Los avances en materia de planificación familiar son innegables. El uso de los modernos métodos anticonceptivos se ha acrecentado a la par de la reducción de los índices de fertilidad y, por tanto, del crecimiento demográfico. Por ello, el que se continúe en la presente administración con las políticas que han garantizado esos avances es un acierto. Sin embargo, la sola continuidad de las acciones puede garantizar el cumplimiento de las metas fijadas pero no la atención de las necesidades reales de una población diversa y en constante cambio, que requiere para ejercer sus derechos en el campo de la sexualidad y la salud reproductiva tener acceso a la información, los servicios necesarios y los avances tecnológicos. Además, por encima de anhelados índices demográficos y consideraciones de tipo doctrinario debe prevalecer el interés de las personas, en particular de las mujeres usuarias de los servicios de salud reproductiva. Y una manera de garantizar que dicho interés prevalezca, es decir, que se garantice el respeto a los derechos y la autonomía de las personas, es abrir canales institucionales a la consulta y participación de las organizaciones civiles.

En la continuidad de las acciones en materia de salud reproductiva y planificación familiar, persisten importantes omisiones y los retos siguen siendo los mismos, el mayor de ellos es sin duda abatir las desigualdades en el acceso a la información y los servicios. Mientras los porcentajes de embarazos adolescentes, de tasas de mortalidad materna, de índices de fallecimientos de recién nacidos, de prevalencias de cánceres uterinos y de mama sigan siendo mayores entre las mujeres de áreas rurales, indígenas, de baja escolaridad y no derechohabientes, mientras no se abatan esos rezagos y desigualdades no se podrá asegurar con propiedad que ha habido avances.