sabado Ť 29 Ť septiembre Ť 2001
Alberto J. Olvera
La sociedad civil en el nuevo régimen
La culminación de la transición política desde la perspectiva electoral disminuyó el espacio de acción y la capacidad de influencia de las organizaciones civiles
Una de las grandes expectativas creadas por la alternancia fue que los actores de la sociedad civil encontrarían espacios de diálogo, reconocimiento y capacidad de acuerdo en materia de políticas públicas con el nuevo gobierno democrático. Una expectativa similar se tenía también respecto al Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, conforme los meses han pasado se vive un desdibujamiento y una virtual desaparición del escenario público de las organizaciones civiles más conocidas, una relativa carencia de proyectos y de espacios para la interlocución y una pérdida de la capacidad crítica que anteriormente caracterizaba a estas organizaciones.
La culminación de la transición política desde la perspectiva electoral disminuyó el espacio de acción y la capacidad de influencia de las organizaciones civiles que en los años anteriores habían encabezado las luchas sociales prodemocráticas. Esta dificultad para atraer el interés público hacia los déficit gigantescos de nuestra cultura democrática, aunada a las oportunidades de trabajo abiertas por la llegada del nuevo gobierno, se tradujo en una pérdida de entusiasmo de numerosos dirigentes civiles y sociales por la continuación de sus tareas anteriores y en la decisión de algunos de ellos de asumir cargos importantes en el gobierno federal y en el de la ciudad de México.
Un proceso menos visible pero más amplio de incorporación de líderes civiles al gobierno se había venido dando ya anteriormente entre los sectores conservadores de la sociedad civil mexicana. La llegada de gobiernos panistas en diversos estados de la República había permitido que a lo largo de la década de los noventa los dirigentes de algunas organizaciones empresariales, organizaciones civiles de carácter filantrópico y de matriz religiosa, así como movimientos de clases medias urbanas, tuvieran acceso a importantes puestos en el sector público o devinieran diputados locales y federales, presidentes municipales y senadores.
No estamos hablando de un fenómeno novedoso ni inesperado. En las transiciones a la democracia experimentadas en los últimos 20 años se ha observado el lógico proceso de incorporación de las elites sociales y civiles antes desplazadas del poder a las funciones de gobierno. Lo relevante en este caso es la ausencia de un programa específico, de pactos claros y de resultados concretos en un plazo razonable.
En el gobierno federal hay un discurso abiertamente favorable a la sociedad civil, e incluso se instituyó una coordinación intersecretarial para la acción ciudadana que supuestamente debería facilitar la interlocución y la cooperación entre gobierno y sociedad civil. Pero no se ha producido hasta el momento ningún resultado trascendente. El experimento más interesante es el Consejo de la Sociedad Civil, un espacio de acción conjunta de varias redes y grupos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles conservadoras, grupos filantrópicos y personajes públicos. Este consejo ha tratado de sistematizar propuestas conjuntas de todo este plural y heterogéneo sector, pero no se ha abierto aún una vía específica para que las propuestas de ahí emanadas sean retomadas por el gobierno. Más aún, un sector de las organizaciones civiles, representado por quienes hoy dirigen lo que queda del Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) y por una corriente de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, desconfía abiertamente del consejo y se mantiene en actitud expectante.
El Gobierno de la Ciudad de México desconfía de la llamada sociedad civil y, si bien ha incorporado al gobierno a numerosos dirigentes históricos de las organizaciones y redes civiles, lo cierto es que piensa que la relación entre gobierno y ciudadanía no requiere de más intermediación que los comités vecinales.
Como resultado de este proceso, la sociedad civil mexicana ha ganado mucho en reconocimiento simbólico y discursivo, pero ha perdido visibilidad, influencia pública, autonomía crítica y hasta continuidad institucional. La pérdida de líderes no se ha podido resolver al no haber una generación de recambio, la carencia de recursos propios se ha hecho más aguda cada vez, y la incapacidad técnica y profesional de una buena parte del sector se ha puesto de manifiesto a la hora de tratar de hacer propuestas de políticas públicas. Hay excepciones entre organizaciones feministas, algunos grupos ecologistas, ciertas organizaciones campesinas y algunas organizaciones que trabajan con minorías y discapacitados.
Se entiende ahora que la sociedad civil mexicana era más débil de lo que se creía, más plural de lo que se sabía y menos capaz de articular acciones colectivas y movimientos sociales de lo que se pensaba. El reto que la consolidación de la democracia plantea a la sociedad civil es reconstituirse como una esfera autónoma de lo social, mantener una capacidad crítica respecto al gobierno y encontrar al mismo tiempo vías de cooperación con el mismo que no signifiquen la anulación de su autonomía y de su capacidad de reflexión. Ť