DANIELA Pastrana

Los Mochis, Sin. "Yo no quiero a esa criatura".

La voz de Lucía se oye seca, clara, sin ápice de culpa. Su expresión es dura. Parece de pronto una mujer viejísima.

"Le voy a ser sincera -sigue Lucía-, si fuera de otra persona a lo mejor diría: 'pues eso (la violación) le pasó a mi hija y a ver cómo le hacemos', pero así no, no puedo".

 El bochorno pesa en la casa en obra negra de Lucía. Es medianoche del domingo y la lluvia alborota a los mosquitos y cucarachas gigantes, que se pasean impunes por los muros de la casa en la colonia Santa Alicia, donde hace cuatro años llegó a vivir Lucía con Rosendo, su esposo, y sus tres hijos (Lucila, Mauricio y Lupita).

Pequeña y flacucha, Lucía tiene el carácter duro, forjado a punta de trancazos y de una vida de miseria. Y no se espanta. Pero la rabia que trae ahora es muy canija. Se siente impotente, traicionada.

Lucila, su hija mayor, fue violada por su propio padre, que es el mismo hombre con el que Lucía ha compartido 13 años de vida miserable. La niña comenzaba a menstruar y quedó embarazada.

Durante 40 días, Lucía fue de una oficina de gobierno a otra apelando al derecho que establece el Código Penal de Sinaloa para permitir el aborto en el caso de una violación o cuando está en riesgo la vida de la madre.

La respuesta fue la misma: "no nos negamos, pero la autorización no nos corresponde".

"Nomás me hicieron taruga", revienta ahora.

Lucila llegó al cuarto mes de embarazo sin que las instituciones lograran resolver las trampas jurídicas que le impiden abortar.

La historia fue revelada el 29 de junio por el diario Noroeste y ha conmocionado a la sociedad sinaloense, que tiene la referencia inmediata de Paulina, la niña de 14 años que fue violada y a la que las autoridades de Baja California presionaron para impedir que abortara.

Sin embargo, cada detalle que se revela en el caso de Lucila aumenta el horror y la culpa de la opinión pública.

Primero, porque Lucila fue violada por su padre y él mismo lo reconoció ante el Ministerio Público. Pero además, porque tiene un retraso mental identificado desde hace varios años. Su edad mental es la de una niña de entre 7 y 8 años.

Por si faltaran agravantes, presenta un cuadro severo de desnutrición que complica aún más el embarazo.

"La experiencia de Baja California no sirvió ?dice Oscar Loza, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos?. No aprendimos a actuar sobre lo que tenemos y no sobre lo que deberíamos tener".

En medio del escándalo y frente al riesgo real de que Lucila no resista el embarazo, el gobierno estatal intenta rectificar los "pecados de omisión". "Ahora hasta la esposa del presidente municipal vino a dejarme el recado de que lo que se me ofrezca -ironiza Lucía-; pues le voy a decir: 'muchas gracias, lo que se me ofrecía a nadie le importó'".

*"Que me saquen el monito"

Lucila es una niña extremadamente delgada y alta para su edad. Tiene el cabello largo y la piel oscura, con unos ojos redondos, que miran atentos y un tanto desconfiados a los visitantes. Pero sonríe fácilmente. Y no puede resistirse a jugar con la pelota.

No hay que ser especialista para saber que no se comporta como una niña de 12 años.

La madre cuenta que reprobó tres veces el segundo año de primaria. Por eso apenas va en cuarto. El problema, explica Patricia Espinoza, psicóloga de la Unidad de Apoyo Psicopedagógico (UAP) de la SEP, que trabaja desde hace un año con Lucila, es que no tiene capacidad de reflexión ni de memoria. En términos clínicos se llama "discapacidad moderada".

"Puede socializar e integrarse e un grupo, pero es mucho más difícil que pueda escribir, porque no relaciona una letra con la otra, o más bien, puede hacerlo hoy, pero para mañana ya se le olvidó".

En la charla cotidiana, Lucila no reconoce lo que ocurre con su cuerpo.

