Alberto Nájar

Testigos anónimos, cateos que no cumplen el propósito por el que se ordenaron pero que en cambio sirven para descubrir, en flagrancia, la posesión de armas y propaganda calificada como subversiva; informes policiacos que parecen hechos a la medida, pruebas sembradas ?según denuncias de los afectados? pero que de todos modos sirven para dictar sentencias o autos de formal prisión.

Estos son los elementos que durante el sexenio pasado se repitieron en todos los procesos judiciales contra presuntos militantes de grupos armados, y que en el nuevo gobierno parece serán norma a seguir.

Desde Javier Elorriaga hasta los hermanos Cerezo Contreras, la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) y los servicios de inteligencia militar ha sido severamente cuestionada por organismos de derechos humanos y defensores de los detenidos.

"Todos los casos están bien amarrados jurídicamente, las pruebas que presentan siempre cuadran y frente a eso no hay defensa", ?explica?. Es lo que ocurre con las órdenes de cateo, que se libran con un propósito que no se cumple, pero que sirven para encontrar otros delitos en flagrancia", dice Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Limeddh).

"La represión se sigue aplicando, sólo que con métodos distintos. Es cierto, hay que reconocer que no ocurren las arbitrariedades de otros años, pero en el fondo el problema sigue siendo el mismo; la guerra sucia aunque le pongan perfume y se vista de traje sigue siendo guerra sucia", añade.

El presidente de la Limeddh afirma que las corporaciones policiacas y militares aprendieron a utilizar las leyes y el sistema judicial como un método moderno de represión.

La estrategia es simple: acumular el mayor número posible de acusaciones por delitos graves ?el que está de moda es terrorismo? y garantizar de este modo el encarcelamiento de los acusados en cárceles de alta seguridad, donde su defensa legal es cotidianamente obstaculizada.

Y para amarrar el caso, los jueces hacen sus aportaciones a los expedientes. Hasta ahora, en casi todos los procesos contra presuntos guerrilleros se iniciaron juicios y dictaron sentencias con base en evidencias poco sustentadas, lo cual incluso provocó la libertad de algunos acusados.

Es la misma estrategia que enfrentó Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio del Ejército Popular Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y así sucede con Pablo Alvarado, Sergio Galicia Max y los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras, procesados por terrorismo en Almoloya.

Son, pues, historias paralelas.
 
 

Javier Elorriaga y Gloria Benavides: el estreno
 
 

La estrategia vio la luz el 7 de febrero de 1995.

Ese día el obrero Odilón Hernández denunció ante la agencia 8 del Ministerio Público el robo de 150 pesos a manos de un sujeto que, al perseguirlo, se había refugiado en la calle de Tenayuca número 30, colonia Vértiz Narvarte.

Media hora después agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal (PJDF) se presentaron al domicilio acompañados de una decena de soldados para detener al presunto ladrón, pero en su lugar encontraron, relata el expediente del caso, "dos pistolas calibre 9 milímetros, armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 300 cartuchos útiles de diversos calibres" y documentos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En ese lugar fue detenida Gloria Benavides Guevara y horas más tarde, en Chiapas, el Ejército arrestó a Javier Elorriaga Berdegué, acusado de asociación delictuosa, asonada, rebelión y motín.

El origen de la captura fue una declaración jamás ratificada de Salvador Morales Garibay, presunto integrante del EZLN, quien según la PGR identificó a Benavides como la subcomandante Elisa, a Elorriaga como el comandante Vicente y a Rafael Guillén Vicente como el subcomandante Marcos.

La estrategia, pues, se había estrenado.

Además de las armas aparentemente localizadas en la casas de Tenayuca 30, Cacalomacán y Yanga, Veracruz, la PGR presentó como evidencia una declaración espontánea de Gloria Benavides en la que acusaba a Elorriaga Berdegué de comprar armas para el EZLN.

Otra prueba fue un parte informativo de la Policía Judicial Federal (PJF) en el que, a partir de una investigación hecha durante la Convención Nacional Democrática (CND) de 1994, se señaló a Elorriaga como uno de los principales líderes del grupo armado.

Esta prueba se desvaneció durante el proceso pues los agentes no pudieron identificar al acusado. Es más, dos de ellos incluso reconocieron que nunca fueron a la CND.

Sin embargo, como ocurre ahora en el proceso que se sigue a Pablo Alvarado, Sergio Galicia y los hermanos Cerezo Contreras, el juez Juan Manuel Alcántara Montaño no tomó en cuenta las dudas sobre las pruebas presentadas, y sin más sentenció a Elorriaga por terrorismo.

