El general Lázaro Cárdenas concibió el reparto agrario como parte de un modelo de desarrollo económico nacional. Durante su periodo, la hacienda latifundista del siglo XIX desapareció del escenario y dio lugar a un nuevo sector social conformado por ejidos y comunidades agrarias, que para 1940 logró duplicar el valor de la producción agrícola del país. 

Sin embargo, el modelo de desarrollo cardenista se topó con una serie de contradicciones, producto de la irresponsabilidad del Estado --concentración del ingreso y fin de la repartición--, que derivaron en una crisis agrícola que terminó con el llamado "milagro mexicano" hacia mediados de la década de los sesenta.

A partir de entonces, el campo mexicano se ha debatido entre el abandono y la feroz competencia del mercado, producto del giro en la política económica nacional que desde hace 20 años ha limitado el desarrollo económico al accionar de la oferta y la demanda. Sin ningún tipo de apoyos por parte del Estado, los productores nacionales no pudieron sobrevivir en los años siguientes a la feroz competencia exterior. Se incrementaron las importaciones y el mercado interno sufrió las consecuencias. 

En otras palabras, el Estado transfirió abruptamente su responsabilidad social al libre mercado, sin ningún tipo de protección para los productores nacionales como han hecho Estados Unidos y la Unión Europea.

Durante el régimen de Carlos Salinas se sepultó el reparto agrario con las reformas al artículo 27 de 1992, mismas que avalaron la transferencia de tierras "no rentables" de miles de campesinos minifundistas a manos de empresas trasnacionales. Este afán modernizador, que sacrificó el mercado interno a cambio de una obsesión por lograr una inflación de un dígito por medio de la apertura comercial y el tipo de cambio, encontró su punto culminante con la firma del Tratado de Libre Comercio. Para 1995 la producción agropecuaria nacional registró una cifra récord de decrecimiento de menos 4 por ciento. 

A la fecha, los tibios intentos para reactivar el sector agropecuario nacional han sido rotundos fracasos: los productores nacionales parecen destinados al olvido; siguen sin recibir apoyos para hacer producir las tierras, carecen de créditos, asesoría, capacitación y tecnología. No hay manera de que compitan con los productos de nuestros socios comerciales de Estados Unidos, Canadá o los países de la Unión Europea, quienes, aun dentro de la lógica del mercado, sí ofrecen subsidios a los productores y protegen su mercado interno.

La crisis del sector agropecuario está a la vista. Prueba de ello es la movilización campesina convocada ayer por el Congreso Agrario Permanente (CAP), los problemas por los que atraviesan los cañeros, cafeticultores o piñeros. Estos últimos, por ejemplo, venden en 15 centavos el kilo de su producto, cuando una piña se vende al consumidor en por lo menos 10 pesos. La desproporción es brutal y confirma que el problema no radica únicamente en la competencia externa, sino en una muy desafortunada estructura de comercialización interna. 

¿Adónde nos dirigimos? ¿Cuál es la propuesta de Fox para resolver el problema? No lo sabemos. Lo único que se tiene claro es que este gobierno no ha dado la mínima señal para incorporar al sector agropecuario nacional en el actual modelo de desarrollo económico; es decir, su gobierno no ha cambiado la línea de abandono al campo que siguió Carlos Salinas. Peor aún, tenemos un Presidente que ante las exigencias de los campesinos responde que su gobierno "no necesita presiones" porque "sus autoridades son gente de campo". A no dudarlo, esta es una actitud de gente de campo: muy semejante, de hecho, a la que caracterizó a los hacendados del siglo XIX, que minimizaron las llamadas de atención y no quisieron ver los focos rojos que dieron pie a un estallido social que todos recordamos.