SABADO Ť 20 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť La funcionaria de PGR elogia reforma constitucional

Investigación y persecución de delitos, modelo insuficiente: Claudia Cameras

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La procuración de justicia debe cuidar que no se sancione a inocentes, señaló la directora general adjunta de la coordinación interprocuradurías de la PGR, Claudia Cameras Selvas.

Al participar en la conferencia denominada Coordinación de las instancias encargadas de la procuración de justicia, señaló que la reforma del artículo 21 Constitucional consolida un sistema nacional de seguridad pública con mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Dijo que la procuración de justicia debe ser "un conjunto de tareas a cargo de la sociedad y el Estado para promover el imperio de la ley, es decir, el estado de derecho, investigando, persiguiendo y cerciorándose de que se castigue a quien delinque, y cuidando que no se sancione a los inocentes".

Agregó que "hasta hace poco la visión de lo que implica la procuración de justicia en nuestro país se encontraba limitada o restringida al mandato constitucional que ordena al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos; sin embargo, este modelo no ha dado una respuesta cabal a la demanda de la sociedad en materia de seguridad y justicia, por lo que ahora se ha establecido la reparación del daño a las víctimas".

Cameras Selvas, quien funge como secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, explicó que la reforma al artículo 21 constitucional estableció las bases normativas para lograr coherencia en las políticas de seguridad pública mediante un esquema de coordinación nacional, en el que se incluyen aspectos relacionados con la profesionalización policial, actualización de los sistemas de información, así como los mecanismos únicos de colaboración y coordinación de acciones específicas entre las distintas autoridades competentes.

Señaló que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia debe ser un "puente de comunicación entre las procuradurías generales de Justicia del país y las entidades encargadas de la seguridad pública, con el fin de intercambiar información que sirva para combatir de manera eficaz a la delincuencia".