DOMINGO Ť 21 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť La Codehum estatal coadyuva a fundamentar denuncias de familiares
La mitad de los desaparecidos políticos en el país en los años 70 corresponden a Guerrero
Ť El pueblo no puede pagar a policías para atender a funcionarios que ya no lo son: ombudsman
RAUL GARCIA CORRESPONSAL
Chilpancingo, Gro., 18 de octubre. Al menos la mitad de los aproximadamente 600 desaparecidos políticos en México durante los años 70 corresponden a Guerrero, informó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) en el estado, Juan Alarcón Hernández.
El ombudsman guerrerense dijo que la Coddehum coadyuva en las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para fundamentar las denuncias de familiares de los desaparecidos de la guerra sucia emprendida contra sospechosos de participar en las guerrillas de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.
"En estos momentos ya se está preparando el informe que va a rendir el presidente de la CNDH (José Luis Soberanes) en el mes de noviembre para dar a conocer las investigaciones sobre los desaparecidos de los 70", puntualizó Alarcón Hernández.
Por otra parte, opinó que "el pueblo no puede estar pagando policías para atender inclusive a funcionarios que ya no lo son, esto debe ser erradicado para que las corporaciones se dediquen a la investigación de delitos y a perseguir delincuentes".
Lo anterior, en referencia a una declaración del procurador de Justicia en Guerrero, Rigoberto Pano Arciniega, quien admitió el lunes pasado que 300 agentes (20 por ciento del total) trabajan de guaruras de secretarios y otros funcionarios menores y de ex gobernadores como Xavier Olea Muñoz, Israel Nogueda Otero, Rubén Figueroa Alcocer y Angel Aguirre Rivero, además del actual René Juárez Cisneros.
Sólo Figueroa Alcocer y su familia tienen a su servicio 15 guardaespaldas que son agentes de la corporación estatal, reconoció Pano Arciniega.
En otro orden, la Coddehum envió recomendaciones a los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Marcelino Miranda Añorve y Luis León Aponte, así como a la directora del Albergue Tutelar para Menores Infractores de Chilpancingo, Margarita Guevara Martínez, para pedir castigo a responsables de maltrato físico y mental contra siete internos.
El organismo informó que corroboró violaciones a las garantías individuales de los menores a partir del caso del adolescente Jorge Leyva Hernández, quien interpuso una queja ante el organismo contra los entonces director del albergue, Jorge Piña Díaz, y subdirector de Seguridad y Custodia, Driden Cortés Carmona, a quienes acusaba de haberlo golpeado.
En su queja, Leyva Hernández dijo que entre el 26 y el 27 de marzo él y otros internos fueron obligados a correr en el patio hasta la una de la mañana para después arremeter a puñetazos y patadas contra ellos por supuesta mala conducta. También lo forzaron a beber "más de cuatro litros de agua, hasta que empecé a orinar sangre por los golpes que me habían dado", por lo que tuvo ser internado en el hospital general.
Además de integrar directamente la averiguación previa GRO/SC/057/2001 contra Piña y Cortés (en Guerrero la Comisión tiene facultad para ello), la Coddehum solicita, entre otras cosas, inhabilitar a los funcionarios para ocupar cualquier cargo público, transformar el reglamento interno del albergue, subsanar irregularidades en los expedientes de los jóvenes agredidos y supervisar el mantenimiento de las instalaciones.