Señora directora: En el prestigiado diario que usted dirige, Kate Gilmore, miembro de Amnistía Internacional, afirma que: "...una comisión de la verdad, cuya integración debe suponer la participación de miembros de demostrada objetividad, imparcialidad y compromiso con los derechos fundamentales, y con el apoyo de organismos internacionales."

¿Quien que no ha vivido la experiencia de tener un familiar -hijo, hermano, esposo, amigo- puede dedicarse a la búsqueda de la verdad? En todo caso la imparcialidad la debe asegurar el Poder Judicial.

Una comisión de la verdad debe integrarse con los afectados, para asegurar con ello que su quehacer no será en sus ratos libres ni redactará informes en un café ni hará como que hace para cobrar un cheque.

Una comisión de la verdad no debe designarla ninguna instancia del gobierno. Este debe proporcionar los medios y las autorizaciones para que la comisión tenga acceso a cualquier expediente.

Habrá muchos ciudadanos imparciales y honorables, pero jamás se comparará con el ciudadano que no puede ni dormir desde los lejanos o recientes años de la desaparición de sus seres queridos, quienes antes de desaparecer de seguro fueron salvajemente torturados de la manera que no es secreto para nadie.

Los desaparecidos deben dejar de serlo y los culpables debidamente juzgados y castigados. Para que no vuelva a suceder.

Atentamente,

Yolanda Robles G.

Critica acciones contra universitarios

Señora directora: Los petardos que estallaron en las sucursales de Banamex han llevado a dos jóvenes universitarios a la cárcel, con lo que el Estado y los grupos de derecha del Partido Acción Nacional quieren ocultar el fracaso del crecimiento económico que, aseguraban, sería de 7% en el 2001, y los analistas sostienen que no se va a alcanzar el nivel del 2000.

La economía va a decrecer en perjuicio de la clase obrera, por eso procesan a dos universitarios que tuvieron el valor de opinar diferente al sistema político mexicano, que aplica la ley al revés. Los estudiantes defensores de la educación a la cárcel y los delincuentes de cuello blanco libres, como Oscar Espinosa Villarreal.

Atentamente, 

Carlos Reyes Mejía

Precisiones del gobierno de Chiapas

Señora directora: En relación con los comentarios del C. Miguel Angel Rivera, en su columna Clase Política, con fecha 20 de agosto del presente mes, a un año exactamente de que se desarrolló la jornada electoral para la elección de gobernador del estado, conviene hacer las siguientes precisiones.

Al referirse a que el "actual Instituto Estatal Electoral organizó con éxito las elecciones...", es necesario puntualizar.

1. El órgano electoral en el estado de Chiapas anteriormente se denominaba "Consejo Estatal Electoral", y a partir del 1 de diciembre del año 2000 fue renovado como resultado de una reforma electoral en octubre del 2000.

2. En cuanto al presupuesto también es necesario puntualizar:

3. El presupuesto para el proceso electoral del año 2001 fue propuesto por la anterior administración.

4. El Congreso del estado aprobó en junio del presente año dicho presupuesto por el orden de 109 millones, al margen de lo destinado para el financiamiento público.

El Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de Hacienda, ha entregado oportunamente cada una de las ministraciones conforme al presupuesto autorizado por el Congreso.

5. Al mes de julio del presente año, el Instituto Electoral informó al gobierno del estado haber ejercido un poco más de 65 millones de pesos, y el gobierno del estado les había ministrado cerca de 82 millones de pesos, por lo que conforme a su información existían recursos disponibles.

6. El gobierno del estado no tiene una bolsa abierta para disponer en forma discrecional de recursos económicos a quien se lo solicite.

7.En el caso de que se aprobasen recursos extraordinarios, éstos afectarán programas previstos en el gobierno del estado.

8. La asignación y distribución del gasto público en el estado fue aprobado por el Congreso del estado a través del Presupuesto de Egresos para este año.

