Guillermo Colín, escritor de Monterrey, ha hecho una preocupante relación de hechos sobre el poder omnímodo y no reglamentado de las "primeras damas" de esta parte del país. Consortes de munícipes y gobernadores hacen garras, de manera impune y jactanciosa, lo poco que queda del laico fundamento de nuestras leyes. En un foro televisado decían las orgullosas señoras metidas en política pública que entre sus muchas actividades oficiales también se ocupan de dar clases de religión. Sin ruborizarse. Sin esconderse en los abismos conceptuales de los famosos "cursos de valores". ¿Para qué, si el Cambio ya llegó?

En un proyecto con chavos banda solemos acudir a las barriadas marginales de Monterrey a hablar de sexo, sida y condones. Allí repartimos los pocos preservativos que aporta el gobierno estatal. Entre el riesgo del apañe policial y las broncas internas de los asistentes, está siempre el peligro de ser "descubiertos" por las brigadas comunitarias de los DIF municipales.

Compuestas por imberbes activistas del PAN y jovencitos fresa de servicio social, traen la consigna de no permitir que a los súbditos del reino se les enseñe, provoque, inste a usar el látex causante de todos los males. Los chavos podrán traer el pomo de thiner en la boca, la navaja en la cintura, pero por nada del mundo un condón en la bolsa.

El caso más patético es el de la primera dama saltillense Tere Morado de Pimentel, documentado por Guillermo Colín. Esta católica señora condicionó toda ayuda del DIF al niño Miguel Ángel, quien por descuido tragó sosa cáustica y se destrozó tráquea y laringe. La exigencia de doña Tere: que primero hiciera ¡su primera comunión! Aunque para esto el niño tenga que esperar varios meses, poniendo en riesgo de muerte su deteriorada salud.

En contubernio con la diócesis de Saltillo y don Raúl Vera doña Tere también realiza matrimonios religioso-civiles masivos, gastando los escasos recursos públicos en el trámite de la Fe de Bautismo exigida por su gobierno a todos los esponsales.

Estas acciones, y las niñas Paulina y Lucila Sánchez, acosadas por las autoridades de sus entidades para evitar su derecho a abortar, hacen urgente revisar y cuestionar la validez legal de otorgar en automático tanto poder a algunas personas sólo por su relación conyugal con el gobernante.