JESUS Ramírez Cuevas

San Antonio de La Laguna, Edomex. "Somos comuneros que tenemos 300 años en posesión de nuestras tierras, bosques y aguas. El 26 de julio promovimos una demanda de amparo contra la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas por considerar que dicha ley nos causa un perjuicio directo, toda vez que pretende anular derechos que actualmente ya tenemos reconocidos a nivel constitucional, es el caso de la propiedad y posesión de nuestros recursos y tierras".

Rodeado de un grupo de comuneros que lo escuchan, Ignacio Martínez, uno de los pocos campesinos que en San Antonio de La Laguna saben leer y escribir, cuenta cómo la comunidad tomó la decisión de rechazar legalmente la reforma indígena promulgada por el presidente Vicente Fox el 14 de agosto.

"Vimos que en la ley no hay nada a favor de nosotros, entonces fue que decidimos que teníamos que estar en este momento o no estar nunca, por eso nos arriesgamos a ir a México a presentarnos a los juzgados" dice el joven mazahua.

Y continúa: "A lo mejor no es nada fácil porque vienen las amenazas, pero tenemos que sacar un poquito ese miedo y que hablar con la verdad y enfrentar esto, hablar ahorita o callar para siempre".

Así, los mazahuas de San Antonio y San Miguel Xoltepec, del municipio de Donato Guerra, y de Santa Cruz, municipio de Atizapán, decidieron en asambleas comunitarias rechazar la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión, mediante demandas de amparo contra la reforma constitucional. Pero éstas no han sido admitidas por los jueces.

*En la tierra del Cerro del Malacate

En un pequeño valle del municipio de Donato Guerra se asienta el modesto pueblito de San Antonio, un lunar de casas rodeado de sembradíos de maíz y de bosques de pinos y encinos. Parado junto a la milpa crecida sobre la tierra negra, Ignacio extiende la mirada mientras habla: "En estas tierras han vivido nuestros abuelos, en estas tierras nacimos, en ellas moriremos".

Aquí habitan mil 500 indígenas. Están reconocidos unos 400 comuneros. Es un pueblo marginado; sus habitantes se sienten olvidados. Hay muchas casas de material, aunque todavía quedan de barro y madera. Oficialmente el analfabetismo ronda 35% de los mayores de 15 años; sin embargo, la mayoría no sabe leer ni escribir. En su municipio tienen un médico por cada 2 mil 64 habitantes y en 1999 la inversión pública alcanzó 71 pesos por habitante. Viven casi seis personas por vivienda. Muchas son de un piso, aunque recientemente han construido algunas de dos pisos.

La construcción más grande que hay en el pueblo es una iglesia blanca, que resalta entre el paisaje verde. Algunas mujeres con sus naguas con olanes de varios colores brillantes caminan con sus cubetas llenas de maíz por la calle principal pavimentada rumbo al molino. Saludan al grupo; no se estrechan la mano, apenas se tocan la palma, una antigua forma de saludar.

El campo ya no da para sobrevivir, así que los mazahuas viajan constantemente a las ciudades a vender artesanías o lo que sea. El 70% de los hombres se dedican al comercio y se van de vendedores ambulantes a las ciudades, a México, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Guerrero, Michoacán. La mayoría de las mujeres se dedican a la artesanía para sobrevivir.

*"Nos quieren desaparecer"

Con la hoja de un cuchillo, Simón Alvaro limpia la piel de un cerdo recién sacrificado. Cada semana mata un animal, para vender la carne entre los indígenas. Mientras cuelga su mercancía, se declara consternado por la nueva ley: "El gobierno quiere desaparecer lo que somos. En San Antonio somos ciento por ciento indígenas; el gobierno no nos toma en cuenta, como si no valiéramos nada. Hemos conservado nuestra cultura indígena, no queremos que alguien venga y nos quite lo que somos".

El gobierno indígena aquí siempre ha funcionado, pero como ahora salen mucho, para conseguir dinero decidieron reunirse cada fin de mes.

"La máxima autoridad del pueblo es la asamblea, ahí todos deciden sobre cualquier problema o trabajo. Queremos que el gobierno la respete, que respete el costumbre del pueblo. Pero el gobierno manda INEGI, Procede, viene a levantar zona urbana, quiere concesionar el agua, y aquí no estamos de acuerdo. En la asamblea siempre hemos dicho, pase lo que pase, aquí donde nacimos hemos de morir, pero no debemos permitir que venga alguien a imponernos, a invadirnos", advierte Simón.

Representantes de San Antonio, San Miguel Xoltepec y Santa Cruz han viajado en diversas ocasiones a la ciudad de México pero los jueces han rechazado sus demandas. En una de sus visitas, abordados por Masiosare, desgranaron el recuento de sus problemas a la luz de la nueva legislación.

