Daniela PASTRANA

Paradojas del mundo globalizado: 70% de quienes padecen hambre en el planeta vive donde se produce el alimento. En el campo.

En México y Centroamérica, una región que comparte altos índices de desigualdad social y una elevada población indígena, el dato es todavía más duro: 85% de la población que sufre desnutrición vive en las comunidades indígenas.

El abandono del campo, su tendencia privatizadora, los conflictos agrarios, los despojos, la ausencia de políticas públicas para apoyar a pequeños productores, la contaminación de las tierras... forman el mosaico de violaciones al derecho internacional a la alimentación, que en México todavía se regatea como derecho constitucional.

"La hambruna que sufre Centroamérica es la consecuencia final, que pone en evidencia un problema más profundo: muchas familias que viven en el campo no tienen forma de alimentarse por el problema de la tierra", dice Martin Woldpold-Boisen, coordinador para América Central y México de FIAN (Food First Information and Action Network), grupo que trabaja con la ONU y tiene presencia en 60 países de Asia, América Latina y Europa.

Woldpold-Boisen tiene una amplia experiencia que le dan más de ocho años de trabajo en la zona.

En entrevista con Masiosare, sostiene que los grupos más vulnerables de sufrir hambre son precisamente los campesinos sin tierra, los indígenas y todos los directamente afectados por la creciente "privatización agraria" en la región. Por una razón simple: "Para los campesinos y las campesinas la tierra es el recurso básico de su alimentación. Cuando un terrateniente, una empresa, o una política estatal, le quita a la gente de las comunidades indígenas su tierra le está quitando su forma de vida".

Lo mismo ocurre con los pescadores. Sólo este año, FIAN ha documentado el robo de tierras a los campesinos de San Juan Malinaltepec, Oaxaca, y la contaminación en el río Santa Ana, en Tabasco (donde los residuos del ingenio azucarero amenazan la subsistencia de comunidades pesqueras). "Son los casos que podemos documentar, porque problemas así se multiplican por todo el país".

El representante de FIAN asegura que existen violaciones evidentes al derecho al alimento y menciona el artículo segundo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: "El Estado tiene que adoptar medidas hasta el máximo de recursos que disponga para garantizar la alimentación".

-Algunos piensan que ese concepto se agotó con la caída del Muro de Berlín...

-Es una confusión. El Estado no es Fox, no es el gobierno, el Estado pasa por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y sus niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Y por supuesto que el pacto internacional no apela a los subsidios ni a un control total del gobierno. El papel del Estado no puede ser el de papá, tampoco es aceptable que se retire de los derechos sociales básicos que debe garantizar: salud, educación y alimentación.

-Los tres pilares de Progresa...

-No. Progresa y todos los sistemas compensatorios, como les dicen, no resuelven nada. Los problemas de fondo de las violaciones al derecho a la alimentación siguen presentes en la falta de acceso a los recursos productivos y a un empleo permanente con remuneración adecuada.

-¿Los microcréditos serán la salida?

-El microcrédito puede ser un buen instrumento, pero depende del grado de flexibilidad en el diseño y la aplicación del programa, porque de nada sirve que produzcas si el precio final te resulta incosteable. Entras en un círculo vicioso en el que el campesino se endeuda, vende la tierra y se va.

El martes pasado -Día Mundial de la Alimentación-, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) presentó El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo.

El panorama resultó poco alentador: 815 millones de personas (la sexta parte de los habitantes del planeta) tienen hambre. Uno de cada cuatro son niños. Y la meta de reducir a 400 millones la población con hambre para el 2015, planteada hace cinco años en la Cumbre Mundial de la Alimentación, está lejos de cumplirse.

Bajo los estándares de la FAO, México se encuentra en la misma categoría de desnutrición de países mucho más pobres o que enfrentan conflictos armados, como Jordania, Marruecos, Argelia, Jamaica, Irán o Uzbekistán. Y después de Cuba, Venezuela y Guatemala -que tuvieron decrecimientos- es el país de América Latina que menos aumentó sus niveles de nutrición en los últimos 10 años.

El contraste con China impresiona: en una década redujo el hambre de 76 millones de sus habitantes. ¿Cuál fue la fórmula? Según la FAO, "el alto grado de crecimiento agrícola y económico".

Woldpold-Boisen machaca con la importancia de atender, como prioridad, los problemas de la tierra.

"El mercado nunca va a responder, por sí mismo, a las necesidades básicas de la población. El Estado debe garantizarlas y, sobre todo, debe abstenerse de cualquier acción que prive a la gente de su posibilidad de alimentación. Tenerlo como precepto constitucional implica un derecho jurídico y te posibilita exigirlo en un tribunal".

Una delgada línea de matiz entre lo moral y lo legal: "ya no pides limosnas, exiges derechos", dice.

Y menciona ejemplos en la India, Filipinas y Suráfrica, donde se han ganado juicios en la Corte Suprema.

En México, en cambio, la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución se discute desde 1993. Sin mayores avances. El representante de FIAN no se hace bolas: "México podría ser un gran protagonista si da este paso".

Woldpold-Boisen insiste en que este gobierno debe responder "al mínimo" de expectativas que creó.

"El 4 de octubre de 2000, en Berlín, nos reunimos con Fox y le planteamos los casos concretos que tenemos documentados. Nunca nos había pasado que un presidente mexicano fuera a Europa a hablar con la sociedad civil. Vimos entonces con muchas expectativas al presidente electo, que mostró una gran apertura".

Ay, pero del dicho al hecho... Hasta ahora, un año después, lo que FIAN tiene es "un aviso de que pronto nos iban a responder" y una carta que "nada tenía que ver con los casos que denunciamos".

Por eso, concluye este observador, Fox debe responder a las expectativas que creó no sólo entre los mexicanos, sino también en la comunidad internacional.

"Todavía hay tiempo, pero se necesita voluntad. Incluir el derecho a la alimentación en la Constitución, por ejemplo, es una buena oportunidad para demostrar que este derecho es una prioridad".*