Digna Ochoa Plácido, defensora de los derechos humanos y abogada litigante, fue encontrada muerta ayer --con disparos de arma de fuego en cabeza y piernas-- en su despacho, ubicado en la colonia Roma de la ciudad de México.

Pese al hermetismo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre este indignante crimen, es posible afirmar --por su trayectoria y la forma en que fue muerta-- que Digna Ochoa fue víctima de un ajuste de cuentas directamente relacionado con su labor como defensora de los derechos humanos, hecho que pone de relieve la vigencia de redes de delincuentes altamente peligrosos en el país, que siguen funcionando en complicidad con oscuras fuerzas políticas, económicas y militares.

Como suele suceder en estos casos, el valor y determinación con que Digna Ochoa enfrentó a miembros del Ejército, las procuradu- rías o los servicios secretos, le costó el ser sujeto de múltiples y sistemáticas agresiones.

La ola de amenazas en su contra se intensificó tras haber puesto en evidencia en un careo a dos militares que torturaron a dos campesinos ecologistas guerrerenses, y por su labor en el equipo de defensa de los presuntos zapatistas encarcelados en 1995. Ante la falta de garantías para su seguridad por parte del gobierno federal, tuvo que dejar el país temporalmente; en 1999 fue secuestrada, y un mes después asaltada con lujo de violencia en su domicilio.

A pesar de que en 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitieron una recomendación en la que urgían al Estado mexicano a garantizar su seguridad, así como la de otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Digna Ochoa fue asesinada en su despacho, a plena luz del día y sin contar con la mínima protección por parte de las autoridades.

Desde ningún punto de vista este suceso debe minimizarse o verse como un hecho aislado, porque se dio en un contexto de creciente violencia en el país, en un clima de incertidumbre en todos los ámbitos de la vida nacional, al tiempo que sobre las acciones urgentes ha pesado más la retórica.

El crimen se inscribe en tiempos que ya presentan rasgos de ingobernabilidad y en los que privan profundas diferencias entre el Legislativo y el Ejecutivo y, para colmo, ya son más que manifiestas las desavenencias entre los integrantes del primer círculo del gabinete.

Al margen de las investigaciones que tanto el gobierno federal como el del Distrito Federal deben realizar para esclarecer y dar con los autores del homicidio, es necesario que, de una vez por todas, se definan las acciones necesarias para alcanzar una convivencia social sana, que debe estar sobre los acuerdos económicos y financieros.