Por si fuera poco, ocurrió otra coincidencia histórica: para esta resolución el juez utilizó argumentos que habían sido desechados en los procesos contra Gloria Benavides y Fernando Yáñez ?ambos absueltos? para dictar esta sentencia.

Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas liberó a Elorriaga.
 
 

Los Loxicha: la práctica
 
 

El 29 de agosto de 1996 el EPR atacó en Huatulco, Oaxaca, y tras el enfrentamiento se descubrió que uno de los guerrilleros muertos era Fidel Martínez, regidor de San Agustín Loxicha.

A partir de ese momento en todo el municipio ?integrado por 32 comunidades zapotecas? se realizaron al menos seis operativos militares y policiacos, que dejaron, en dos años, un saldo de 150 personas detenidas (80 desaparecieron por semanas o meses) y dos más muertas en circunstancias extrañas.

En casi todos los casos, según denunció la Limeddh, hubo torturas e irregularidades en el proceso judicial que, sin embargo, sirvieron de muy poco: al final 118 de los detenidos fueron absueltos.

Un ejemplo de las irregularidades se dio con el descubrimiento de un supuesto campamento del EPR en la comunidad de Loma Bonita, cateada con violencia por policías judiciales de Oaxaca y militares.

De acuerdo con el reporte de la Limeddh los agentes "sustrajeron credenciales de elector, fotografías, documentos oficiales y del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN)", botas, platos, vasos y trastos de cocina, y los colocaron en una casa de adobe junto a la carretera.

También decomisaron una res en canal propiedad de Bartolo Pacheco Ramírez y, tras obligar a las mujeres a que la cocinaran, "tomaron fotografías y las presentaron después ante la prensa como un campamento guerrillero".

No fue todo. Antes de regresar a la ciudad de Oaxaca, los policías se comieron la carne... y detuvieron al zapoteco Adrián Sebastián Antonio, a quien después de golpearlo "se lo llevaron en una camioneta".

Adrián nunca llegó vivo a la capital. En el camino, según reportó la procuraduría estatal, la camioneta en que viajaba se volcó y el único muerto fue el detenido. Los policías, milagrosamente, no sufrieron ni un rasguño.

Jamás se permitió a la Limeddh revisar el cadáver, y el caso se perdió pues la familia fue amenazada.

Ese mismo día, 3 de diciembre, militantes del EPR tomaron varias radiodifusoras para difundir un comunicado. De acuerdo con el parte informativo de la Policía Judicial, un grupo de agentes persiguió a tres de los eperristas que participaron en el operativo, los cuales se refugiaron en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas y Populares de Oaxaca (CODPO).

Lo que siguió es conocido: en unos cuantos minutos los policías obtuvieron una orden de cateo, allanaron las oficinas y detuvieron a 17 adultos y 20 niños que dormían en el lugar.

De paso se llevaron los archivos de la CODPO, una computadora, un libro del caricaturista Rius, boletines del FAC-MLN y propaganda eperrista que, se supo después, había sido sembrada.

De los detenido sólo tres ?Miguel Ranulfo López, Benito Almaraz e Idelberto Antonio? fueron sujetos a proceso pues la procuraduría argumentó que "se ajustaban a la hipótesis de flagrancia, porque fueron señalados por una persona que los identificó al salir de la radiodifusora y los judiciales los siguieron hasta el local de la CODPO".

Las pruebas surtieron efecto: Benito Almaraz fue sentenciado a 15 años de prisión.
 
 

ERPI: perfeccionar el método
 
 

Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio del ERPI, caminaba por la calzada México-Tacuba del Distrito Federal cuando fue detenido por cuatro sujetos que lo subieron a una camioneta Suburban sin placas.

Era el 19 de octubre de 1999. De acuerdo con las declaraciones del gue-rrillero ?avaladas por varios comunicados del ERPI? de la céntrica avenida fue trasladado a un sitio desconocido donde fue torturado durante tres días.

Luego, el 22 de octubre fue llevado a San Luis Potosí, donde su esposa Gloria Arenas Ajís, la coronel Aurora, había sido detenida y torturada. De San Luis la pareja fue trasladada a la ciudad de México, donde se encontraron con Fernando Gatica Chino y Felícitas Padilla, detenidos la víspera en una casa de la colonia del PRD en Chilpancingo, Guerrero.

