fue escoltado por un convoy de soldados hasta su rancho en Rincón del Refugio. "Fue a ver su ganado porque decía que se lo habían robado. Cuando llegó, el comisario del ejido, Roberto Cabrera Torres, le dijo que no era cierto y le mostró el ganado con su fierro. También le reclamó al mayor que llevaba el convoy, le dijo que cómo era posible que lo cuidaran si Justino es un asesino. El oficial dijo que nomás obedecía órdenes".

Esa vez Justino se llevó algunas vacas y regresó con los soldados, que lo acompañaron hasta La Pasión, a varios kilómetros de su rancho. Al salir de esa comunidad, el cacique fue emboscado; en la refriega "murieron uno de sus hijos y uno de sus guaruras. Luego le echó la culpa a Roberto (Cabrera), pero él se había quedado muy lejos. Ahora anda huyendo porque tiene orden de aprehensión".

Un trato muy diferente al que recibieron los familiares de Sergio Cabrera: hace tres meses, cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez solicitó una copia del acta ministerial del asesinato, "nos dimos cuenta de que las únicas que se levantaron fueron las de Abel y el policía; de Sergio nunca se hizo acta".

Cosas de la impunidad: para el gobierno de Guerrero, Sergio Cabrera está legalmente vivo. Y por lo mismo, nunca se investigó su homicidio.

De caciques y militares

Bernardino Bautista Valle, cuentan en la sierra, tiene parcelas de amapola en El Mameyal y El Durazno, a unos kilómetros de la zona que visitó Digna Ochoa el mes pasado.

A él se le atribuye la muerte de Aniceto Martínez, Elena Barajas y Romualdo Gómez García, así como la desaparición de Maximino Marcial Jaimes, todos integrantes de la organización ecologista de Petatlán.

Además, en el proceso contra Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera -iberados la semana pasada por indulto presidencial- se supo que el cacique consiguió el año pasado que un grupo de soldados torturasen al entonces comisario de Banco Nuevo, Jesús Cervantes Luviano.

"Presume que los guachos (soldados) lo protegen -contaba su sobrino Jesús Bautista en la comunidad de El Zapotillal, a mitad de la sierra-. A mí, desde los paros de madera en el 98 me echó a los oficiales encima; primero me acusaron de narcotráfico y ahora de portación de arma".

Jesús Bautista es uno de los seis ecologistas con orden de aprehensión que, para evitar su captura, prácticamente viven en la montaña.

Pero Nino, como le dicen en Petatlán al cacique, no es el único que cuenta con el apoyo de las fuerzas del orden.

Isabel Santoyo Santoyo, cacique de Pizotla, fue quien acusó a Rodolfo Montiel de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), e incluso en mayo de 1999 acompañó al pelotón de soldados que lo capturó después de un violento operativo en el que perdió la vida Salomé Sánchez Ortiz.

A Santoyo Santoyo y su gavilla se les atribuyen las muertes, en 1997, de Alejandro y Jesús Mojica; de Alberto y Felipe Santana Jaimes al año siguiente, así como de Francisco Jaimes Maldonado, Nicanor Castro Angel, Luis Benítez Castro y Jesús Santana Jaimes, en el año 2000.

En la sierra dicen que el grupo siempre actúa con la protección del Ejército, y un ejemplo ocurrió el 19 de abril de ese año, cuando baleó la comunidad de Pizotla. Curiosamente el grupo de militares que había permanecido en el pueblo se retiró un día antes de la balacera y acampó en un cerro cercano.

Según testimonios de los vecinos fue de ese cerro de donde llegó la gavilla de los Santoyo, y después del ataque regresaron al mismo sitio.

Pero quizá la muestra más evidente de la colaboración entre caciques, soldados y policías federales se llama Rogaciano Alva Alvarez.

Cuando fue presidente municipal, recuerdan en las comunidades de la sierra, fincó una alianza con la familia Acosta Avila para explotar ilegalmente la madera de ejidos como Soledad de la Palma, La Lucena y El Tremendo, además de sembrar amapola y mariguana en La Cayaca.

Con frecuencia las camionetas con droga eran escoltadas por unidades del Ejército.

Además, según el testimonio de Luis Torres Landín, de la comunidad de Rancho Nuevo -publicado el año pasado-, el 21 de febrero de 1999 Rogaciano y Sirenio Contreras contrataron a un grupo de agentes de la PJF para que detuvieran al campesino ecologista Otoniel García Torres, a quien torturaron y ejecutaron en un basurero de Los Achotes.

Días después, según relatos de algunos testigos, otro grupo de judiciales disparó contra los asistentes a una misa en memoria del campesino que se celebraba en Rancho Nuevo. En la balacera que se desató murieron siete policías.

Un año después Rogaciano encabezó a un grupo de soldados que capturó en la comunidad de Las Palancas, municipio de Coyuca de Catalán, a Alfredo García Torres, hermano de Otoniel, quien fue sentenciado por la muerte de los siete policías.

El 19 de febrero de 2000 un grupo de militares del 40 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano tomó por asalto la comunidad de El Nogal, municipio de Petatlán. En la refriega murió Salvador Cortés González, quien un año antes había matado en una emboscada a un hermano del cacique, Alberto Alva.

De acuerdo con los testimonios que se publicaron en Guerrero, Rogaciano y algunos miembros de su grupo estaban vestidos con ropa militar, una táctica que repitieron el 23 de marzo de 2000 cuando en Rancho Nuevo maniataron, golpearon y quemaron vivo al joven Valentín Yáñez Torres, de 19 años.

Hasta ahora, ninguno de estos casos se ha investigado.

Esa vez, recuerdan, "dijo que necesitábamos un abogado", pero al mismo tiempo rechazó hacerse cargo de los casos, "porque no teníamos dinero, ni ella tampoco".

Ofreció, en cambio, conseguir toda la ayuda posible, tanto en el ámbito legal como en el financiamiento de proyectos productivos, y se comprometió a ventilar las denuncias en el extranjero. "Decía que si nos quedábamos callados era como darse por vencidos", recuerda Eva.

Sin embargo, el asesinato de la abogada bajó el ánimo de los campesinos guerrerenses, sobre todo porque no creen que algún día cambie su situación."Pueden pasar las cosas más increíbles y no se hace nada", se queja Eva Alarcón.

Y Felipe Arriaga concluye: "Comandante que entra a la zona, comandante que apalabran. Si llega uno honrado, lo sacan. Aquí, caciques, soldados y narco son uno solo".*