MIERCOLES Ť 6 Ť JUNIO Ť 2001

Ť No se puede castigar, aunque se encuentre a culpables

Se debe reformar la Constitución para terminar con la prescripción de delitos

JESUS ARANDA

Las propuestas para crear "comisiones de la verdad" son "más escandalosas que prácticas", y no tendría ninguna utilidad que un grupo de personas se dedicara a investigar el pasado reciente del país, si antes no se reforma la Constitución para terminar con la "prescripción de los delitos", porque de lo contrario, "aunque se encontraran culpables y éstos confesaran su responsabilidad, no habría forma de juzgarlos", afirmaron fuentes del Poder Judicial federal.

En relación con las recientes declaraciones del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, respecto a "comisiones de la verdad", agregaron que "lo malo es que a la gente que lo sabe, le oíste decir qué buena idea es ésta, a sabiendas de que no tienen ningún futuro estas propuestas".

Los entrevistados cuestionaron el razonamiento de Soberanes en el sentido de que una comisión de este tipo no funcionaría o sería light, porque el único facultado para perseguir delitos es el Ministerio Público federal. El problema, enfatizaron, es que nuestra legislación no contempla la no prescripción de los delitos, como sería el de genocidio, ni la no retroactividad en este tipo de asuntos, que es el fondo real del asunto y para lo cual se necesita de una reforma constitucional.

Por su parte, los funcionarios rechazaron tajantes cualquier posibilidad de que la Suprema Corte interviniera en la investigación de hechos como la llamada guerra sucia que tuvo lugar en los años 70, cuando se persiguió a la guerrilla, particularmente en el estado de Guerrero.

Explicaron que aun cuando alguna organización o persona invocara el artículo 97 constitucional -que faculta a la Corte a investigar "algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual"-, el que el máximo tribunal determinara la culpabilidad de alguna persona o ex funcionario en particular no tendría mayor relevancia, porque no podría actuarse penalmente contra el acusado.

Suponiendo que se determinara que se cometió el delito de genocidio en contra de equis número de personas, esto no sería suficiente para enjuiciar a alguien; no sólo porque el acto ya prescribió, sino porque la ley no faculta a la Corte a iniciar una averiguación previa, y tendría que turnarla al Ministerio Público federal, o local, para que actuaran.

Recuerde el asunto de Aguas Blancas, señalaron, en el que, a pesar de que la Suprema Corte determinó que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales de parte del entonces gobernador Rubén Figueroa, ni la PGR ni la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero iniciaron averiguación alguna al respecto.

De acuerdo con el Código Penal federal, el genocidio es el que se comete "con el propósito de destruir, total o parcialmente, a uno o más nacionales, o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrado por cualquier medio, delitos contra la vida de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión, y multa de 15 a 20 mil pesos".

Pero, según el artículo 105 del Código Federal de Procedimientos Penales: "La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años".

Los crímenes cometidos en los 70 ya habrían caducado

Así las cosas, al tener el genocidio una pena máxima de 40 años, la media sería de 20 años antes de la prescripción, y si se habla de delitos que presuntamente ocurrieron en la década de los 70, ya habrían caducado.

Además hay otro problema -indicaron- que consiste en la no retroactividad de las sentencias.

En caso de que se superara constitucionalmente la no prescripción de los delitos, tendría que definirse en qué asuntos específicos sería válida la retroactividad de las sentencias, como sería el caso del delito de genocidio o los de lesa humanidad.

Cuestionados en relación con los tratados internacionales firmados por México en materia de justicia a nivel internacional, en los que sí se incluyen delitos como el genocidio, los funcionarios precisaron que se llegaría al absurdo de que fueran tribunales del exterior los que juzgarían a un connacional, sin que exista un fundamento jurídico que regule el procedimiento de dicho juicio. Eso sin contar que estaríamos "cediendo" soberanía.

Mientras no haya voluntad política del gobierno y no se reforme la Constitución para terminar con la prescripción de los delitos -como homicidio, genocidio u otros relacionados con etapas como la guerra sucia-, las comisiones de la verdad serán buenas, pero para los historiadores, porque sus resultados no tendrían ninguna aplicación práctica.