Debe
darse una transformación radical de las estructuras universitarias
basada en la democracia, la equidad y la defensa de la inclusión
y el reconocimiento de la pluralidad de pensamiento, señalaron
académicas de la UNAM durante el foro La Universidad que queremos
las mujeres, logros, perspectivas y propuestas.
Fueron más de una cincuentena las participantes -durante tres
días consecutivos, en cuatro mesas de trabajo- quienes realizaron
un diagnóstico de la situación que enfrentan las académicas,
las formas de participación y democratización, la política
educativa, el sexismo, así como el feminismo y la reforma académica
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este
foro previo a la realización del Congreso Universitario donde
presentarán sus propuestas.
En algunos casos el diagnóstico no resultó alentador,
pues aún falta información estadística desagregada
por sexo que permita definir la presencia y participación real
de las mujeres en la vida académica de la universidad; subsiste
la desigualdad en el plano de las relaciones laborales cotidianas y
en las políticas contractuales prevalecientes; y es escasa la
participación femenina en los puestos directivos.
Indicaron que si bien la matrícula de mujeres a nivel licenciatura
ha aumentado considerablemente a últimas fechas, no sucede lo
mismo en el campo científico y de la investigación, al
que tiene acceso un número muy reducido de mujeres.
Durante el evento, organizado por el recién conformado Colegio
de Académicas Universitarias -cuya presidenta es Olga Bustos
Romero- y en el que se le rindió un homenaje a la directora del
Programa Universitario de Estudios de Género, Graciela Hierro,
la también feminista Marcela Lagarde pidió la creación
del Premio Rosario Castellanos al Desempeño Académico
de las Mujeres.
Se expuso también la problemática tanto de académicas,
investigadoras, estudiantes y personal directivo, administrativo y de
base y se realizaron una serie de propuestas encaminadas a hacer de
la universidad un espacio democrático y equitativo en el que
las mujeres tengan una participación determinante.
Académicas e investigadoras plantearon que la Ley Orgánica
sea sustituida por una Ley Universitaria con perspectiva de género;
la defensa de la gratuidad de la educación "como una acción
afirmativa de género" con lo que se garantice el ingreso
de las mujeres a los niveles superiores de educación; que se
haga uso transparente, eficiente y equitativo de los recursos y que
se promueva una educación laica, científica, humanista
y feminista cuyo eje sea la ética.
En cuanto a las formas y gestiones de gobierno, externaron que debe
haber una diferenciación de dos niveles de poder: el burocrático
administrativo y el de la academia y que ambos deberán ser electos
por mecanismos democráticos y descansar en formas colegiadas.
Desaparición de la Junta de Gobierno, Reestructuración
del Consejo Universitario para su transformación en un nuevo
poder académico y conformación de consejos derivados de
una multiplicidad de instancias de decisión, que contemplen los
criterios de equidad y paridad.
Para eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres dentro
de la universidad plantearon el promover políticas afirmativas
de equidad y género; hacer vigentes los derechos de maternidad
y salud para las universitarias, otorgar becas para académicas,
trabajadoras y estudiantes, de acuerdo con sus necesidades y condiciones,
apoyar el ingreso, la permanencia y la superación de las académicas
tanto en la docencia como en la investigación.
De igual forma, enfatizaron en que se deben crear áreas en las
que se capacite y forme a profesionales como especialistas en género
y otras que promuevan y vigilen la potenciación de nuevos modelos
hacia la equidad; otorgar cursos y talleres para que las universitarias
conozcan sus derechos laborales; que se establezca de forma institucional,
sindical o gremial, una política salarial equitativa que eleve
los salarios, las prestaciones y los derechos derivados del trabajo,
así como un programa de becas estudiantiles que estimule la equidad
de género entre mujeres, hombres.
Asimismo, construir una red de género entre las universitarias
de todos los sectores que impulse el avance de las mujeres en la sociedad
y establecer un diálogo permanente con partidos políticos,
organizaciones civiles, empresas, gobiernos, legislaturas y medios de
comunicación para participar en la construcción de una
cultura democrática avanzada. En ese sentido, acordaron crear
una campaña para difundir la Convención para la eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y exigir
de parte del gobierno la firma del Protocolo facultativo de dicha convención.
Plantearon la redefinición de las instancias de evaluación
del trabajo académico, que éstas cuenten con 50 por ciento
de mujeres, la inclusión de las mismas en la investigación
y que el Programa Universitario de Estudios de Género tenga una
mayor participación en los planes docentes con objeto de garantizar
que los contenidos estén orientados desde la perspectiva de género.
También pidieron que se contemple en el estatuto general de la
UNAM, la sanción a toda acción discriminatoria por ideología,
raza, clase o género y que se tipifiquen todas las acciones relativas
al acoso sexual. (Aleyda Aguirre)