"Como mucho", dice, para explicar que está engordando. Y todos los días, cuando vomita o se marea, jura que es porque algo en su comida "salió malo".

"Es algo instintivo, que puede ser por lo que le transmite Lucía, lo que oye, lo que le duele (ha tenido dolores de cadera y piernas), la atención que ha tenido. No tiene capacidad de entender las implicaciones de su estado, pero sabe que algo está mal", explica Espinoza.

El 1o. de junio, cuando le realizaron un ultrasonido en el Hospital General, Lucía no aguantó la presión y le pidió a la psicóloga: "Pregúntele, maestra, yo no quiero que me eche en cara después que le maté a su hijo".

Patricia Espinoza todavía no se recupera de ese diálogo.

-¿Qué viste, mi amor? -preguntó la psicóloga.

-Me enseñaron un monito.

-¿Un monito? ¿Y te dijeron que está adentro de tu cuerpo?

-Sí, está en mi panza

-¿Y qué te parece? ¿Te gusta tenerlo ahí?

-No, quiero que me lo saquen.

*"Se estaban  casando"

El 23 de mayo, Lucía recibió un citatorio para que se presentara al día siguiente en el DIF con su esposo y su hija Lucila. Días antes, Rosendo se había ofrecido a llevarla a consulta médica, pero al regresar él le dijo que la niña no tenía nada.

"Cuando me dijeron lo del embarazo me quedé de una pieza", recuerda Lucía.

Lo peor, empero, estaba por llegar. Afuera de la oficina de Liliana Varela, procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Lucía interrogó a su hija.

"Le dije: 'mija, tienes que decirme quién te lastimó'. '¿No me va a pegar, mamá?', me preguntaba. 'No mija, no te voy a pegar, pero díme quién fue'. Entonces me dijo: 'Fue mi papá'..."

El silencio cae como loza en el relato de la mujer, que por primera vez baja la mirada.

"Quería matarlo" -dice por fin-. Quisiera haberlo agarrado y hacerlo tiras".

Ya una vez hace años estuvo a punto de partirle en dos la cabeza con un machete. Desde entonces, por cierto, él dejó de pegarle.

Liliana Varela debe haber visto algo muy terrible en su expresión, porque no la dejó ir. "No se eche un compromiso, piense en sus hijas", le aconsejó la funcionaria.

Luego la acompañó a levantar la denuncia ante el Ministerio Público. Rosendo esperó afuera. Todavía regresaron juntos a su casa.

"Yo no sabía que hacer -cuenta Lucía-. Lo veía ahí acostado, tan tranquilo, y decía: '¿por qué se vengó de mí de esa manera?' Para el viernes ya no me aguanté. Le dije: 'te me vas de la casa, nunca te he necesitado para nada'".

Rosendo fue detenido ese día en la estación de autobuses.

Frente al Ministerio Público, aceptó que tuvo relaciones sexuales "con el consentimiento" de su hija y que el embarazo de la niña es producto de esas relaciones (aunque después se retractó en su declaración ante el juez).

En la historia, empero, hay un testigo clave: Lupita, la hermana menor de Lucila y la única que no padece retraso mental (por el contrario, tiene tan entendido que su papá está en la cárcel, que Lucía optó por mandarla a casa de su hermana, en Sonora, por una temporada).

Lupita presenció muchas veces cómo su papá "se casaba" con su hermana, según la versión que le dio a su madre y a las psicólogas que la entrevistaron.

"Se casaba con Lucila y le pegaba", contó la niña de seis años.

¿Y que hacía Lucila?

"Lloraba".

*Las puertas cerradas

El recuento de lo que pasó después es largo y tortuoso. Desde el principio Lucía dijo que quería que la niña abortara y creyó que siguiendo las vías institucionales tendría el apoyo de las autoridades.

Primero fue con el DIF.

"Le dijimos que tenía el derecho de abortar, pero también que había un riesgo para la niña ?admite Liliana Varela?. Nosotros no teníamos conocimiento de que un médico se prestaría, por lo que debía quedar claro que sería su responsabilidad y que de todos modos, nosotros como institución, teníamos que presentar la denuncia".