Cirenio Martínez Cervantes, un viejo campesino de sombrero de palma y bigote entrecano, originario de Santa Cruz, explica las razones de su inconformidad: "Consideramos que estamos casi desamparados. Nuestras comunidades de hecho fueron creadas antes de la conquista, pero de derecho adquirieron un reconocimiento con la legislación española. En distintas épocas han sido cuestionadas pero hemos promovido juicios de amparo basados en las cédulas reales. La nueva ley nos quiere quitar el apoyo legal que tienen las comunidades indígenas para disfrutar de sus recursos que están en el subsuelo y desgraciadamente algunos malos gobernantes y ambiciosos capitalistas se apoderan de esos recursos y los explotan para beneficio de ellos. A los habitantes originarios no les dan casi nada, puros engaños, y eso es una injusticia".

Cirenio habla pausado pero sabe el peso de las palabras; se expresa bien en español. "Como mexicanos, dice, nos inconformamos contra el gobierno federal para defender nuestros recursos. Esa es la razón por la cual pedimos que se nos escuche y que nuestras cuestiones conforme a derecho se resuelvan. Es triste ver la humillación de la que muchos compañeros son objeto, encarcelados, asesinados, amenazados; es por eso que muchas veces se inconforman y se rebelan contra un mal gobierno".

Don Cirenio sentencia que "cuando hay un buen gobierno todo se equilibra, o sea, el derecho y la razón, y estamos en paz, pero cuando no, hay inconformidades. Queremos vivir en paz y que nuestro país cambie el sistema de gobierno autoritario, queremos vivir todos unidos como hermanos y como gentes".

A las afueras del edificio de la judicatura, donde se ubica el juzgado que rechazó su causa el 6 de agosto, está también Juan Jiménez Reyes, mazahua de San Miguel Xoltepec, quien agrega: "Presentamos la demanda para impugnar la ley indígena porque afecta nuestros derechos como indígenas. El Congreso de la Unión toma sus propias decisiones y no consulta a los pueblos. A los pueblos nos perjudica por varias razones: afecta nuestras costumbres, nuestra tradición, afecta lo que es nuestra tierra, el agua. En el interior como comunidad eso es lo que vimos y nos vimos en la necesidad de proteger nuestros derechos".

*La lucha por la tierra y el agua

Desde la comunidad se divisan los montes que rodean San Antonio. Hacia allá señalan los indígenas cuando relatan la defensa de sus manantiales que, dicen, "fue algo histórico" para los habitantes de esta comunidad.

En 1998 el gobierno municipal, con el apoyo del gobierno estatal, decidió concesionar a otras comunidades el agua de este pueblo. Nunca se informó ni se consultó a los afectados. En el pueblo corrió la voz y comenzaron a organizarse. Los hombres trabajaban y las mujeres cuidaban el agua. "Ahí nos dimos cuenta de que podíamos defender nuestros derechos", resume Ignacio.

A partir de ese momento, el pueblo se organizó para que todos participaran en la solución de los problemas. "Cuando defendimos el agua estaba a punto de soltarse un problema grande con el gobierno. A partir de ahí ya no nos dejamos", recuerda Roberto Victoriano, un hombre joven. Su español revela su origen humilde.

Ignacio recuerda con emoción esos momentos: "Estábamos dispuestos a dar la vida pero no a dejarnos quitar el agua. Al final no pudo el gobierno". Los rostros morenos del grupo se iluminan cuando escuchan esas palabras.

Sin embargo, Roberto recuerda que en las discusiones con los funcionarios "siempre sacaban el argumento de que los manantiales son bienes de la nación. En la asamblea discutíamos, quién es la nación y decíamos que nosotros somos parte de la nación, nosotros hemos vivido aquí, hemos sufrido y no nos vamos a dejar arrebatar por el gobierno lo que pertenece a nuestros hijos. Hoy con la ley indígena nos vuelven a decir lo mismo. Por eso la rechazamos".

En San Antonio ha sido larga la lucha agraria. En 1975 presentaron una solicitud a las autoridades agrarias para que les reconocieran sus derechos comunales, pero hasta la fecha no les han dado el título de propiedad. "Estamos solicitando ante el Tribunal Agrario que nos reconozcan como bienes comunales", cuenta Ignacio Martínez.

