MIERCOLES Ť 6 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Aumenta la tropa cerca de las bases desocupadas

Obras de gobierno fortalecen la presencia militar en Chiapas

Ť Concejos municipales denuncian los operativos

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Pedro de Michoacan, Chis., 5 de junio. A las comunidades en resistencia el nuevo gobierno sí les está dando, en efecto, pero no lo que los indígenas demandan, sino precisamente lo contrario. En el corazón de la zona de conflicto, las acciones gubernamentales más evidentes son aquellas que permiten el avance de la ocupación militar. Ese solo hecho explica la mayor parte de los problemas suscitados en días recientes en ciertos municipios autónomos, denunciados por sus concejos municipales.

La disputa por los caminos (la libertad de tránsito en los que existen, y la utilidad estrictamente militar de los que se construyen) ejemplifica la presente fase de la guerra de baja intensidad, cuya continuidad no ha interrumpido el gobierno foxista, pese a movimientos altamente publicitados, como los retiros de Guadalupe Tepeyac, Amador Hernández y otras cinco posiciones demandadas por el EZLN como "señales" de diálogo, las cuales, una vez desalojadas, fueron inmediatamente "compensadas" con un reforzamiento de los campamentos castrenses vecinos a Jolnachoj (Altos), Francisco Gómez, Roberto Barrios y Guadalupe Tepeyac (selva Lacandona). Así, el Ejército incrementó el número de sus tropas y las superficies ejidales ocupadas en San Cayetano, Patihuitz, Ocosingo, Nuevo Momón, San Quintín, Cintalapa y Palenque.

Resurgen los retenes

Seis meses del cambio de gobierno, y se han vuelto a instalar muchos retenes militares que se habían retirado luego del discurso presidencial del 1 de diciembre. Desde hace tres semanas se registran nuevos controles y patrullajes militares en los municipios autónomos Ricardo Flores Magón y Tierra y Libertad (Ocosingo y Trinitaria-Las Margaritas), así como patrullajes e incursiones del Ejército. Algunos fueron denunciados desde el 14 de mayo. Los retenes de Cintalapa y Amparo Aguatinta, donde hay posiciones importantes del Ejército, en realidad nunca dejaron de operar, pero ahora en ellos se practican interrogatorios y revisión de vehículos, como en los días más rudos del zedillismo.

En San Pedro de Michoacán, al mismo tiempo que la población exiliada de Guadalupe Tepeyac realiza, discretamente, obras de reconstrucción en el poblado que el Ejército les enajenó durante seis años, la agresiva obra caminera del gobierno penetra territorios indígenas contra la voluntad de sus pobladores; algo similar ocurre en Ricardo Flores Magón. En ambos casos con la finalidad evidente de comunicar las bases de operaciones ya establecidas por el Ejército en torno a las montañas habitadas por millares de tzeltales y tojolabales rebeldes, donde se ubicarían también posiciones del EZLN.

De paso, los nuevos caminos atravesarían tierras agrícolas de ejidatarios zapatistas, y por si fuera poco, las propias comunidades deberán pagar las obras. Esto ha provocado protestas del municipio autónomo de San Pedro de Michoacán, y hasta de militantes priístas en San Juan del Pozo, San Juan Bautista, Santo Tomás y otras comunidades del territorio tojolabal de Las Margaritas. Entre otras cosas, estos caminos comunicarían los campamentos militares de Corozal y Santo Tomás, atravesarían la cañada de La Realidad hasta el río Jataté y completarían el cerco militar en torno a los Aguascalientes de La Realidad y Francisco Gómez, como ocurre en el de Roberto Barrios.

Las autoridades autónomas han anunciado que se opondrán a las obras. En la región, la radio local y las fuentes gubernamentales hablan de una "reactivación" de los autónomos de San Pedro de Michoacán y Tierra y Libertad, como si las intervenciones militares en sus cabeceras municipales respectivas de Guadalupe Tepeyac (1995) y Amparo Aguatinta (1998) los hubiera "desactivado", cosa que no ocurrió.

A su vez, las autoridades autónomas de Ricardo Flores Magón (otro municipio "desmantelado" por el gobierno en 1998, y que tampoco ha dejado de funcionar) llevan tres semanas denunciando los patrullajes e incursiones de tropas federales en los caminos rurales de San Jacinto Lacanjá, Paraíso, Ojo de Agua Tzotzil, Nuevo Mariscal, Nuevo Tila, Viejo Velasco Suárez y Cintalapa. Las patrullas, "formadas por entre 40 y 60 efectivos del Ejército", según el concejo autónomo, "se están internando en caminos reales, milpas, poteros y montañas de las comunidades". Campesinos de esa región tzeltal aseguran que en sus incursiones los soldados realizan mediciones topográficas y amenazan a los indígenas que encuentran a su paso.

Caminos para la guerra

Finalmente, después de varias semanas de estar siendo denunciado por las comunidades indígenas, fuentes de la séptima Región Militar notificaron ayer que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el gobierno del estado han echado a andar nuevamente, hace ocho días, los patrullajes "disuasivos" de las llamadas BOM (Bases de Operaciones Mixtas) en caminos de la zona norte, la región fronteriza con Guatemala y la selva, además del centro y la costa. Las autoridades judiciales de Chiapas no han confirmado los operativos, pero estos ya se realizan.

Invocando una "alta incidencia delictiva de bandas del crimen organizado", las fuentes militares reconocieron el reanudamiento de patrullajes y revisiones en Ocosingo, Altamirano, Chanal, Simojovel, El Bosque, Trinitaria, Las Margaritas y Comitán, aunque también se han registrado en San Andrés Sakamch'en y zonas rurales de San Cristóbal de las Casas (como es el caso de San Isidro El Ocotal, donde la Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos documentó y denunció esta semana incursiones y tiroteos de soldados federales para amedrentar a los indígenas).

Si bien es considerable el índice delictivo en ciertas regiones de Chiapas (la mayoría fuera de la zona de influencia zapatista), en relación con los anunciados trayectos de las BOM podría decirse que ni están todos los que son ni son todos los que están. Por ejemplo, Cuxuljá, donde han operado delincuentes paramilitares desde cuando se encontraba ahí uno de los campamentos militares que retiró el gobierno federal en su intento por dar las "señales" que exigen los zapatistas, es uno de los puntos que patrulla nuevamente el Ejército, a pesar de que la "incidencia delictiva" no se incrementó después de que las tropas dejaron dicha posición a principios de año. En tanto, en la Laguna de Miramar, a espaldas de la base militar de San Quintín, la más importante en la selva Lacandona, se han registrado en semanas recientes inusitados asaltos y violaciones a civiles y turistas, que los campesinos de la zona atribuyen a presuntos paramilitares, y que en todo caso no son inhibidos por la proximidad de tropas federales.

De este modo, hechos aparentemente aislados resultan no serlo tanto. Bajo el aspecto de casualidades delictivas se asoma, nuevamente, la justificación de una estrategia militar que, independientemente de cómo se le denomine, no se ha detenido desde que comenzó, allá por el 9 de febrero de 1995.