Entonces, Lucía acudió con los médicos.

"El director del seguro viejo (hospital de ginecoobstetricia del IMSS) dijo que no podía hacer nada porque está penado, que necesitaban la orden sellada de un juez. De ahí me mandaron al Hospital General, pero la respuesta fue la misma", explica Lucía.

Para entonces ya estaban involucradas la Procuraduría General de Justicia estatal y el juez cuarto penal, Ramón Adolfo Armenta, quien, en la visión de Lucía, es el principal responsable de que se negara a su hija el derecho de abortar.

El 4 de junio, el juez solicitó la opinión de las dos especialistas que han tratado a Lucila por la discapacidad mental. En la reunión -a la que no dejó entrar a Lucía- insinuó que la edad biológica de la niña pudo haber "provocado" los instintos del padre. "Es el colmo -dice la trabajadora social Briseida Luna- Rosendo sabía que su hija tenía un problema de aprendizaje severo y que estaba atendida por nosotras".

La crisis se desató el 19 de junio, en la oficina de la subprocuradora Edna Aguirre. La funcionaria dijo a Lucía que el asunto era muy delicado y que de girar una orden para que se realizara el aborto "podría perder su trabajo". Quizá tenía razón, pero no estaba en los ánimos de Lucía escuchar esos argumentos.

 Salió corriendo, atrapada por los nervios.

 "Pensamos que se mataba o que mataba a la niña", cuenta Patricia Espinoza.

 La última propuesta que recibió Lucía fue llevar a la niña a la clínica San Antonio, donde "estaba todo arreglado" para hacerlo parecer un aborto espontáneo.

 "Nos tuvieron ahí, primero dijeron que no había camas -cuenta Lucía-, hasta que un doctor, al que le agradezco que fuera honesto, me dijo: 'no le vamos a hacer nada porque se nos va a echar la gente encima, que ya no la hagan taruga'".

 Fue la gota. Lucía autorizó al periódico Noroeste para publicar su historia.

Lucila reprobó tres veces el segundo grado de primaria en la escuela del Ejido México. Así la conocieron. Briseida, hace casi 4 años, y Patricia, desde 1999.

Ellas son quienes más han convivido con Lucila y su familia. Y no tienen duda: "Se cerraron todas las puertas".

"Anduvimos en todas las oficinas nada más nadie se quiso hacer cargo -cuenta la psicóloga-. Yo no sé si ustedes sean católicos, pero ya cuando se nos cerraron las puertas yo si le pedí a mi Dios que la dejara venir".

Frente a una taza de café frío, la psicóloga rechaza todos los argumentos de las autoridades involucradas.

"Este no es el caso de Paulina -dice-. Aquí no hay ninguna duda. Es una niña violada por su padre con una edad mental de 7 a 8 años y un alto grado de desnutrición. ¿Qué más quieren, carajo, si hay todos los elementos para actuar y tomar la decisión?"

Y más. En 15 días se entregan los estudios genéticos que determinarán si el feto tiene alguna malformación.

"¿Y si viene mal? ¿Qué va a pasar con esa criatura? ¿Quién se va a hacer cargo? -pregunta la psicóloga-. ¿Y si a la hora de la hora se muere la niña? ¿Ni modo?"

*"Que Dios me la deje"

Lucía tiene la vista clavada en la punta de su zapato.

"Trato de no chillar -dice-, pero he pensado mucho, he pasado una película de mi vida y fue una venganza..."

¿Por qué, Lucía?

"Porque no me dejé, ni lo acepté como era (a Rosendo), me trató como trapeador, me paseó las viejas enfrente y nunca me dejé".

Las lágrimas ya son incontrolables. Fluyen entre sollozos de culpa. Porque Lucía se siente culpable de haber dejado a sus hijos al cuidado de Rosendo (hace dos años le dio artritis y lo pensionaron) mientras ella se iba a trabajar. Le pesa no haberlo mandado al diablo, todas las veces que lo corrió y que no se quiso ir. Le duele no haber atendido más el rechazo de Lucila hacia su padre. Siente no haberlo matado.