En 1999 el tribunal emitió una resolución, pero de 475 hectáreas que componen la comunidad la autoridad sólo reconoce 345 como bienes comunales y 130 hectáreas las quiere convertir en suelo urbano, como propiedad privada. "Nosotros no estamos de acuerdo porque eso abre la posibilidad de que nos quiten las tierras y vengan empresas a fraccionar. El año pasado metimos un amparo en el tribunal colegiado en Toluca, donde nos tienen dando vueltas y vueltas, nos ponen muchos pretextos. Pero no nos queda otra que hacer algo. Este año hemos hecho más de 20 viajes a Toluca y no hay respuesta, el juez no ha fallado, seguimos igual", ataja Ignacio.

*En busca del ejido perdido

En 1936 el gobierno de Lázaro Cárdenas concedió una ampliación de la comunidad y les dio a los indígenas un certificado de derechos por el cual se creó el ejido San Antonio con 310 hectáreas, unos terrenos lejos del pueblo, a la orilla de la laguna de Valle de Bravo. Sin embargo, años después se construyó la carretera y destruyeron sus milpas. La gente caminaba horas para llegar a su tierra pero los de Valle de Bravo los empezaron a invadir, y luego los invasores vendieron las tierras ilegalmente a particulares y extranjeros. "Cuando reclamamos las tierras, las autoridades agrarias ya no las quisieron devolver. Esta lucha tiene 25 años. El año pasado fuimos a tomar las tierras pero nos amenazaron con la cárcel. Si no nos pueden devolver todo, queremos que al menos no den el bosque y que nos indemnicen", dice Albino Sánchez Flores, otro de los representantes.

Urbano Hernández, de mirada desconfiada, interviene con palabras duras: "El ejido nos lo quitaron los ricos. Ahora cada persona tenemos cinco surcos y ya no dan para vivir a una familia. Estamos organizando en los pueblos para que no nos quiten más tierra".

*No queda otra que resistir

Con un rebozo sobre la cabeza, Delfina Martínez Arzate cubre su pelo cano. Se ve una mujer recia, con buena presencia. Sentada en el pasto, con las manos sobre su naguas, describe con fluidez su visión de esta su lucha:

"La cultura indígena resiste, tiene mucha memoria histórica, es muy solidaria. Mucho antes de que sacaran todos los programas del gobierno, antes de que pisotearan a las comunidades. Las comunidades tienen sus propias leyes, sus propias costumbres, su propia cultura. El pueblo puso su decisión de defender su territorio, sus tierras, sus montes, sus aguas, que gobierne el pueblo, porque lo de afuera, todos los programas que han venido sacando, no nos han beneficiado de nada, no llegamos a tener calidad de vida".

Y continúa: "Lo que se está pidiendo no es algo del otro mundo, sino que se reconozca al pueblo su capacidad de gobernar. El gobierno lo único que haría es sumar las demandas del pueblo. Eso es lo que buscamos".

Delfina encabeza a un grupo de mujeres de San Antonio que además de hacer artesanías, promueve la participación en las asambleas. Ella habló en el acto frente al Senado el 15 de agosto para rechazar la ley indígena: "En esta comunidad se está organizando para impugnar pero no nos quieren recibir nuestros documentos. Pero ahora que ya entró en vigor lo vamos a volver a presentar, ahora no tendrán pretextos los jueces".

"Nosotros lo sufrimos cada día. No tenemos tierra para trabajar de campesinos, no podemos trabajar ni como comerciante porque nos persiguen en la ciudad, no tenemos libertad, queremos que como seres humanos tengamos una vida mejor, que todos merecemos respeto y eso es todo", agrega.

Albino, vestido de vaquero con su sombrero tejano, pone de ejemplo cómo el pueblo ha cuidado los manantiales de agua y también los bosques. "La asamblea decidió reforestar y cuidar el bosque, no permitir que nadie lo explote. Llevamos dos años sembrando árboles".

La autoridad comunitaria ha tenido dificultades para hacer prevalecer sus decisiones. El ayuntamiento de Donato Guerra, gobernado por el PRI, "nos impone representantes y no respeta los acuerdos de la comunidad. Si nos aprueban como dice la ley de la Cocopa, tendremos derecho a ser respetados y exigir tanto al municipio, al gobierno estatal y a la Federación que nos respeten. Eso es lo que hemos visto en la comunidad. Con la nueva ley nos van a imponer lo que quieran".

El cielo encapotado comienza a tronar. Y la gente se inquieta. Antes de irse, Simón sonríe mientras dice:

"Hay que defendernos, hay que salir adelante. Nosotros estamos poniendo los gobiernos por medio del voto pero cuando son gobierno, qué está pasando, deciden cosas que no estamos de acuerdo. Prometen, como el señor Fox que dijo que iba a reforzar la ley para los indígenas, nos habla de labios y no de corazón. Y mire dónde vamos, estamos más peor que nunca". *