SABADO Ť 7 Ť JULIO Ť 2001

Ť Líder de Congreso local prometió retirar cargos por toma de inmueble; mintió, dicen

Líderes sociales huyen de la justicia guerrerense

Ť "Estamos prófugos por defender nuestros derechos": Antonio García y Omar Garibay

ENRIQUE MENDEZ

"Estamos prófugos y todo por defender nuestros derechos", precisan Omar Garibay Guerra y Antonio González García, miembros del comité central del Frente de Lucha Popular de Guerrero a quienes busca la Policía Judicial de la entidad por estar acusados de cometer delitos como sedición, motín, sabotaje y hasta conspiración, todo porque el 12 de junio participaron en la toma pacífica del Congreso local.

Garibay y González García afirman que aun teniendo órdenes de aprehensión en su contra, lograron la intención de la marcha a Chilpancingo: que la 56 Legislatura rechazara las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas.

El jueves 14 de junio, el presidente del Congreso guerrerense, Héctor Apreza Patrón, se comprometió públicamente, sin que mediara una petición expresa de los dirigentes indígenas que tomaron el edificio, a que la Legislatura se desistiría de la demanda que tres días antes había presentado el presidente en turno de la mesa directiva, el diputado Javier Valerio Cadena.

Un día antes, el miércoles 13, el procurador de Justicia del estado, Rigoberto Pano Arciniega, había dicho que la averiguación previa se inició porque los presuntos delitos cometidos por los indígenas se persiguen de oficio, y que no había mediado denuncia. Sin embargo, Garibay carga con la copia de la "formal denuncia y querella necesaria" que presentó Valerio Cadena.

Garibay, González García y los otros dirigentes acusados -Ubaldo Segura Pantoja, el ex diputado federal Marcelino Díaz de Jesús, Eufemio Cesáreo García y Hermelinda Tiburcio Cayetano- se han amparado contra cualquier acción de la justicia, aunque dicen que de nada les servirá porque la intención del gobernador René Juárez Cisneros y de su procurador Pano Arciniega es "detenernos como sea".

Hasta ahora Apreza Patrón no ha cumplido con su oferta de retirar los cargos y desistirse de la demanda. El mismo código penal de la entidad define que la integración de una averiguación previa requiere de una demanda, y que la persona que la interpuso la ratifique y la mantenga.

Sin daño alguno

El 14 de junio, el legislador priísta recibió de los dirigentes indígenas el edificio sin ningún daño. Es más, hasta les dirigió un mensaje en el que resaltó: "esta Legislatura tiene la cabeza, la mente, pensando en ustedes. Tenemos la mente abierta, el corazón en las manos y ese corazón es para ustedes".

"Mintió", resumen los ahora prófugos de la justicia. Garibay estuvo en el primer día de la toma del Congreso, y González García participó indirectamente, porque se le encomendó integrarse a la comisión de radio que visitó estaciones para difundir el mensaje de las cuatro etnias que integraron la marcha.

"Hoy somos prófugos de la justicia, independientemente de que se diga que es pura faramalla o que estamos exagerando", sintetizó Garibay, quien además es abogado y ejerce en Guerrero.

Del amparo que ambos cargan, precisó, "no es suficiente. Los riesgos de detención son reales. Pero vamos a seguir dando la lucha". También cuestionó que la justicia sea pronta y expedita cuando se trata de aplicarla a los indígenas y sus líderes. En tres días, acusó, se "confeccionó" la orden de aprehensión.

En entrevista con este diario, González García cuestionó que con la acción penal que se quiere ejercitar en su contra se comprueba que el Congreso ya no es un bien público, "sino particular, y que cuando se acercan grupos de desposeídos nos ven como rufianes, cuando somos los que votamos por ellos".

Responsabilizó además al mandatario Juárez Cisneros y al procurador de lo que pueda ocurrirle a él, a sus hijos, a su familia. "También le pedimos al gobernador y al diputado Apreza que se desistan de la demanda, porque no hay ninguna razón para que el Estado nos persiga".

Sin embargo, saben que si la policía los llega a aprehender, su destino inmediato será la cárcel. "Pero con eso no detienen el movimiento. No es la primera vez que lo hacen para detener un movimiento social", concluyó Antonio González García.