"Pienso en cuando crezca. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me va a reclamar ella?"

Lucía trabaja de empleada doméstica tres veces a la semana. Gana 70 pesos diarios y asegura que el dinero le rinde. El único familiar cercano es su hermana, que vive en Sonora.

Aunque ahora, a raíz del escándalo por la publicación de su historia, las condiciones han cambiado. Las pocas opiniones en contra de que la niña aborte son opacadas por las críticas a la actuación de las autoridades.

Vía telefónica, el procurador general de Justicia, Ramón de Jesús Castro, asegura que Lucía está siendo apoyada "totalmente" por la dependencia a su cargo.

El DIF de Ahome, dice, le dará trabajo a Lucía, y ya hay médicos realizando todo tipo de estudios para determinar la viabilidad ?aún? de un aborto terapéutico. En 10 días estará el dictamen...

Lucía ya no les cree. Sabe que si hubiera actuado "por la libre", de manera clandestina, su "problema" estaría resuelto. Por eso su juicio es implacable:

"Para que me manda un hojón con mis derechos si al final van a decir que no se puede porque la sociedad se les echa encima... ¿Y quién es la sociedad para decidir? Yo no estudié medicina ni leyes, ni estudié siquiera, pero me aferré, creí en ellos como en una tabla de salvación porque eran la autoridad, y al final me vieron la cara de taruga".

"Más tristeza me da porque Lucila está en la casa sola con su hermano y le da por jugar. Yo le digo: 'mija, no corras, no brinques, que te puedes lastimar', pero ella no entiende... Y la mera verdad es que ya sólo quiero que Dios me la deje".*

Seguir la ruta de Lucía para ejercer el derecho de su hija a abortar puede convertirse en una verdadera hazaña.

"Como DIF defendemos el derecho de la niña, pero también el derecho a la vida", dice Liliana Varela, instalada en el ojo del huracán.

La procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia en Los Mochis fue la primera funcionaria en conocer el caso. Y su joven rostro muestra el conflicto que expresa en sus palabras: "Como institución tengo que dar una respuesta de defensa a la vida".

Sin embargo, rechaza la especie de que el DIF actuó a la ligera.

"Si no hemos hecho más es porque no hemos podido. No tenemos ninguna facultad, sólo somos gestores, canalizadores, pero nos quedamos al margen de las decisiones porque no somos quién para estar en pro o en contra del aborto, mucho menos para girar una instrucción".

¿Quién, entonces?

"Hay un vacío legal. No está definido... En todo caso... Debió haber sido el Ministerio Público, y no lo hizo", concluye.

Nos recibe con grabadora y una serie de códigos de por medio.

"Hay lagunas en el Código Penal -apunta-. El artículo 148 sólo dice que no se aplicará sanción cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o la mujer embarazada corra peligro, pero no establece el procedimiento".

La funcionaria insiste: la Procuraduría es una instancia que resuelve cuando ya se hizo el aborto. Es decir, primero el aborto y luego la Procuraduría determina si hay elementos para configurar un delito o no.

Un proceso un poco extraño -se le indica-. ¿El médico quedaría en riesgo de que se le fincaran responsabilidades penales...?

"Yo creo que no", responde, mirando sus leyes.

¿Y si la niña muere durante la intervención? ¿Tampoco?

"Yo creo que no", dice, apenas en un susurro.

Luego da sus razones: "Es difícil tomar una decisión si legalmente estamos impedidos. El único que puede estar valorando para dar un dictamen es el médico..."

"No es un problema médico ?dice Josué Yin Uríes, el director saliente?. No hay negativa de la institución, pero se tienen que cumplir los procedimientos".

¿Cuáles?

"El juez tiene que girar la instrucción y entonces lo analiza un comité de ética; los médicos hacen la valoración del caso y entonces ya se toma una decisión, porque tampoco se puede obligar a un médico a practicar un aborto".