9. El Congreso del estado ha iniciado una auditoría para conocer la forma como se ha ejercido el presupuesto aprobado para el Instituto Estatal Electoral.

Rafael Arellanes Caballero, subsecretario de Relaciones Políticas

Exige pagos a la PGR

Señora directora: Ante la indiferencia de las autoridades de la Procuraduría General de la República, una vez más solicito se me pague por mis servicios prestados a esa institución, para la cual trabajé desde el 1º de mayo del 2001, bajo el régimen de honorarios, y a la fecha no he recibido ningún pago.

Lo único que me informan es que el señor procurador, Rafael Macedo de la Concha, no ha firmado mi contrato y, por lo tanto, no pueden expedir ningún pago. Es increíble que en tres meses y medio no haya firmado un modesto contrato que, al parecer, no se le da la debida importancia, pero para mí es fundamental porque es el sustento de mi familia. Una vez más le pregunto al presidente Vicente Fox: ¿Dónde está el tan anhelado cambio?, ¿Por qué esa prepotencia?, ¿Por qué esa deplorable burocracia que usted tanto dice que lucha por cambiar? Y, a la vez, le vuelvo a solicitar su intervención para que se me paguen inmediatamente los servicios que ya presté hace más de tres meses.

Miguel Angel Salcedo  Rodríguez

Pide independencia a Junta de Conciliación

Señora directora: Una vez más agradeceremos mucho su apoyo.

Licenciado Vicente Fox, Presidente de México.

Licenciado Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Carlos Abascal Carranza, secretario del Trabajo.

Somos un grupo de sobrecargos que durante cinco años hemos denunciado la corrupción existente en la Junta Federal 2 de Conciliación y Arbitraje.

Por fin llegó la hora en que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral tendrá que resolver el amparo 190/01, ya que con anterioridad, en el amparo 605/2000, el mismo tribunal determinó que la Junta Federal 2 violó las garantías individuales 14 y 16 constitucionales, así como los artículos 840, 841, 842, 843 y otros, al dictar un laudo incongruente y de esta forma nos amparó para los efectos en que la junta en cuestión estudiara y relacionara pruebas admitidas en el juicio, pero no valoradas adecuadamente como son los convenios, jubilaciones, pérdida de derechos y cláusulas contractuales, en particular la 32 donde explica exclusivamente la parte que beneficia a la empresa, dejando sin estudio la segunda parte de ésta y desconociendo nuestros derechos adquiridos a través del tiempo. Con este tipo de resoluciones deja sin efectos el Art. 12, fracción 27, inciso H, constitucional en relación con el Art. 5, fracciones 12, 33 y 34 de la Ley Federal del Trabajo. El Décimo Tribunal Colegiado resolverá nuevamente, por lo que es importante que norme su propio criterio y no se base en resoluciones dictadas con anterioridad por la misma junta, ya que al recurrir al amparo lo que busca el trabajador es encontrar la justicia que le fue negada en los laudos, ya que la mencionada Junta Federal 2 no acató la ejecutoria que le fue dictada. Entre otras cosas, no fue estudiado el convenio de la terminación de la relación laboral, donde dice que fueron pagadas todas las prestaciones, pues este párrafo contiene renuncia de derechos que obviamente nos provoca grandes perjuicios.

José Antonio Rábago Sánchez Arriola, Héctor Amaré Mares y José Justino Fernández

Al evento conmemorativo del Día del Trabajador(a) Social que se llevará a cabo el martes 21 de agosto de 2001, a las 18 horas, en el Auditorio de la delegación Cuauhtémoc, ubicado en Aldama y Mina, col. Buenavista. Metro Revolución.

Asimismo, se les invita a la fiesta que se realizará el viernes 24 de agosto, a partir de las 20 horas en: Amado Nervo, No. 28, col. Santa María la Ribera, Metro San Cosme o Revolución.

Invita Red de Trabajadoras y Trabajadores Sociales Democráticos de la Ciudad.