Fernando Mino

En marzo de 2000 un recluso con sida falleció en el interior de una camioneta antimotines de la Secretaría de Protección y Vialidad de la ciudad de Mérida, Yucatán, a las puertas del Hospital General O'Horan. Su traslado del reclusorio se debió a un severo cuadro de deshidratación por vómito. En la puerta del nosocomio la médica del centro penitenciario bajó de la camioneta en busca de camilleros para poder llevar al paciente al área de urgencias, pero el personal de guardia se negó a prestar el servicio, con el argumento de que se trataba de proteger la seguridad del hospital.

Meses después, otro paciente con sida, originario de Chetumal, Quintana Roo, moriría en el mismo hospital, luego de agonizar durante cinco días sin recibir el medicamento intravenoso indicado para una infección oportunista de meningitis. La razón dada a la esposa del paciente, cuando presentó la denuncia, fue que la enfermera responsable se negó a proporcionarle el medicamento porque no se le había pagado el bono C.30, un pago adicional de 10 por ciento sobre el sueldo del personal de salud por realizar "trabajos de alto riesgo".

Estos dos casos representan la culminación de una serie de maltratos y discriminaciones contra las personas con VIH/sida atendidas en ese centro hospitalario y salieron a la luz a raíz de las declaraciones inconcebibles del presidente provisional de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CDHY), Omar Ancona Capetillo, quien se pronunció por aislar a quienes padecen esa enfermedad: "a los enfermos de sida se les debe tener en cuarentena y se deben tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Si el infectado pasa la línea de seguridad establecida, se le debe tirar a matar. El gobierno tiene el derecho de hacer esto; es además su obligación velar por el bienestar de los ciudadanos". Esas vergonzosas declaraciones, reproducidas el pasado mes de julio por los periódicos locales y La Jornada, provocaron la condena unánime de sectores de la sociedad civil que pidieron su destitución inmediata.

Las organizaciones locales como el albergue Oasis de San Juan de Dios y el Frente de Personas Afectadas por el VIH/sida (FrenpaVIH) región sureste, han venido denunciando las violaciones a los derechos de los pacientes con sida. El mismo subdirector médico del hospital O'Horan, Russell González Canto, reconoció la situación discriminatoria. Y no obstante las evidencias, el ombudsman Omar Ancona Capetillo en reiteradas ocasiones se negó a dar curso a las quejas contra el hospital O'Horan, por lo que las organizaciones mencionadas tuvieron que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). "Del titular de la CDHY solamente hemos recibido evasivas y desorientación", comentó Carlos Méndez Benavides, presidente de Oasis, y añadió que en una ocasión el ombudsman yucateco le expresó "¿para qué defiendes a los contagiados?, mejor deja que se mueran. Ellos deberían estar en una isla para que no infecten a los demás".

Desafortunadamente, esta situación de discriminación no es privativa del estado de Yucatán. Tan sólo unos meses atrás, la revista Proceso informaba de la decisión de una corte federal de Estados Unidos de otorgar asilo social a cuatro mexicanos con VIH/sida debido a la discriminación y persecución sufrida en sus lugares de origen. En su fallo, la corte señala que en los hospitales mexicanos "la atención médica no es negada por falta de recursos, sino por discriminación en contra de las personas con VIH/sida".

Luego de evadir a la prensa por unos días, Ancona Capetillo salió a defenderse. Declaró que se habían tergiversado sus palabras: "tal vez los términos se malentendieron, quizá no debí usar algunas palabras que se prestaron a graves confusiones", afirmó, y se definió como una persona conservadora con alta estima de los valores morales. Estos "valores" lo han llevado a confundir su papel de ombudsman con el de predicador. En varias ocasiones ha enfrentado y descalificado la política preventiva de promoción del uso del condón realizada por el responsable del programa estatal de sida, David Gaber Osorno: "Lo que está haciendo el doctor Gaber Osorno es inducir a los jóvenes a realizar el sexo de una forma libertina", manifestó Ancona Capetillo al periódico local El mundo al día, y añadió, "la mejor opción es la abstinencia de las relaciones; éstas no se deben de dar hasta después del matrimonio. Las relaciones fuera del matrimonio degradan a la mujer y a su valor moral. Los hombres ya no la tomarán en serio."

Lo que sí se tomó muy en serio fueron precisamente esas declaraciones. Intelectuales encabezados por Carlos Monsiváis, organizaciones de la sociedad civil de varios estados, los jefes de los programas estatales de sida, el Censida (antes Conasida), el propio presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, y hasta organismos internacionales reprobaron las declaraciones discriminatorias de Ancona Capetillo. La reacción provocada en su contra, hace muy improbable que el congreso local lo ratifique como titular de la CDHY, cargo que ocupa provisionalmente. Este seudo defensor de los derechos humanos deja el cargo este mes de agosto, pero nada garantiza que personajes con un perfil similar no puedan acceder a este tipo de cargos y entonces sí, como advierten los intelectuales en su carta, estaríamos ante la consolidación del regreso de la barbarie conservadora.