En todo caso, insiste, "todavía" no es un problema médico.

"Lo será", augura el nuevo director, Miguel Angel Gaxiola. Por lo pronto, cualquier información relacionada con el IMSS deberá solicitarse a la directora jurídica, Cielo Patricia Cázares Paredes.

La funcionaria en cuestión nos recibe con una advertencia: "El Seguro Social no tiene nada que ver, sólo recibió a la niña para una consulta médica en la que se detectó el embarazo".

Oficialmente, dice, el IMSS no sabe nada. "Lo único que nos ha llegado es un fax pidiéndonos información sobre la atención médica. Se lo voy a contestar de manera oficial, pero eso es todo. Lo que sabemos es por la prensa".

"La ley es clara: la madre puede ir con el médico y practicar el aborto".

No hay duda, insiste el que, para la opinión pública, parece ser "el más malo de la película".

Y lee en voz al artículo 158 (que indica los tres casos en los que no se aplicará sanción al aborto). Pero destaca las últimas dos líneas. "En todo caso, el médico, paramédico o comadrona que lo practique o participe deberá notificarlo a la autoridad competente".

Eso significa, dice el juez, que el médico debe realizar el aborto y luego notificarlo al juez, que a su vez avisa al Ministerio Público, y éste, "al advertir que, efectivamente se dio el consentimiento de la madre, hubo violación, y hay un diagnóstico médico que lo avala, concluye que no hay delito que perseguir".

En todo caso, insiste, "el juez es el menos culpable" en el caso de Lucila.

"Para mí, como está el caso, el acusado es completamente responsable de la violación, pero para las leyes es un presunto responsable y si la defensa tiene pruebas que ofrecer legalmente no se le puede negar su derecho a defenderse. Y si ni siquiera hay una sentencia, ¿cómo quieren que yo dé una orden?"

"No -dice Teresa Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local-. Aquí quien menos puede lavarse las manos es la Procuraduría General de Justicia, porque es la representante de la víctima. ¿Qué les limita que ejerzan esa atribución?"

Dirigente del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, la legisladora apela a la Ley de Protección a Víctimas del Delito, aprobada en 1998, y que establece que la Procuraduría debe dar atención médica, psicológica, e incluso apoyo material para el apoyo a las víctimas.

"Cierto que la ley (penal) no es precisa, pero la Ley de Protección a Víctimas obliga a la Procuraduría a defender a la víctima. No es por defender al juez, pero estoy segura de que si la Procuraduría hubiera puesto el interés que se debía, podía encontrar una salida".

A este respecto, explica, hacer un agregado al Código Penal que establezca que en estos casos sea la Procuraduría la que notifique a una institución oficial de salud "resuelve que se sigan aventando las responsabilidades agentes del Ministerio Público y jueces, pero -advierte- esto no resuelve cómo enfrentar la negativa de los médicos a practicar el aborto".

Por eso, la reflexión de fondo es la penalización del aborto, que en opinión de la diputada "sólo sirve para hacer a unos ricos y poner a las mujeres en riesgo".

Indignada porque se enteró -jura- por la prensa, la directora del DIF pone los acentos sobre los temas incómodos:

"Tengo 25 años en esto y he ido a congresos, foros, y en el caso del aborto nunca se llega a nada. La presión social y en cierto modo la religión son un freno muy grande".

Aquí no se trata, dice, de que los médicos formen un consejo de ética o de que los abogados se amparen en las leyes, sino de dar una respuesta a tiempo.

"No es un asunto de ser pro aborto o no. Soy la última que está en posición de suspender un embarazo en condiciones normales, pero en este caso las condiciones que se dieron están en la ley, y nadie hubiera incurrido en una falta".

La moral -sostiene- "no es dogmática". Ya es hora de que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad de prevenir situaciones que existen ("hay miles de casos que no se conocen"), y que por suerte ya se están denunciando públicamente.

Por desgracia, para Lucila este debate llega demasiado tarde...