MIERCOLES Ť 6 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Conclusión del seminario sobre investigación y desarrollo

En México resulta casi imposible invertir en ciencia y tecnología

KARINA AVILES

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Rodimiro Amaya Téllez, reconoció que el estímulo fiscal existente para las empresas que inviertan en investigación y desarrollo es tan ''complicado y limitado'' que resulta ''materialmente imposible'' su aplicación. De los 500 millones de pesos destinados anualmente, dijo, sólo ''unas cuantas'' empresas han ejercido menos de 2 por ciento de este crédito fiscal durante 1999 y 2000, y en el presente año aún no se ha aplicado dicho recurso.

En el primer día de trabajos del Seminario Internacional sobre Investigación y Desarrollo en la Reforma Fiscal, organizado por los institutos de Matemáticas y de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias, en donde intervinieron legisladores, científicos y representantes de la iniciativa privada, los participantes destacaron que si no se invierte en ciencia y tecnología en México es porque la legislación no sólo no facilita la inversión, sino también porque contiene muchos vacíos jurídicos. Asimismo, subrayaron la importancia de que las leyes se cumplan para avanzar en el desarrollo del país.

El senador Rodimiro Amaya Téllez expresó que no es necesario esperar a la reforma fiscal para dar pasos en apoyo a la ciencia y la tecnología. Dijo que la iniciativa de decreto que adiciona el artículo 27-A de la ley del impuesto sobre la renta -y que busca aplicar de manera expedita los estímulos fiscales para estas áreas- ya está en la Cámara de Diputados para presentarse en el próximo periodo ordinario de sesiones.

De cualquier forma, consideró que en la propuesta de reforma fiscal ''sin duda deberán incluirse apoyos directos que promuevan y fortalezcan la investigación y el desarrollo''. Expresó que de no realizar grandes esfuerzos, así como inversiones en la materia, el país corre el riesgo no sólo de quedar al margen del desarrollo, sino de perder su independencia y soberanía nacionales.

Si se quiere llegar al 2006 con una participación cercana a uno por ciento del PIB en esta materia es necesario modificar la relación de la inversión actual, en donde las empresas sólo destinan menos de uno por ciento de sus inversiones a la ciencia y tecnología. ''No podemos continuar con la actual dinámica en la que el Estado es casi el único motor del rubro, relegándose la participación de la iniciativa privada'', expresó.

Al expresar el compromiso de que las propuestas que salgan de ese seminario se recogerán para promover las modificaciones legales en ''materia fiscal y presupuestaria'' para lograr un gran desarrollo de la investigación, dijo que la iniciativa de decreto antes mencionada permitirá que las empresas pequeñas y medianas tengan un incentivo directo a su gasto en investigación y desarrollo tecnológico de 35 por ciento y las grandes de 20.

En su turno, el presidente de la mesa directiva del Senado, Enrique Jackson, consideró que ''existen las condiciones'' para poder llegar a acuerdos en materia de reforma fiscal. Reiteró que la propuesta tal y como está no se va a aprobar, pero ''finalmente creo que vamos a poder lograr un acuerdo para tener una reforma fiscal de mayor alcance'', que sea más útil para un proyecto de planeación del país.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, dijo que no sólo a través de medidas de estímulo fiscal, sino de políticas generales de Estado, es como se alcanzará la necesaria transformación en la vida cultural del país y, en consecuencia, se lograrán nuevos perfiles científicos y tecnológicos que le permitan avanzar a México. Manifestó que los procesos de intercambio comercial, que otros países han aprovechado como detonantes para impulsar su desarrollo científico y tecnológico, ''han sido pasados por alto en México y los hemos desaprovechado'', y en ninguno de ellos ''hemos tenido, por omisión o por descuido, el cuidado de introducir cláusulas que permitan la cooperación e investigación''.

Por su parte, el vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, José Antonio de la Peña, destacó que en un país como México, en donde la inversión privada en ciencia y tecnología es mínima, reformas fiscales que apoyen a dichas áreas son urgentes. Dijo que las normas que el país tiene en la materia son avances pero se ''han quedado cortas y han sido poco audaces''.

A su vez, el investigador Francisco Bolívar Zapata sostuvo que una de las razones por las que no se invierte en este sector es porque la legislación no sólo no facilita la inversión, sino también porque contiene muchos vacíos jurídicos. Destacó que si bien la Ley para el Fomento de Investigación en Ciencia y Tecnología ha sido un esfuerzo importante para resolver algunos problemas en el sector, ''mientras no se aplique de manera formal y completa no ayudará al desarrollo y el fomento de la ciencia''.

Por ello, destacó que es ''indispensable insistir en que las leyes se deben cumplir. El estado de derecho debe ser llevado a cabo desde el gobierno; si no hay cumplimiento de las leyes no hay posibilidad de transformarnos en una nación avanzada en la que sus miembros estén dispuestos a invertir más y mejor'', indicó.

En su turno, el investigador emérito Antonio Peña Díaz, expresó su preocupación porque se generen mecanismos para el cumplimiento de la ley, y recalcó que hay 7 mil 252 investigadores para más de 98 millones de habitantes.