La travesía de todos concluyó en Almoloya.

Hasta aquí la versión de los detenidos, avalada por varias organizaciones no gubernamentales como el Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos.

La otra parte de la historia, la que cuenta la PGR, es distinta.

De acuerdo con el expediente del caso agentes de la Policía Judicial de Guerrero recibieron un aviso anónimo de que en la vivienda de la colonia del PRD se escondía el secuestrador Vitaliano Fernando García, y de inmediato obtuvieron una orden de cateo para aprehenderlo.

Sin embargo, al presentarse en el domicilio ?acompañados de una decena de integrantes del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales (GAFE)? los judiciales no encontraron al secuestrador, pero en cambio se toparon con documentos y propaganda del ERPI, libros de marxismo y varias armas de fuego.

Los policías torturaron durante doce horas y frente a sus hijos a Felícitas Padilla y Fernando Gatica. Luego los trasladaron al Distrito Federal donde los presentaron ante los medios como "la captura de guerrilleros más importante desde los tiempos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez", como afirmó el entonces subsecretario de Gobernación Jorge Tello Peón.

Ante el juez, Antonio y Aurora alegaron haber sido torturados y reclamaron la ilegalidad de su captura, pues según la PGR los cuatro fueron aprehendidos en flagrante posesión de armas en Chilpancingo. Pero de nada les sirvió.

En un proceso que la abogada Pilar Noriega calificó como "juicio secreto", los erpistas fueron sentenciados por el delito de terrorismo. Curiosamente, al igual que sucede ahora con los detenidos por los atentados a Banamex, los líderes del ERPI fueron absueltos de sabotaje y secuestro, delitos ambos que hubieran dado sustento a la acusación de terrorismo.

La historia, pues, se repite.*
 
 

Emiliana Cerezo Contreras no tiene dudas: la administración del presidente Vicente Fox aplica una "venganza criminal" en contra de sus hermanos Alejandro, Héctor y Antonio ante la incapacidad para detener a sus padres, militantes reconocidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

"No se vale irse contra la familia, decir 'no te agarro a ti pero me desquito donde más te duele", ?dice molesta?. Los criminales no son mis hermanos sino (Rafael) Macedo de la Concha, (Alejandro) Gertz Manero, el presidente Fox, (Santiago) Creel...".

Una muestra del encono gubernamental es, añade, el trato que reciben sus hermanos en el penal de La Palma, en Almoloya, donde permanecen separados en módulos que no les corresponden. Esto dificulta la visita de familiares y el contacto con los abogados defensores, quienes por cierto también han sido bloqueados por las autoridades del penal y el personal del juzgado que lleva el caso.

Lo peor es, sin embargo, que a Héctor y a Pablo Alvarado los mantienen en el módulo 6 destinado a prisioneros conflictivos, como los adictos a las drogas o quienes tratan de suicidarse.

Emiliana dice que es una trampa. "En ese módulo todos son muy violentos y por unas papas fritas te pueden picar (apuñalar). El miedo que tenemos es que las autoridades manden a otros presos a provocar a mis hermanos y tener pretexto para castigarlos durante meses, o hasta les pueden hacer daño. Eso es un crimen".

No son estas las únicas presiones contra la familia, pues la casa donde vive con su hermano Francisco es constantemente vigilada por camionetas con vidrios polarizados, que permanecen horas y horas en los alrededores.

Hasta ahora el único problema que ha enfrentado fue el intento de interrogatorio que, el 1o. de septiembre, pretendió hacerle un presunto reportero del diario La Crónica. "Me causó mucha desconfianza y le pedí que se alejara. Luego algunos compañeros me dijeron que era policía".

Pero no se confía pues está consciente de que en cuanto baje la atención de los medios hacia el caso aumentarán las posibilidades de sufrir algún daño.

?¿No será que en el fondo la intención es atraer a tus padres para capturarlos?

?Si son del EPR te aseguro que no se van a comunicar con nosotros, es más, aunque me duela prefiero no volverlos a ver nunca ?dice con el llanto apenas contenido?. Mi hermano y yo somos lo suficientemente capaces y ahora entiendo por qué mi papá nos educó así, nos preparó para enfrentar esto. Y lo vamos a hacer.

Y advierte: "Estoy muy enojada, duele lo que estamos viviendo, pero vamos a ver quién se cansa primero. Podrán matar a mis hermanos, a mis padres o a mí, pero si el proyecto del EPR continúa, nosotros no somos los importantes". (Alberto Nájar)